Ciudad de México, marzo 2017.- En días pasados, se ha hablado de la creación de una ley de seguridad interior en nuestro país, la cual, ha sido criticada o desacreditada por organizaciones pro derechos humanos.
Algunos organismos observaron que podría ser creada en la inmediatez, provocando, una valoración no muy equitativa a la hora de decidir, entre emplear la fuerza, las armas de fuego, o bien, conciliar con su debido respeto a los derechos humanos.
Hoy la violencia tiene otra cara, no sólo cambia el dueño que la ejerce, muta para asentarse en la cobija institucional legaloide e inconstitucional, pues el congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior, sólo lo puede hacerlo en materia de seguridad nacional y las atribuciones encomendadas a las fuerzas armadas, son funciones de la seguridad pública, (autoridades civiles) y no de las fuerzas armadas.
El régimen de control que impone un facultado con uso de armas en México a la hora de ejercer el criterio entre una verdadera delincuencia y su imaginación en un conflicto armado, no sólo amedrenta masas, sino, además las desarma y funciona como medio de control interno, sólo para reprimir.
No obstante, concentrados en el supuesto de hacer cumplir la ley, funcionarios quienes promueven ésta iniciativa, César Camacho y Martha Tamayo diputados del PRI y el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, convocan a una iniciativa invasiva que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, con interpretaciones de ley letales.
Aunque bien sabemos que la violencia en México, no comienza a partir del inicio de una guerra contra el narcotráfico, en 2007, con un documento de 37 páginas (biblia para el ejército, en letras de Carlos Fazio), en la cual se justificaba la salida de tropas de los cuarteles; si conocemos que la famosa ofensiva se convirtió en una de las guerras que más ha dejado resabios amargos, que van desde la incertidumbre vivencial, hasta la incredulidad gubernamental, entre otras problemáticas.
Muy a pesar de las diversas recomendaciones realizadas por organismos como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), quien ha hecho énfasis sobre la disminución de la participación del ejército en las actividades policiales, en estas fechas, se llevan a cabo propuestas tan violentas, como las iniciativas presentadas por los diputados arriba citados.
No olvidemos los diversos casos de acribillamiento con alteración de escenas por parte de los militares y la marina, que, entre un fuego cruzado, un efecto colateral, o en cuantiosos retenes militares han podido justificar ciertas masacres.
Un ejemplo de esto, lo podemos encontrar en sucesos como el de estudiantes asesinados por militares frente al Tecnológico de Monterrey en 2010, y el caso Tlataya, en el Estado de México, en donde el ejército llevó a cabo 22 ejecuciones extrajudiciales.
Un estudio de parametría, publicado por un portal de Ecuador en internet3 que cuestiona los niveles de confianza hacia el ejército, en 2009, declaró que el porcentaje de ciudadanos que consideran que el ejército violentaba los derechos humanos, era más del 54% y consideraba que los militares debían ser llevados a juicios civiles. (Islas, 2009)
Para el 23 de febrero, de este año, el mismo portal publica un titular de: “13122, en México, prefieren que el ejército cuide las calles” y menciona que, en el transcurso de unos quince años, el ejército es una de las instituciones que genera mayor confianza entre los mexicanos, aludiendo a un mayor cambio del 2010, al 2017.4
Ahora bien, los principios básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la ley emitidos en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas en agosto de 1990, contiene diversos considerados que exhiben las limitaciones en el uso de estas fuerzas, haciendo énfasis en la aplicación del código de recomendación.
Tal código, da mayor importancia a la capacitación, calificación y una conducta responsable de parte de funcionarios, penitenciarios, tomando como primer principio, las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, mediante “armas incapacitantes, no letales, a manera de reducir el riesgo de lesiones mortales, sólo cuando otros medios sean ineficaces, o no garanticen de alguna manera el logro del resultado previsto”
Promueve otras encomiendas, cuando las armas de fuego sean inevitables, como ejercer moderación, reducir al mínimo los daños y lesiones, respetar la vida, prestación de asistencia o de servicios médicos, notificar de lo sucedido a la brevedad posible a los parientes o amigos y comunicar inmediatamente a los superiores el deceso en caso de así ocurrir.
Según principio 22, adoptado en ese mismo Congreso, se recurrirá a la adopción de medidas legislativas para el castigo del delito, cuando así se haya llevado a cabo el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego, y la invocación circunstancial de inestabilidad política interna, o cualquier otra situación pública de emergencia justificando el quebrantamiento de estos principios,5
Para la ciudadanía en México, el gobierno promueve el derecho humano, pero olvida que la ley se interpreta y entre los vacíos lícitas pueden crearse deficiencias jurídicas, respaldadas por un mayor peso armamentístico.
La producción de la violencia siempre ha dado lucrosos resultados, constantemente convoca a la muerte para alimentar y crear temor, artículo redituable, a autoridad gubernamental con ganas de tener ganancias. Mediante conceptualizaciones de orden animalesco, deterioran no sólo la vida económica, sino toda clase de libertad existente de cualquier persona.
Antes de justificar una guerra, no olvidemos a niños o mayores testigos de la agresión a sus parientes o amigos ajusticiados, mutilaciones o encarcelamientos injustos, victimas (niños) separados de sus progenitores, alejados de su entorno habitual y las heridas psicológicas que pueden sufrir de por vida cualquier persona.