Almoloya de Juárez, Estado de México, 6 de septiembre de 2021.- El último día de agosto, el coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN) en la LXI Legislatura, Enrique Vargas del Villar, en una reunión para refrendar la suma de fuerzas políticas con sus aliados dijo, entre otras cosas, que la mal llamada austeridad promovida por MORENA, se terminará en la LXI Legislatura, porque los diputados que integran la Coalición “Va por el Estado de México”, saldrán a luchar para recuperar el Programa de Apoyo a la Comunidad más conocido como PAC, porque los ciudadanos deben ser apoyados por sus diputados.

Sin duda sería saludable que el PAC sirviera únicamente para apoyar a los ciudadanos, pero Vargas del Villar ya fue diputado a la LVIII Legislatura estatal, en esos años el PAC era un programa vigente que utilizó, pero tenía al menos dos décadas de ser muy cuestionado y mal visto porque quienes están en contra del desvío de recursos públicos con fines electorales, así que es seguro que él conoce los antecedentes sobre el manejo opaco que caracterizaba su aplicación.

También es importante señalar que MORENA justifica la eliminación de toda clase de programas, partidas presupuestarias, representantes populares y todo lo que se les atraviese en el camino, bajo la premisa de la austeridad a la que se comprometieron durante la campaña para la elección de 2018 y que en 2021 ratificaron nuevamente como bandera, con la desventaja que generalmente no hay manera de detectar la aplicación de los recursos ahorrados, porque el Órgano Superior de Fiscalización mutó en un ente de diseño y un poco de narrativa presupuestal.

Pero en los hechos MORENA siempre se acomoda, porque si bien el 13 de septiembre de 2018 su bancada en la LX Legislatura, derogó al PAC -después de 50 años de haber sido creado por el profesor, Carlos Hank González-, en el Presupuesto de Egresos 2019 que aprobaron tres meses después, dieron paso al nacimiento de un sustituto, denominado Unidad de Atención y Apoyo Solidario (UAAS), que de acuerdo al organigrama del Gobierno del Estado para ese año, era una dependencia de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.

En 2019, las oficinas de esta Unidad quedaron ubicadas en Aquiles Serdán No. 203, Colonia Centro en la Ciudad de Toluca, esta es la misma dirección donde se encontraba la coordinación del difunto PAC, y el titular de la UAAS fue el maestro en finanzas, Oscar González Hernández, quien era desde 2013, coordinador del PAC, como se puede constatar en el oficio 03460100-T-0017/2014 dirigido al titular de la Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas.

Las reglas de operación de la UAAS fueron publicadas en el Tomo CCVII Número 75, segunda sección del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, 29 de abril de 2019, por la Secretaría de Finanzas; y si se comparan con los últimos lineamientos para el PAC que publicó la misma secretaría en el Tomo CCII, número 121, sección novena, 21 de diciembre de 2016, del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, se encuentran varias similitudes.

Uno de los lineamientos básicos que empatan de manera indiscutible a estos dos programas, está descrito con distintas palabras pero aborda el mismo fin, porque el PAC decía en este apartado “5.3. Otros Conceptos: a) Sueldos al personal de apoyo a Legisladores para la operación del Programa” y la UAAS señalaba en el apartado “3.15.Previsiones económicas para atender los compromisos de la política salarial y pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal…”

El PAC tenía el siguiente objetivo: “2.1. General El Programa de Apoyo a la Comunidad tiene como objetivo proporcionar, a través de la gestión de los Legisladores, sus grupos parlamentarios y las dependencias del Ejecutivo Estatal, bienes, servicios y apoyos diversos a los sectores de la población del Estado de México, que contribuyan a mejorar su calidad de vida, así como para fortalecer los vínculos entre el Gobierno y la sociedad mexiquense.” (P. 3 Gaceta del Gobierno 21/12/2016)

En la UAAS se estableció que; “los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas, los Municipios del Estado de México, los Organismos Públicos Descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos dependientes del Poder Ejecutivo del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que el Estado y los Municipios tengan control de sus decisiones o acciones” podían acceder a sus recursos.

Y si bien los recursos de la UAAS estaban sujetos a lo señalado en el artículo 24 (página 28) del Presupuesto de Egresos del Estado de México ejercicio 2019, tenían una diferencia sustancial con su antecesor, porque del PAC se sabía el monto que podían ejercer los diputados anualmente, pero para la UAAS no se estableció algún monto anual, ya que su presupuesto era parte del global de los programas sociales del Gobierno del Estado, al igual que sucedió con el PAC en sus últimos años de existencia.

Este punto deja claro que la UAAS resultó ser tanto o más opaca que el PAC, porque aunque el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) nunca pudo explicar los sobre ejercicios que eran reportados en las Cuentas Públicas estatales, al menos en el Presupuesto de Egresos de cada año se especificaba un monto anual máximo a ejercer de 187 millones 500 mil pesos para los integrantes de la Legislatura.

COMPORTAMIENTO DEL PAC DE 2007 A 2019.

*Información del Informe de la Cuenta Pública Elaborada por el OSFEM.

**Información del reporte de la Cuenta Pública que el GEM entrega anualmente a la Legislatura.

La explicación de esta gráfica es extensa y si bien inicia con los datos de 2007, se tiene la información de lo errático que ya se comportaba el PAC desde 2005, porque en ese año fueron autorizados 180 millones 164 mil 960 pesos para dicho programa, pero se ejercieron 191 millones 864 mil 425.42 pesos.

La variación en este año fue de 11 millones 699 mil 465.42 pesos, lo que es igual a un sobre ejercicio de 6.5% arriba de lo autorizado, pero en 2006, último año del periodo constitucional de la LV Legislatura y por cierto año electoral, el sobre ejercicio alcanzó 3,482.5%.

Cabe mencionar que en aquellos años el PAC, se reportaba en la Cuenta Pública dentro del Programa “Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo” bajo el número de proyecto “0601040201”, ahí se reportó que el “Programa 11 01 04 Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo, tuvo un presupuesto autorizado 277 millones 540 mil 400 pesos” para 2006.

Pero el OSFEM reportó un gasto en dicho de 10 mil 20 millones 729 mil 600 pesos, cuya variación a la alza fue de nueve mil 743 millones 189 mil 200 pesos. En su informe el OSFEM destacó que “No obstante la relevancia de las variaciones en el contenido de la Cuenta Pública, no se pueden identificar los Proyectos y Unidades Responsables a los que se asignaron los recursos, lo que nos permitiría conocer el impacto de éstos”.

Al seguir revisando otros programas se detectó que los programas “04 01 01 Seguridad Pública”; “05 02 04 Infraestructura Hidro-Agrícola”; “06 03 01 El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género”; “10 02 01 Desarrollo Urbano”; “10 02 02 Agua y Saneamiento”; “11 03 02 Transferencias Intergubernamentales”; y “11 03 03 Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores” presentan en conjunto un subejercicio de 10 mil 937 millones 314 mil 700 pesos, curiosamente una cantidad similar a la sobre ejercida entre el PAC y su acompañante Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo .

Es importante destacar que también en aquellas épocas, los informes del OSFEM proporcionaban datos precisos sobre el trabajo de fiscalización, incluían, por ejemplo, los oficios que se recibían del Ejecutivo estatal que daba respuesta a las observaciones como el Oficio No. 203221000/0509/2008, de fecha 10 de abril de 2008, cuya respuesta se dio en los siguientes términos: “Esta recomendación se atenderá con la Cuenta Pública 2007, en la que se integrará un apartado o anexo con la información de los Dictámenes de Reconducción”.

Nota: Para quien no esté familiarizado con las fechas de entrega, revisión y publicación de los informes de las cuentas públicas, el Gobierno del Estado de México (GEM) entregó al OSFEM los datos de la Cuenta Pública de 2006, a mediados de 2007; el OSFEM revisó esta información y la dio a conocer a finales de 2007, por eso el oficio respectivo a una aclaración de 2006, se contestó en 2008 cuando todavía no se remitía a la Legislatura local el reporte de la cuenta pública 2007.

Como los Dictámenes entregados por el GEM, no sustentaron el importe de las ampliaciones autorizadas; el OSFEM procedió a exigirle al GEM que presentará los Dictámenes de Reconducción de ampliaciones presupuestarias o por traspasos, ordenados por programa, para integrar el efecto neto que sustenten los sobre ejercicios, con base en los artículos 317 Bis y 318 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 66 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007.

Entre estos sobre ejercicios se encontraban el respectivo al PAC 2007, cuyo monto aprobado fue de 72 millones 436 mil 600 pesos, pero el ejercido alcanzó los 417 millones 100 mil 400 pesos, lo cual representa una ampliación presupuestal de 344 millones 663 mil 800 pesos, equivalente a un 82.6 por ciento más de lo programado.

Entrando en materia, la Cuenta Pública 2007, Tomo 1, Volumen 1 menciona en relación al PAC, que fueron considerados 187 millones 500 mil pesos para que cada diputado dispusiera de dos millones 500 mil pesos con el fin de apoyar a sus electores con diversos suministros, como materiales para la construcción, entre otros.

En esa cuenta pública la explicación es más o menos aceptable pues en el Capítulo 6 Inversión Pública del Tomo 1, Resultados Generales, refiere el otorgamiento de una ampliación de recursos del orden de 335 millones 800 mil pesos, se ejercieron en el PAC, 335 millones 786.7 miles de pesos; que correspondían al Programa de Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo.

El documento comenta que dado lo anterior, se requiere conocer ¿por qué se registran 335 millones 787 mil pesos ejercidos, si existe un presupuesto autorizado de 187 millones 500 mil pesos? El OFEM explica en su informe de la Cuenta Pública 2007 que el programa “Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo”, registra un total de 9 metas con un 95.94% de avance; el cual fue ejercido en su totalidad por la Secretaría de Finanzas con el sobre ejercicio arriba señalado.

Por ello el OSFEM le solicitó GEM que aclarara los sobre ejercicios ya mencionados así como los subejercicios en otros programas que al parecer, sufrieron detrimento en sus asignaciones para proporcionar recursos al PAC en 2006.

Y si bien la Contaduría General Gubernamental envió los Dictámenes de Reconducción, la información proporcionada, no permitió identificar los proyectos, las Unidades Responsables y las justificaciones en relación a los porcentajes de decremento entre el presupuesto autorizado y el presupuesto modificado.

De acuerdo al informe de la Cuenta Pública el PAC en 2007 tuvo como metas la “Atención de solicitudes, de apoyos, bienes y servicios”; en donde se programaron realizar 14,129 solicitudes atendidas, pero se realizaron 18,861, según el Tomo I Resultados Generales Capítulo 5 Ejercicio Presupuestal Consolidado”.

“Sin embargo,- continúa el OSFEM explicando- en el Tomo V (página 167), que se lograron atender 6,839 solicitudes, por lo tanto se detecta una diferencia de 12,022 solicitudes” y este resultado requería conocer la razón de dicha variación.

Los comentarios al respecto de parte de la Contaduría General Gubernamental, fueron: “En efecto, como se refiere en el mismo texto, se realizaron 18,861 acciones de atención de solicitudes, de apoyos, bienes y servicios, lo que en sentido estricto genera lectura de un mayor alcance en el cumplimiento de metas, casi un 34% por arriba de lo programado.

En consecuencia el OFEM concluyó que “la ampliación que se observa de 350 millones de pesos, únicamente soporta un 34 % más de las metas originalmente programadas, en el Proyecto de Apoyo a la Comunidad” y concluyó que fueron los diputados locales mediante sus gestiones, quienes dispusieron de estos recursos.

El 30 de octubre de 2008, en entrevista el entonces auditor Superior, Octavio Mena Alarcón explicó “que si bien el gasto que representa el PAC se reporta en esta partida presupuestaria, hasta el año 2007 no se había auditado, pues el número de acciones que habría para revisar resulta infinito”.

Explicó que “cada diputado gasta un promedio de 50 mil a 80 mil pesos por acción, "se tendría que disponer de 75 personas que durante un mes y medio revisaran lo ejercido por cada legislador, lo cual podría resultar más oneroso que la propia partida ejercida".

Agregó que “hacer una revisión aleatoria propiciaría que a la auditoría se le diera una interpretación política, porque ¿con qué criterio se elegiría al o a los diputados? y sobre todo, ¿cómo saber quién de ellos fue el que sobre ejerció la partida?, ya que en la Cuenta Pública que emite el GEM no se proporciona esta información".

Respecto a la aclaración del sobre ejercicio presupuestal refrió que el gobierno del Estado tendrá que aclararla junto con las más de mil 300 observaciones que se derivaron de la revisión de la Cuenta Pública 2007, pero que seguramente lo hará de forma global, o sea, únicamente explicará por qué se gastó de más o si se trata de un error en el vaciado de las cifras.

Y hasta aquí se puede considerar que el trabajo de fiscalización del OSFEM buscaba transparentar el elevado gasto del PAC, porque en los años subsecuentes, la fiscalización se fue oscureciendo y los sobre ejercicios fueron prácticamente imposibles de aclarar, ya que se incrementaron los programas asociados al PAC y desapareció lo erogado por cada programa.

En la Cuenta Pública 2008, el programa comentado aparece en la página 146 del Tomo 1, “que una vez restados los montos de los Artículos 12, 13, 14, 15 y 16”, el Capítulo 6000, artículo 17, queda con una asignación de 5 mil 567 millones 660.1, la cual incluye 187 millones 500 mil pesos, destinados al Programa de Apoyo a la Comunidad y no se especifica a qué otro programa se asignan los cinco mil millones 380 mil 160 pesos restantes.

Aquí se agudiza la opacidad, pero algo de claridad queda, porque en recuadro desglosado refiere que se autorizaron 5,567,660.1 miles de pesos, se ejercieron; 17,934,051.4 miles de pesos y que la variante entre lo aprobado y gastado fue de 12,366,391.4 miles de pesos, sin mayor detalle.

Nuevamente en la Cuenta Pública 2009, se repite el esquema anterior, donde el PAC está integrado al mismo artículo 17, con la misma asignación de 187 millones 500 mil pesos y con el mismo desglose, donde 5,452,287.0 miles de pesos fueron el monto asignado; 14,914,596.0 miles de pesos fueron el monto erogado y 9,462,309.0 miles de pesos fue la variación a la alza detectada, pero sin desglose.

Para la Cuenta Pública 2010, la referencia al PAC se enrarece aún más, sigue inserto en el capítulo 6000 Obra Pública artículo 17 denominado ahora “Dependencias del Sector Central”, y asociado al “Fondo para la Atención de Siniestros y Desastres Ambientales” y a Programas Sociales, con un presupuesto sin desglosar para estos tres rubros de 6,827,758.5 miles de pesos; una variación de 9,327,342.0 miles de pesos y, un monto a la alza de 2,499,583.5 miles de pesos.

Lo anterior sin mayor explicación sobre, cuántos siniestros o desastres se atendieron y programas sociales se entregaron, tampoco se menciona que al PAC corresponden 187 millones 500 mil pesos anuales.

En la Cuenta Pública 2011, la oscuridad es casi total pues el PAC se encontraba ubicado en el mismo capítulo y artículo y se asoció a los programas “Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales” y, Programas Sociales con un monto asignado de 7,080,415.9 miles de pesos para los tres programas. Cabe mencionar que igualmente en los artículos del 12 al 16 a partir de este año se omitió monto aprobado, así como si hubo variación en el mismo y de cuántos millones se trata.

En las cuentas pública 2012 y 2013 el PAC continua en el mismo capítulo y artículo, pero se asoció con el “Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales y Antropogénicos” y, con el “Programa de Proyectos de Acolchados dentro del Fideicomiso para Desarrollo Agropecuario” con un monto a ejercer para los tres programas de 10,463,302.8 miles de pesos sin desglose o análisis del gasto.

En las cuentas públicas 2014; 2015 y, 2016 de forma abreviada se encuentra en el mismo capítulo y artículo junto con el “Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos” y ahora, con “Infraestructura Educativa” donde se asignaron 21,004,074.6 miles de pesos; 21,702,493,839.0 y, 22,530,860,496.0 cada año respectivamente y sin análisis o desglose de por medio.

Pero en la Cuenta Pública 2017 los artículos 12; 13; 14; 15 y, 16 no aparecen ni sus erogaciones ya que el informe del Capítulo 6000 Obra Publica inician con los artículos del 18 al 22 y aparece un artículo 23 con un presupuesto de 222,000.0 miles de pesos para los programas “Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos”; “Infraestructura pública Estatal” y, “Programa de Apoyo a la Comunidad”.

Respecto a este año, el documento que el GEM remitió a la Legislatura local refiere que el rubro 020202010102 Apoyo a la Comunidad tuvo un presupuesto autorizado de 35,860.6 miles de pesos; el cual fue modificado a 3,311,964.8 miles de pesos; que se ejercieron 3,307,914.6 miles de pesos con una variación de 4,050.2 miles de pesos. El reporte 2018 del GEM sobre el programa que nos ocupa, identificado como “020202010102 Apoyo a la Comunidad”, tuvo un presupuesto autorizado de 65,171.0 miles de pesos; una modificación de 2,432.655.4 miles de pesos; un ejercicio de 2.419,168.3 miles de pesos con una variación de 13,457.1 miles de pesos.

En estos últimos años se recurrió a lo reportado por el GEM por varias razones, como se señaló al inició, en este año a propuesta de la bancada de MORENA, el PAC quedó derogado pero curiosamente en el reporte que el Ejecutivo estatal envió en 2019 el programa existe y en 2020, el programa cambió de nombre pero mantiene la misma clave y con asignación de recursos de la siguiente manera:

2019: “020202010102 Apoyo a la Comunidad” Presupuesto autorizado 204,120.8 miles de pesos; modificado 1,217,340. 8 miles de pesos; ejercido 1,204,227.6 miles de pesos lo cual da una variación de 13,113.2 miles de pesos.

2020: “020202010102 Apoyo solidario” con presupuesto autorizado de 130,919.0 miles de pesos; Autorizado final 9,808,104.9 miles de pesos; Ejercido 9,808,104.9 miles de pesos y no se reporta que haya habido alguna variación en este ejercicio.

Es importante mencionar que en la Cuenta Pública 2019, desapareció incluso el desglose de todos programas del GEM y su presupuesto asignado, (bueno desapareció todo el ejercicio de fiscalización profesional), por eso no es posible detectar cuantos recursos se gestionaron a través de la UAAS, cuya aparición se da en ese ejercicio fiscal y que hasta el momento no ha dado más indicios de su funcionamiento o existencia, lo último que se supo fue que tuvo reglas de operación.

Pero fue evidente que los diputados de la LX Legislatura de alguna forma se agenciaron recursos para realizar jornadas médicas; entrega de algunos materiales de construcción y, reparto de despensas en sus distritos antes y durante la pandemia de Covid-19, lo cual no es criticable, sino lo lamentable es que no exista la fiscalización correspondiente sobre el erario público que fue destinado a esas acciones.

También es lamentable que durante más de una década el gasto del PAC haya sido encubierto al asociarlo presupuestalmente con otros programas gubernamentales, porque esta opacidad sin más explicación revela que la voracidad de los políticos llegó a niveles insospechados a pesar de leyes, medidas e incluso, la ¿desaparición del programa?

El 13 de noviembre de 2007, entró en vigor “la Reforma Electoral federal al artículo 134 de la Constitución General de la República, mediante la cual los diputados locales al igual que todos los servidores públicos, ya se encuentran imposibilitados de utilizar la entrega de estos apoyos para realizar una promoción personalizada”.

En la entidad se violentaron dos párrafos: “Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”

Y “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Como esta ley no se respetaba, el 29 de enero de 2008 la diputada entonces del PRD, Juana Bonilla Jaime, que era prosecretaria de la Comisión de Asuntos Electorales señaló en entrevista que “hay diputados que no se han dado cuenta que la Reforma Electoral federal está vigente y siguen promocionando su imagen cuando entregan recursos del PAC.

Y agregó que “la única difusión que el diputado puede hacer de manera personal es la de sus logros legislativos, pero la entrega del PAC debería ser a nombre de la Legislatura y no de algún representante popular en particular, porque la única promoción que permite el nuevo precepto es, la institucional”.

De acuerdo a los boletines difundidos en aquella época por la Legislatura, hubo muchos diputados que ignorando la mencionada Reforma, siguieron sus promociones sin que autoridad alguna los sancionara, entre ellos estaba la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, que en aquellas épocas era presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y que de la entrada en vigor de la reforma al momento del reclamo de la diputada Bonilla Jaime, violentó al menos en nueve ocasiones la nueva ley.

También el entonces legislador del PRI, Jesús Cedillo González, acompañado de funcionarios del gobierno estatal promocionó el reparto de este programa de manera personalizada al menos cinco veces y la misma falta la cometieron los diputados del PAN, Porfirio Durán Reveles y José Dolores Garduño y el perredista, Serafín Corona Mendoza.

Como se tienen los datos precisos de estas violaciones legales, se incluyen en esta investigación los casos que en aquella época se presentaron: la diputada que encabezaba esta lista de “promocionados” aprovechando el PAC, era Ana Lilia Herrera Anzaldo –curiosamente era la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales-, quien el mismo 13 de noviembre promocionó la entrega de infraestructura escolar.

El 20 de noviembre inauguró canchas deportivas y entregó materiales para el mejoramiento de los inmuebles escolares; el 29 del mismo mes, aportó para la restauración de un templo; el 3 de diciembre entregó “apoyos comprometidos con anterioridad”.

Asimismo el 5 de diciembre, con productores del campo se brindó como puente para que accedieran a créditos, equipamiento, insumos o tecnología para elevar y mejorar el producto de su trabajo; y en diciembre 11, con la entrega de sillas de ruedas, bastones, colchones y materiales para el mejoramiento de escuelas y espacios comunitarios de las diversas localidades del Distrito XXXV, dio por concluido el PAC que le correspondió en 2007.

El 10 de enero, Herrera Anzaldo reanudó su promoción con la entrega de apoyos para la compra de uniformes deportivos y con el anuncio del inicio de un programa social alimentario para familias de escasos recursos del Distrito que representaba; el 15 de enero la diputada recorrió planteles educativos en gira de trabajo para entregar apoyos destinados a mejorar los planteles escolares.

Y finalmente el 27 de enero, acompañada por los entonces presidente y secretaria general del PRI municipal de Metepec, Alejandro Abad Terrón e Ivonne Contreras Beltrán, respectivamente, encabezó un programa de reforestación en las vialidades de esa demarcación, donde también estuvieron funcionarios de Sedagro y Probosque, quienes seguramente fueron los que proporcionaron los arbolitos para esta actividad.

Por su parte el diputado del PRI, Jesús Cedillo González el 16 de diciembre entregó materiales de construcción en comunidades de Jocotitlán; el 15 de enero habitantes de Ixtlahuaca recibieron vales por material industrializado como varilla, cemento, pintura, entre otros, para la continuación de diversas obras emprendidas, así como de equipos de cómputo y de sonido para instituciones educativas y firmó compromisos para seguir apoyando a las escuelas.

El 17 de enero en San Bartolo Morelos entregó, materiales de construcción para obras diversas que se realizaron en las comunidades de San Marcos Tlazalpan, San Gregorio, La Epifanía, Santa Clara de Juárez, San Sebastián y la cabecera municipal de esa demarcación; el 17 de enero se hizo acompañar por Maribel Arreola Ceballos, coordinadora regional de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros funcionarios públicos y autoridades auxiliares, para que dieran fe de la entrega de apoyos y la utilización de los mismos en el municipio de Jocotitlán.

El 23 de enero en Ixtlahuaca Cedillo González, acompañado del presidente municipal, Juan Manuel Trujillo Mondragón; Maribel Arreola Ceballos, coordinadora de la Región 2 Atlacomulco de la Secretaría de Desarrollo Social y Patricia Santillana Paz, presidenta de Coincides, entre otros servidores públicos, entregó en la comunidad de Jalpa de los Baños, vales por material industrializado, para la introducción del drenaje y los sanitarios de la delegación, así como para el colado del puente vehicular y la construcción de guarniciones y banquetas.

Ese mismo día en San Antonio de los Remedios, el material gestionado por el legislador fue para el encementado de la Plaza Cívica delegacional, el revestimiento del canal de riego y el mejoramiento de viviendas, así como un equipo de cómputo para el jardín de niños, “Antonio Rosales”.

Más tarde en San Pablo de los Remedios entregó equipos de sonido, material industrializado para el mantenimiento de la clínica y la construcción de un puente, pintura para el mantenimiento de la escuela secundaria y el centro de salud, tubo para introducir el servicio de drenaje y lámparas de vapor de sodio para el alumbrado público, en tanto que la población de Jalpa de Dolores recibió material para guarniciones y banquetas.

Otros legisladores que violentaron este precepto constitucional son el perredista Serafín Corona Mendoza ya que 14 y 20 de noviembre respectivamente publicitó sus apoyos a instituciones educativas y para encementado de vialidades de Zinacantepec; por su parte el panista Porfirio Durán Reveles el 20 de noviembre difundió que en Naucalpan entregó cobertores y supervisó obras emprendidas bajo su gestión.

También el panista José Dolores Garduño el 27 de noviembre promocionó la entrega de dos porterías para una cancha múltiple entre otros apoyos a planteles educativos de San Felipe del Progreso; y ese mismo día la priista Blanca Estela Gómez Carmona publicitó que puso en marcha dos módulos para la tramitación de licencias en Almoloya de Juárez y Zinacantepec e hizo el recuento de la gestión que realizó ante diversas instancias del gobierno estatal, lo cual dijo “le ha permitido apoyar a los ciudadanos”.

Este recuento no tiene la intención de descalificar los apoyos que los diputados distribuyeron en sus distritos, únicamente pretende demostrar que el PAC ha sido un programa que incita a los políticos a hacerse de más y más recursos a grado tal, que la claridad de su fiscalización resultó vergonzosa para los poderes Ejecutivo y Legislativo. La opacidad de las cuentas públicas es fiel reflejo de ello.

Y todo esto tiene una finalidad, preguntarle al actual coordinador de la bancada del PAN, Enrique Vargas del Villar, si ya tiene los suficientes argumentos, políticas, candados y medidas para reactivar dicho programa, porque renglones arriba quedó claro, que ni una ley federal pudo frenar la promoción personal que este programa brinda a quienes son políticos de elección popular.

Bettina Falcón