El Estado de México está en los últimos lugares a nivel nacional en materia de Estado de Derecho. Así lo informó el Índice de Estado de Derecho en México 2019 – 2020, realizado por el World Justice Project (WJP).

El índice, que mide de 0 a 1 el estado de derecho que guarda el país y las entidades federativas, toma ocho factores divididos en 42 sub factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Este índice se mide en 113 países del mundo.

En la suma de todos estos factores, la entidad mexiquense alcanzó una calificación de 0.36, al igual que la Ciudad de México y Morelos. Esta es la antepenúltima calificación más baja del país, solo detrás de Quintana Roo y Puebla, con 0.35, y Guerrero, con 0.33. Esto indica una adhesión más débil al Estado de Derecho por parte de la entidad gobernada por Alfredo del Mazo.

En el rubro “Límites al poder gubernamental”, que mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley, y si existen frenos y contrapesos que los obliguen a rendir cuentas, arrojó 0.27 puntos en elecciones limpias y transparentes, siendo su mayor flaqueza en este rubro. En contraste, con 0.53 puntos, la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa buscan ser un contrapeso eficaz del gobierno estatal. El sub factor “el poder legislativo local es un contrapeso eficaz del gobierno estatal” obtuvo una calificación de 0.44 puntos, mientras que “el poder judicial es un contrapeso eficaz del gobierno estatal” tuvo 0.52. Esto quiere decir que, a pesar de la cobertura mediática contra el poder judicial, durante 2019 fue más eficaz en ser contrapeso del ejecutivo que el congreso mexiquense.

Lo que sí falla peor que estos dos anteriores en ser contrapeso son los organismos de fiscalización y control como el Osfem, que recibió puntaje de apenas 0.32, el segundo más bajo en los sub factores. Muy cercano, los funcionarios del gobierno estatal rara vez son sancionados cuando abusan de sus funciones o no cumplen la normatividad, pues aquí se recibió una calificación de 0.36. Esto promedia una puntuación de 0.41 a los Límites al poder gubernamental.

El factor “Ausencia de corrupción” arroja resultados más graves. El sub factor “Los funcionarios del poder ejecutivo estatal no incurren en actos de corrupción” tuvo un puntaje de apenas 0.28, muy contrastado con “Los funcionarios del poder judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados”, que obtuvo 0.44. Además, “Los funcionarios del poder legislativo no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados” obtuvo puntaje de 0.23 y “Los funcionarios de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados” obtuvo 0.26. Esto quiere decir que el congreso local, que inició funciones en 2018 y con mayoría morenista, abusa de su poder para obtener beneficios, incluso más de lo que de por sí abusan los sistemas de seguridad y el propio ejecutivo estatal. El “menos peor” en este rubro de corrupción fue el poder judicial, de acuerdo con el índice del WJP. Dicho en términos muy simples: el congreso morenista salió aún más abusivo del poder que Del Mazo. En conjunto, este factor tuvo calificación de 0.30, la segunda más baja de los ocho factores.

El rubro “gobierno abierto” es muy contrastante en sus dos sub factores. El sub factor “Los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones”, con puntuación de 0.30, muestra que los mexiquenses son bastante apáticos, incapaces de salir de su rol meramente electoral a menos que tengan conocimiento de una medida que los afecte directamente; el ejemplo más claro de esto es el alza a la tarifa en el transporte público, el único caso reciente de involucramiento en políticas públicas. En contraste, el derecho a la información pública se garantiza con una mediana eficacia, con 0.58 de puntuación. En conjunto, Gobierno abierto recibió 0.44 de puntuación.

Los derechos fundamentales son el factor mejor calificado de la entidad. De estos, el que mejor se garantiza es el derecho a la libertad religiosa y de culto, el cual recibió un puntaje de 0.76. Un poco más rezagado está el derecho a la libertad de asamblea y asociación, con 0.59 puntos. Casi a la mitad del índice se encuentra garantizado el derecho a la libertad de opinión y expresión, con puntaje de 0.58. El derecho que menos se garantiza de acuerdo con el índice fueron los derechos laborales, sub factor que recibió apenas 0.33 puntos, muy cercano al derecho a la privacidad, que recibió 0.39.

En contraste, el Estado de México fracasa estrepitosamente en términos de seguridad. El sub factor “Ausencia de crimen” recibió 0.13 puntos de calificación, la “Ausencia de homicidios” obtuvo 0.25, al igual que “Las personas se sienten seguras”. Dicho de otro modo, y de manera congruente con datos del INEGI o del SESNSP, el Estado de México sigue siendo de las entidades más inseguras del país. En conjunto, el factor de “orden y seguridad” obtuvo calificación de 0.21.

El factor de Cumplimiento regulatorio fue más homogéneo, pero sin alcanzar la mitad del índice. El sub factor “La normatividad y las regulaciones gubernamentales se cumplen de manera efectiva” obtuvo puntaje de 0.34. Un poco más elevado es el tema “Ausencia de corrupción en la aplicación de normas y regulaciones gubernamentales”, con puntaje de 0.36. La “Resolución efectiva y eficiente de los procedimientos administrativos”, que fue el sub factor más alto en este rubro, apenas llegó a los 0.44 puntos, mientras que, con 0.33 puntos, el debido proceso se garantiza muy poco en los procedimientos administrativos. El factor en conjunto recibió una calificación de 0.37.

Esa misma calificación la recibió el tema de la justicia civil. Muy pocas personas conocen sus derechos y confían en las instituciones del sistema de justicia civil, como evidencia el 0.28 de puntuación que recibió este sub factor. Además, las personas rara vez tienen acceso a información y asesoría legal asequible y de calidad cuando enfrentan problemas legales o disputas, puesto que este sub factor recibió calificación de 0.38. El sub factor más elevado fue “Los mecanismos alternativos de solución de controversias son accesibles, imparciales y expeditos” con puntuación de 0.47, por debajo de la media del índice.

Por último, la justicia penal tuvo un puntaje de 0.33. Hay una muy escasa efectividad en la procuración e impartición de justicia, así como el respeto a los derechos de las personas detenidas, personas privadas de la libertad, y las víctimas de algún delito. Prueba fehaciente de ello es que el sub factor “La policía y el ministerio público investigan los delitos de manera eficaz” tuvo 0.18 puntos. Dicho en términos simples, la policía estatal es sumamente mala para investigar delitos, lo que evidentemente conlleva a un estado de impunidad tremendo. El sub factor más avanzado fue “el debido proceso legal de los acusados, el cual se garantiza con una mediana efectividad de 0.42 puntos de calificación.

Se trata de un estado de derecho sumamente deteriorado en la entidad, bajo la total ausencia del gobernador Alfredo del Mazo, evidenciando que, a dos años y medio de su toma de protesta, nada ha cambiado en la entidad, esta vez, y como también manifiesta el índice, con el teórico “contrapeso” del congreso estatal morenista abrevando privilegios y poder para sí, mientras mantienen un discurso “opositor” que no se sostiene con hechos. En términos empíricos, quizá la prueba más grande de este debilitamiento del estado de derecho fue la polémica del reemplacamiento ejecutada por del Mazo y arropada por Morena, y más recientemente, el alza a la tarifa del transporte público. En el ejercicio del poder mexicano y mexiquense, y como muestran los datos de WJP en este caso, los colores partidistas son meros distractores de un pésimo ejercicio por parte de los tres poderes.

Héctor Castañeda