2 de octubre de 2019

La Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), decretó la segunda "Alerta" de Género" para siete municipios del Estado de México, pero está vez por la "desaparición" de mujeres, luego de considerar que el gobierno del Estado de México, no cumplió con las medidas solicitadas previamente en abril pasado, para garantizar la seguridad plena a las mexiquenses en esas demarcaciones.

Ahora el gobierno del Edomex, deberá atender 26 medidas para resolver, prevenir y atender la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en esos siete municipios y en todo el territorio, toda vez que la resolución lo obliga a implementar acciones de largo alcance como una “reclasificación de carpetas de investigación” de los últimos 5 años, en caso de mujeres ausentes; un programa de búsqueda; la implementación de la declaratoria de “ausencia de mujer” por ofici; así como un sistema de información actualizado y “público”, tanto de mujeres desaparecidas como de desapariciones en todo el estado.

Los municipios con nueva declaratoria son: Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco, los cuales ya contaban con una alerta por violencia decretada en julio del 2015, ahora cuentan con una segunda.

La resolución fue emitida desde el pasado 20 de septiembre por la CONAVIM, tras más de un año de litigar la solicitud promovida por asociaciones civiles al frente de "IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos.

Fue un amplio estudio de rastreo de casos presentado por IDHEAS ante la CONAVIM, desde el primer semestre del 2018, lo que permitió determinar la desaparición sistemática de mujeres en la entidad mexiquense, pero con mayor incidencia en los siete señalados.

Aunque el gobierno el Estado de México, informó en diversos momentos, durante este año y medio, que cumplió con observaciones realizadas por la Secretaria de Gobernación y la CONAVIM, como parte del litigio de la implementación de esta segunda alerta, finalmente se determinó la declaratoria, pues estas medidas no lograron satisfacer a la CONAVIM, a partir de que no garantizan la seguridad plena de las mujeres mexiquenses en esos municipios.

LA RESOLUCIÓN

La resolución emitida por la CONAVIM desde el pasado 20 de agosto y dada a conocer por la Secretaria de Gobernación (SEGOB), señala en su informe de 23 páginas, que el 26 de abril pasado, el gobierno del Estado de México, remitió a la secretaria de Gobernación, a través de la CONAVIM, la información sobre la implementación de “las propuestas establecidas”, que previamente le recomendaron adoptar para frenar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres por violencia feminicida.

Luego desde el pasado 10 de agosto, inició el análisis del informe presentado por el gobierno mexiquense (después de seis meses), sobre el supuesto cumplimiento de las medidas que le recomendaron a la administración de Alfredo del Mazo, sin embargo al final se consideraron insuficientes.

El 10 de septiembre pasado, el grupo de se declaró en sesión abierta para analizar el informe del ejecutivo mexiquense, el cual, se indica, “carece de evidencias suficientes que sustenten la información señalada respecto al cumplimiento de las diferentes propuestas. “Incluso se señala que incluyeron evidencia que corresponde a las Medidas decretadas en la Declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida… sin explicar cómo se articulan como respuesta a la solicitud de AVGM que actualmente se tiene”.

El documento también confirma que debe haber una coordinación en todas las instancias gubernamentales, municipales, federales, públicas y privadas “frente a una situación de riesgo de violencia de género en la que se encuentran las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México”.

La resolución de la implementación de la segunda alerta, advierte que debe contarse con información clara sobre el fenómeno de la desaparición de mujeres, lo que claramente contrasta con las acciones de ocultamiento de información que ha desplegado, no solo en este tema sino en otros muchos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al frente de Alejandro Gómez Sánchez.

Más adelante agrega: “Qué con respecto a los derechos de las víctimas directas e indirectas de desaparición, es necesario que la intervención estatal se realice desde una perspectiva integral con el propósito de que tengan acceso efectivo a la verdad, justicia y reparación integral del daño”.

El informe indica que hasta el 30 de abril del 2018, se tenían en todo el país 36 mil 365 personas desaparecidas, de las cuales 25.71% son mujeres (9327); mientras que en Edomex hay aproximadamente 3 mil 890 personas desaparecidas, de las cuales mil 785 son mujeres, que representan el 45.8%, es decir, “se trata de un porcentaje casi del doble de mujeres desaparecidas en el país”.

El segundo resolutivo, tras señalar en el primero la declaratoria, indica que: “El gobierno del Estado de México, deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia… y todas aquellas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia, garantizar su seguridad e integridad”.

El documento incluye además 13 medidas de prevención, entre las cuales se incluye un diseño de políticas públicas que atiendan de manera integral “la caracterización del problema público de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad “que incluya información cuantitativa y cualitativa”.

Otras medidas preventivas consisten en que el gobierno mexiquense deberá mantener actualizado “y accesible” el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas –a detalle-; georreferenciar a los 7 municipios, los casos de desaparición; emitir y ejecutar un Programa de Búsqueda.

Otras medidas obligan al gobierno mexiquense a tener suficiencia presupuestaria para todas estas medidas; generar “corredores seguros” de tránsito con la universidad estatal, el Instituto Nacional de Migración y otras instancias, a fin de garantizar el paso seguro de estudiantes, adolescentes, migrantes y demás mujeres por el territorio, en total ocho Medidas de Seguridad.

Además, se establecieron otras cinco Medidas de Justicia, entre las que destaca la obligación del gobierno del Estado de México, para hacer una “reclasificación” de carpetas de investigación de cinco años hacia atrás, que no fueron iniciadas por desaparición, particularmente “en los casos en que no se consideraba el delito y en los que se ha clasificado como desaparición voluntaria, “así como contemplar las líneas de investigación vinculadas a otros delitos como tráfico de personas, trata de personas, secuestro y otros”.

Además de ello, el gobierno mexiquense, deberá diseñar e implementar un Programa Integral de Reparación del Daño.

El dictamen está firmado por la doctora María Candelaria Ochoa Ávalos, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

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