El presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, Arturo Chavarria Sánchez, advirtió la urgencia de revisar las leyes y reglamentos de construcción en la entidad, para prevenir mayores desastres ante un sismo y garantizar que las empresas constructoras o particulares, respondan ante malas prácticas constructivas, como el uso de materiales de baja calidad o sobrecarga de peso a estructuras originalmente planeadas o calculadas para diseños más ligeros.

Destacó que se requiere revisar los Libros 12, 18 y 5º del Código Financiero del Estado de México, relativos a la Obra Pública, la Obra Privada y Asentamientos Humanos, respectivamente, los cuales son solo “enunciativos” y carecen de especificaciones técnicas o lineamientos, para la construcción de cualquier tipo de infraestructura.

El especialista destacó que ante la carencia de este tipo de normatividad en la entidad mexiquense, la industria constructiva, empresarios y particulares se rigen en muchos momentos (por ejemplo en un juicio), con las leyes de la Ciudad de México que son mucho más específicas y completas desde que se reformaron a partir del sismo del 85.

No obstante lo anterior, indicó, esto no es suficiente, ya que el Estado de México requiere con urgencia que se modifiquen, reformen, adicionen o actualicen todos los reglamentos y leyes que confluyen en el tema de infraestructura, pero con criterios técnicos muy específicos para cada zona y región de la entidad.

En este sentido, Chavarría Sánchez, refirió que además es urgente hacer una “zonificación territorial” de toda la entidad, pues no es lo mismo construir un hospital, escuela o vivienda en una zona con antecedentes lacustres, como la del municipio de Lerma, que en el oriente o norte de la entidad, donde hay superficies más secas y otro tipo de suelos.

Indicó que además de carecer de normatividad moderna y actualizada en materia de construcción, tampoco hay alguna instancia que regule las ampliaciones que se hacen en edificios públicos como hospitales, escuelas o centros de reunión, a los cuales los gobiernos les canalizan recursos públicos adicionales para ampliarlos, pero teniendo de base los diseños originales.

El presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de la entidad mexiquense, señaló que este tipo de prácticas se han hecho cada vez más frecuentes ante la creciente demanda de servicios o de usuarios, lo que pone en riesgo la infraestructura publica, pues no hay instancias que revisen o regulen este tipo de ampliaciones.

Mary Delgado