02 de agosto de 2022


La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que investiga al ex presidente de México Enrique Peña Nieto, por al menos tres delitos relacionados con corrupción política y enriquecimiento ilícito, por lo que, se presume, también es indagado su cuantioso patrimonio.

Mediante un comunicado emitido la tarde este martes, se detalló que el expresidente de México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es investigado por delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Sobre los desvíos de recursos que pudieran tener nexo con temas electorales, se incluyen denuncias que involucran a la empresa española OHL, lo que tendría además una incidencia en otros delitos de orden patrimonial.

Se informó que sobre este aspecto los avances permitirían judicializar los primeros expediente en próximos meses.

La FGR detallo que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, preciso la institución.

Se detalló que también está una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, "en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando" a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

"Conforme se vaya. Obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato", preciso la FGR.

El comunicado de la Fiscalía General de la República también indica que se tienen abiertas indagatorias relacionadas con transferencias internacionales. Al rspecto y como se recordará el pasado siete de julio el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Pablo Gómez, había anunciado la existencia de investigaciones relacionadas con transferencias financieras internacionales realizadas por el también exmandatario priísta del Estado de México, Enrique Peña por 26 millones de pesos, mediante un esquema de triangulaciones que involucra a familiares.

Peña Nieto habría sido el beneficiario final de estas transacciones internacionales de México a España realizadas entre 2019 y 2021.

 Ahora la FGR anunció que el expresidente también es investigado por delitos de orden electoral, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, demás de las indagatorias por las transferencias internacionales probablemente ilegales.

En el comunicado no se cita expresamente el nombre de Peña Nieto, pero fuentes cercanas al caso, confirmaron que se trataba de él.

Lavado de dinero y OHL

Según el comunicado de la Fiscalía, el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, que en 2016 fue multada por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.

En esta investigación se buscan posibles delitos de carácter electoral y patrimoniales y en ella “los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, agrega la nota de prensa.

El segundo caso tiene como origen denuncias presentadas por las autoridades fiscales “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. La Fiscalía explicó que antes de judicializar el caso se precisan “dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables” para, eventualmente, poder abrir un proceso.

La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la cual se están desahogando los dictámenes fiscales y patrimoniales. Según el funcionario, se originó por una denuncia presentada por un particular para comprobar si durante su presidencia Peña Nieto acumuló más patrimonio del declarado.

Se detalló que el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

Esta empresa fue la principal beneficiaria de contratos multimillonarios adjudicados para grandes obras carreteras desde el gobierno en Edomex de Enrique Peña Nieto (2005-2011), política que prolongó en su mandato presidencial posterior (2012-2018).




Staff Redacción