7 de febrero de 2020

*En Edomex unos 600 niños han quedado huérfanos de madre por feminicidios y desapariciones; sus abuelas o tías mientras tanto, enfrentan la doble lucha de exigir justicia y criarlos


Desde que Maru se convirtió en la madre de sus nietas, cada día es una prueba difícil de sortear. A sus 50 años, justo cuando las fuerzas comienzan a menguar y la juventud y las energías van de a menos, ha tenido que comenzar de nuevo a cambiar pañales, preparar papillas; hacer lunchs, hervir mamilas; cantar arrullos a media noche, llevar niños a la escuela y todo ello en medio del duelo por el feminicidio de Nancy, la verdadera madre de sus nuevas hijas.

Víctima colateral de feminicidio, junto con los dos hermanitos de la joven de 21 años, desaparecida y asesinada por el llamado “moustruo de Ecatepec”, esta madre soltera del oriente de Edomex, se enfrenta al filo de la tercera edad, al desconcierto de cómo con sus limitados ingresos, sin un trabajo fijo y con una salud menguada, podrá proveer de comida, salud, educación, movilidad y de un futuro feliz, a sus creciente familia ¿Cómo?

Maru, aún no encuentra respuestas y no es la única.

Aunque no existen cifras precisas, ni siquiera oficiales, organizaciones no gubernamentales, como el Colectiva Feminista Ehécatl, estiman que al cierre del 2019, el número de niños huérfanos que ha dejado la violencia feminicida en el Estado de México, podría rondar los 400, mientras que un reciente informe de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos de la entidad, reportó haber entregado apoyos y juguetes con motivo de las fiestas decembrinas, a alrededor de 600 niños y adolescentes, víctimas colaterales tanto de feminicidios como de desaparición.

La activista Carmen Zamora, estima que solo del duplo integrado por Juan Carlos N y Patricia N, homicidas seriales que habrían desmembrado a 10 mujeres, hay no menos de 12 huérfanos, para decirlo sin cortapisas.

Por eso las cifras podrían ser monumentales y sin dejar de crecer cada día, ya que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), el Estado de México reportó 122 feminicidios y 318 homicidios dolosos de mujeres en 2019, lo que significa que 440 mujeres fueron asesinadas en Edomex en solo 12 meses. En 2018, según el INEGI, fueron otras 456. Casi mil en dos años.

Por eso las activistas no descartan que el número de niños y adolescentes huérfanos por el feminicidio de sus madre en Edomex o incluso por homicidios dolosos de mujeres sea mayor en virtud de que de acuerdo al INEGI, la violencia doméstica afecta al 70% de las mexiquenses, en tanto que la inseguridad generalizada en la entidad continúa siendo alta..

Cómo vecina de Ecatepec, Maru sabía que había una alerta de género y que las mujeres ahí, como en otros diez municipios mexiquenses, estaban bajo riesgo. Lo que nunca imaginó, es que Nancy estaría entre las cifras de desaparecidas, primero, y asesinadas después. Un tiro de muerte directo para ella y sus nietas e hijos.

NO HAY GARANTIAS DE FUTURO

Zamora Villegas, defensora de derechos humanos y quien encabeza la Colectiva Feminista Ehécatl, reconoce que la violencia feminicida está dejando saldos sociales cuyo impacto a mediano plazo en el Estado de México es aún incierto, debido a que docenas de familias están quedando destrozadas con las desapariciones, feminicidios y asesinatos dolosos de mujeres, y con generaciones completas que crecerán al desamparo o rotas.

Reconoció que faltan mecanismos por parte del Estado, para garantizar que estas familias queden aseguradas y los niños que quedan en la orfandad, puedan acceder sin limitaciones a recursos suficientes para su educación, salud y manutención.

Mientras, el pasado 31 de enero, el gobierno del Estado de México, publicó el primer acuerdo orientado a la reparación del daño, algo que establece la Constitución, pero que hasta ahora ha sido letra muerta, en prácticamente todo el país y el Edomex no ha sido la excepción.

Lo que ocurra después de la publicación de esos primeros acuerdos oficiales, por parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la entidad, que ha estimado el costo de un feminicidio en 434 mil 400 pesos y el triple si ocurrió en el transporte público, está todavía por verse, pues docenas de madres (por fatídica partida doble), han venido manifestándose en distintos foros, exigiendo la aparición de sus hijas o justicia, algo difícil de alcanzar en una entidad, donde las estadísticas oficiales de impunidad rondan el 93%.

María Magdalena Velarde Tepoz, sabe de lo que hablamos. La delincuencia feminicida que recorre el territorio mexiquense desde hace una década, extermino a su familia por completo.

FAMILIAS DESTRUIDAS

Primero fue Fernanda. Su cuerpo apareció sin vida en su domicilio de Cuautitlán Izcalli, un 4 de enero del 2014. La joven asesinada a golpes presumiblemente por su pareja, presentaba huellas de tortura y ahorcamiento. Ya muerta le cortaron las venas, colgaron e intentaron hacerla pasar como suicida. En la búsqueda de justicia, sus hermanos Daniel y José Alberto, se 24 y 20 años, fueron “levantados”, desaparecidos y asesinados dos años después, no sin antes recibir varias amenazas para dejar de reclamar la muerte de Fernanda.

A casi seis años de estos hechos, Magdalena no para de exigir justicia, Dice que simplemente no hay avances y los crímenes contra sus tres hijos. Todos siguen impunes, en tanto junto con su esposo, un ayudante de cocina que ronda los 57 años, busca sacar adelante a sus nuevos hijos. Una familia constituida a partir de tres homicidios.

Con casi 53 años, Magdalena reconoce que las fuerzas ya no le responden como antes y que en medio del duelo permanente en que vive, le resulta cada vez más difícil lidiar con la vida cotidiana que significa la crianza de hijos pequeños. Duerme y come poco, dedica el día a las labores domésticas al cuidado de sus hijos-nietos y algunas horas al activismo, pues sabe que si no es ella, nadie más reclamará justicia por sus hijos asesinados.

LAS VÍCTIMAS DIRECTAS

Es el caso del hijo de la doctora Jessica, asesinada en 2018 con extrema violencia, entre los límites entre Xonacatlán y Naucalpan. Juanita, su madre, reconoce que a pesar de ser una “abuela joven”, le resulta en momentos doloroso llevar esa maternidad nueva que la tomó por asalto una madrugada.

Lo más difícil es no saber qué decir cuando su nieto pregunta por su verdadera madre. A pesar de su corta edad, continuamente señala la foto de Jessica y dice en voz alta “mi mami”.

Desde que ella desapareció, el niño, hoy con casi 3 años, manifiesta un continuo miedo al abandono, ya que cuando su abuela se aleja o se separa de él más de una o dos horas, el niño entra en un estado de intenso estrés. Teme que desaparezca al igual que Jessica. En ocasiones, si está lejos o se retrasa, su abuelita tiene que buscar la forma de comunicarse por teléfono con su pequeño y hablarle desde donde se encuentre para tranquilizarlo. Tampoco Jessica ha tenido acceso a la justicia, su feminicidio sigue impune.

Por su parte Maru, madre de Nancy, reconoce también que sus nietas, a las que ya adoptó por completo, preguntan continuamente por "su mamita", mientras que sobre su regazo duerme plácida la bebé que dejó Nancy, sin sospechar si quiera la tragedia que la rodea.

Lo que si advierte es que enfrenta circunstancias difíciles, debido a que no cuenta con un empleo estable, es madre soltera y ahora la demanda de gastos se ha triplicado, sin contar que ella misma aún, antes de la desaparición y el feminicidio de su hija, ya enfrentaba condiciones economicas estrechas junto con un hijo adolescente, hermano de la víctima.

UN FEMINICIDIO POR 434 MIL PESOS…

Mientras tanto nuevos acuerdos emitidos por el titular de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México el pasado 31 de enero, establecen que las víctimas indirectas de feminicidio recibirán como “reparación del daño” hasta 5 mil unidades de medida (UMAS), lo que podría significar un pago de hasta 434 mil 400 pesos, considerando que el UMA para el 2020 se ubicó en 86.88 pesos, y hasta el triple, cuando el delito se cometa a bordo de un transporte público.

El documento indica que si el feminicidio se cometió a bordo del transporte público, transportes oficiales, escolares en servicio u otros, “dicha cantidad podría elevarse hasta tres veces”, lo que significará en estos casos una reparación del daño hasta por un millón 303 mil 200 pesos.

Aunque pareciera imposible que una mujer pierda la vida violentamente a bordo de una unidad, los casos no son pocos.

La operación del recurso de este programa, estará a cargo de la Unidad de apoyo Administrativo de la Comisión de Víctimas, el cual será supervisado y autorizado por el Comité Técnico del Programa. Este comité deberá quedar integrado antes del 15 de enero próximo, según los artículos transitorios previstos.

Otros dos acuerdos fueron emitidos por la misma dependencia, uno para otorgar “canastas alimentarias por el delito de feminicidio y desaparición” para víctimas colaterales, para lo cual se integró un fondo de 9 millones 600 mil pesos.

El acuerdo emitido, indica que este programa se asignará a las “víctimas y ofendidos del delito”, es decir víctimas indirectas. El apoyo consiste en mil 500 pesos mensuales y “será permanente”.

El tercer programa es el denominado Programa Valentina "Para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el delito de feminicidio y desaparición”, mediante el cual se otorgarán apoyos de entre dos mil y tres mil pesos mensuales, para respaldar el desarrollo de los niños y adolescentes (hasta los 17 años y 11 meses de edad), hijos de madres desaparecidas o asesinadas.

Este último apoyo, del Programa Valentina, se asignará a abuelos, tíos o cuidadores que están a cargo de los menores, sin embargo para éste programa, solo se destinaron 37 millones 200 mil pesos y podrían sumar cientos los niños en orfandad y más aquellos cuyas madres están desaparecidas.

MADRES A LA FUERZA

El colectivo Ehécatl, es una de las organizaciones que desde hace dos años, comenzaron a reclamar con más determinación, tanto en foros y plantones, acciones concretas para reparar el daño a las víctimas colaterales de feminicidio y desaparición, así como para empujar reformas que atendieran, la creciente ola de huérfanos que está dejando el “genocidio de mujeres” en el Estado de México, como lo definió apenas este miércoles Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, la niña de 12 años, asesinada de manera atroz por tres sujetos.

Carmen, quien encabeza el colectivo, advierte que las madres emergentes enfrentan uno de los peores escenarios sociales que se están viviendo en México y en Edomex en particular, ya que se trata de mujeres que han cruzado casi en todos los casos la edad reproductiva y se ven forzadas, por las dolorosas circunstancias del feminicidio, a empezar de nuevo.

Son mujeres que en medio del dolor de la pérdida de sus hijas, ya sea por feminicidio o desaparición, deben asumir la crianza de sus nietos, por lo que el futuro de esas familias es incierto, reconoce, ya que casi en un alto porcentaje de los casos, se trata de mujeres de bajos recursos y que viven en colonias marginadas, no tienen empleo, algunas son viudas y otras no tienen instrucción.

Reveló que hasta ahora (pues el fondo ya se publicó pero todavía no opera), las víctimas de feminicidio reciben irregulares apoyos consistentes en algunos casos en 800 pesos (como despensas en especie) o mil 500 pesos para viáticos.

Pero por ejemplo, ¿Cómo puede Maru, con cuatro hijos ahora, sostenerlos con mil 500 pesos al mes?, pregunta. No hay respuestas. Es imposible.

E incluso no solo eso. Pocos saben que por cada apoyo que reciben las víctimas colaterales de feminicidio o desaparición por parte de la" Comisión de Apoyo a Víctimas, “deben entregar una carta de agradecimiento dirigida a la titular”.

También, además de estas cartas de agradecimiento, están obligadas a justificar cada peso que reciben y entregar facturas incluso por los pasajes de los camiones o los taxis que tomen…

Esta forma de revictimizar a los deudos de feminicidio, que casi siempre son otras mujeres –las madres o hermanas- o los hijos, debe de terminar, advierte Carmen.

Por su parte la diputada, Mariana Uribe, una de las más activas legisladores que empujo desde el Congreso para incorporar por primera vez un Fondo especial para reparar el Daño a las Víctimas de feminicidio, advirtió que los feminicidios en el Estado de México, han alcanzado un punto álgido, pero no solo por su número, sino por el impacto social que están causando en las generaciones.

Señaló que es tan grave y numeroso, que se está “naturalizando en el Estado”, derivado de los índices tan altos de mujeres asesinadas con los que se cuentan. La diputada fue impulsora de incorporar en la ley de víctimas el término de “ofendidos”, para lograr que madres e hijos de mujeres asesinadas, puedan acceder a la reparación del daño.

Ma. Teresa Montaño