La renuncia de Fernando Baz Ferreira del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), representa un enorme paso para avanzar en el combate a la impunidad, frente al saqueo descomunal de los recursos públicos a través de diferentes vías y formas, de las que al parecer, el auditor no vio, ni supo de nada.

No obstante que este saqueo se intensificó durante el gobierno de Eruviel Avila, con inicios en el gobierno de Enrique Peña, cuando ensayó aquí (entre 2005 y 2011) sus primeros “huachicoleos” grado preescolar, el auditor en una década permaneció impávido, despreocupado por el manto de impunidad que sabía, lo cubría y le proveían sus altos mandos desde el Palacio de Gobierno, el presidente en turno de la JUCOPO y hasta el propio Poder Judicial.

De esta manera Baz Ferreira se va como uno de los peores ejemplos de cuando un servidor público, renuncia a principios éticos básicos y cede, presionado o no, a la seducción de los grupos de poder, que avalados en las urnas o sin ellas, continúan aunque no nos guste, operando bajo las mismas lógicas de concentración de recursos y de control y coacción.

Sin embargo el caso de Baz Ferreira no es aislado. El todavía titular del OSFEM (hasta el 15 de agosto), respondía y responde, a altos intereses, sabemos cómo resultaba obvio, que no respondía a las normas de auditoria del Estado de México de manera estricta, sino a los caprichos del titular del ejecutivo en turno y de los titulares de la Secretaria de la Contraloría y de todo un sistema instaurado a propósito –con personal ligado al PRI y sin ningún escrúpulo o sentido de honestidad-, para continuar disponiendo de los recursos públicos a capricho, con viejas fórmulas, algunas perfeccionadas de manera exquisita, pero negativamente, y para transformar esos recursos públicos en privados.

Esto incluso ya de formas totalmente relajadas y hasta descaradas, como ocurre actualmente con los recursos de los CUSAEM o en el propio ISEM, pero lo más grave, casi siempre avaladas por los propios sistemas de control que como el OSFEM, mostraron su total inoperatividad al estar ocupados por personal sin compromiso social ni ético.

Por eso creemos que no servirá de nada esta renuncia y los esfuerzos que se están haciendo desde el Congreso, si solo y nuevamente, se vuelven a endosar los cargos claves de la fiscalización, a funcionarios ligados y al servicio del estatus quo vigente.

Nos enteramos, por ejemplo, que el gobierno actual, está presionando para que el exrector de la UAEMex, José Vilchis, sea impuesto en el OSFEM en lugar de Baz Ferreira. Un exrector gris y ligado a Enrique Peña y Arturo Montiel, es decir al Grupo Atlacomulco, y que está por dejar un asiento en el Sistema Estatal Anticorrupción, donde no ha hecho nada, punto, ni siquiera una manifestación dura, fuerte, estridente en contra del uso de la universidad en la Estafa Maestra, o exigir el fincamiento de responsabilidades, hacer una denuncia pública, una investigación agresiva... nada. Al menos eso se esperaría de alguien comprometido a conciencia con el combate a la corrupción o decidido a terminar con ella.

Lo único que sabemos de ese sistema, al que se suman otras personalidades impresentables, es que ganan sueldos extraodinarios, y formaron parte de las instituciones que hoy están impedidos, por conciencia o agradecimiento de grupo, a combatir.

Esperemos que una imposición de ese calado no lo permita el Congreso Local, porque entonces, seguiremos montados en la ruleta rusa e interminable de la impunidad y la corrupción.

Y por si existieran dudas de cómo se han saqueado los recursos sin ningún escrúpulo, los invitamos a revisar los documentos que anexamos en nuestra investigación sobre el saqueo del ISEM-2017, y la impunidad que rodea este huachicoleo autoinstitucional.

Hasta la próxima.

*PODER AL CENTRO

Columna premiada con la “Presea Manuel Buendía 2016”.