07 de enero de 2021


El arranque oficial del proceso electoral del 2021 del Estado de México, para renovar el Congreso Local y los 125 ayuntamientos, no pudo tener tan inesperado inicio. No recuerdo ningún otro proceso electoral que haya comenzado en contextos tan terribles como el de este año, y no solo lo digo por la pandemia, que ya es decir bastante de lo mal que se ve el asunto, sino también por la sorpresiva y lamentable muerte, solo días antes, del consejero presidente, Pedro Zamudio y de otros servidores públicos que aunque de ellos poco se supo de su deceso, su desaparición marco internamente al Instituto Electoral (IEEM) encargado de organizar en medio de todo ello, el proceso más monumental de toda la historia del país, como tan monumental será el reto.

Estas súbitas desapariciones dejaron un ánimo caído que se percibió claramente en el arranque de los primeros trabajos del inicio del proceso, sin embargo el que una mujer haya quedado al frente de la dirección, ya da un viso de avance en la recuperación de su ritmo de trabajo, sobre todo en el tema de equidad de género.

Pero el proceso electoral no se antoja nada sencillo. Además del acento de pérdida, riesgo constante y miedo que ha golpeado institucionalmente la segunda ola del Covid-19 en la vida interna del IEEM, la propia pandemia impone retos que aún no han sido abordados a plenitud en el contexto de la organización de los comicios y que tienen que ver por supuesto con la seguridad y la salud tanto de los cientos de organizadores que se irán agregando en diversos frentes y en sus distintas etapas, como de los propios electores potenciales, algo así como 12 millones 600 mil ciudadanos que podrían salir a votar en medio de una pandemia que para junio podría ser menos letal pero no extinta en sus peligros. El cumplimiento cívico implicará más que nunca valor auténtico.

Por otro lado y más grave aún resultó que el propio arranque de los trabajos se vio empañado cuando en plena sesión solemne y en una evidente acción coordinada y sembrada por el gobierno del Estado de México, el PAN y el PRI sacaron a relucir la detención justo en ese momento y no antes, del alcalde de Zinacantepec, por un evento violento que sufrió el primer regidor de esa comuna el 6 de marzo -si mal no recuerdo- de 2020. Es decir, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no encontró mejor momento que el arranque del proceso, para detener al edil acusado bajo las sospechas del regidor, de haber sido el autor intelectual del ataque del que salió ileso y que ocurrió hace casi un año.

Al margen de que el edil de MORENA -falto decir- sea o no culpable, queda claro que su detención dada a conocer a la mitad de la sesión mediante un tuitazo oficial e incompleto y violando todas las formas de la “’presunción de inocencia”, podría interpretarse como un mensaje directo y brutal del gobierno estatal contra sus adversarios políticos. Resulta vital para el PRI y la actual administración recuperar el terreno perdido en 2018, además de que será antesala de lo que podría ocurrir en 2023. A vida o muerte y eso puede implicar echar mano de todo tipo de recursos.

Por cierto que a la sesión acudió como “invitado especial” el secretario general de gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, quien dados sus antecedentes, podría estar jugando a dos pistas entre enero y julio… ¿quiere apostar?

El otro contexto a destacar es que la noticia de la detención, se daba también al mismo tiempo que el Congreso Local, retomaba la discusión del Paquete Fiscal del 2021, en el que el ejecutivo estatal no quita el dedo del renglón: en año electoral quiere contratar deudas por 19 mil 500 millones de pesos. Algunos actores de Morena han dicho que no pasará… el mensaje también es para ellos, hay que estar atentos.

La detención de Gerardo Nava, me hizo recordar de inmediato uno de los capítulos vergonzosos -otro de tantos- de las administraciones priístas. Aquel en el que Enrique Peña, como gobernador y también en año preelectoral, lanzó una campaña de desprestigio y detenciones en cadena, de tesoreros, ex tesoreros, alcaldes y exalcaldes de oposición, utilizando a las áreas de la contraloría del propio Congreso Local y de la Secretaría de la Contraloría. Varios de esos exalcaldes y extesoreros, del PRD la mayoría -entonces auténtica oposición de izquierda-, fueron a parar al bote y otros sometidos a irregulares procesos penales.

Por eso no resulta extraña la detención de Gerardo Nava en estos momentos, tampoco las formas.



Hasta la próxima