04 de abril del 2024


Emma López Juárez vive en un Chevy negro desde el 18 de septiembre de 2021. Ese día, agentes de la fiscalía especializada en desapariciones de Puebla entraron con una orden de cateo a su casa, ubicada en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza de la capital del estado. Buscaban indicios sobre la desaparición de dos primos de 37 y 34 años, quienes habían sido vistos por última vez tres semanas antes en la colonia La Paz, a seis kilómetros del domicilio de la maestra.  

  Ese martes, como cada día, Emma salió temprano a trabajar; desde hacía seis años era empleada en una pastelería, donde empezó como ayudante de producción y luego pasó al área de etiquetados. Al regresar, encontró su casa saqueada por los policías y a su hermano Rafael detenido; tampoco estaban sus dos perros, que según los vecinos mataron durante el operativo. El profesor de bachillerato, entonces de 54 años, pasó dieciocho meses en la cárcel antes de ser liberado.  

  De pie frente al Chevy, Emma voltea hacia la puerta de metal de su hogar, al que una orden judicial le impide acceder. “Estamos ahí afuera, ahora los dos [ella y su hermano] dormimos en el coche”, cuenta. “Bueno, una carcacha que tenemos, porque pues no podemos pasar, no tenemos ahorita tampoco nada que testimonie que podemos trabajar. No tenemos documentos, no tenemos empleo, no tenemos dinero”.  

  Emma perdió sus bienes y su familia en apenas unas horas. Durante el cateo, dice, también le robaron 200,000 pesos en ahorros y, debido a que estaban en el interior de la vivienda, no ha podido recuperar sus certificados de estudio y su cédula profesional, tampoco los de Rafael, por lo que se les dificulta conseguir trabajo. Con una maestría en Literatura, la mujer de 58 años refiere que durante más de dos décadas, de 1988 a 2011, trabajó como correctora de estilo y redactora en El Heraldo de Puebla.  

  Desde ese día de septiembre, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares ha violado su derecho a la vivienda, pues no le permiten ingresar a su casa, y al debido proceso, ya que no le han dado acceso a la carpeta de investigación, señala en entrevista Daniela Torres Parra, abogada de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla.  

  Hasta hoy, la desaparición de los primos Erick N. P. y Juan N. V. –hallados muertos días después– sigue sin resolverse, y ni a Emma ni a Rafael les han explicado por qué fueron relacionados con el delito.  

  “No quieren entregar la casa, la camioneta, el dinero ni nada, porque saben que todo lo hicieron mal. Hay niños, hay niñas [del vecindario] que vieron [lo que pasó] y que desechan desde el principio la versión de los ministeriales, porque ellos nos dicen que llegaron y tocaron muy amables, pero no, llegaron a romper la casa”, denuncia Rafael.  

 

  

‘Los descuartizadores’  

A las diez de la mañana del 18 de septiembre de 2021, cerca de veinte policías judiciales y ministeriales rodearon la casa de los hermanos López Juárez. En su interior descansaba Rafael; el profesor de bachillerato se había contagiado de covid-19, por lo que tuvo que regresar de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, para dar sus clases en línea. Quince días antes había comprado una camioneta blanca Lincoln Navigator 2006, que ese día cubría la entrada de la vivienda que habitaba la familia desde 1979.  

Los vecinos de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, una colonia popular con altos índices delictivos, bajaron las cortinas de sus negocios ante las advertencias de los policías. Cuando Emma volvió de la pastelería a las dos de la tarde se encontró la vivienda asegurada, pero con las puertas abiertas. En la entrada estaba el documento que le impedía entrar: una copia de la solicitud de la fiscalía especializada para que se ejecutara la orden de cateo, como parte de la investigación contenida en la carpeta FGRP/CDI/FEIDDFDCP/DESAPARECIDOS-1/000634/2021. Supo por los vecinos lo que había pasado; también le dijeron que mejor no se acercara, temían que hubiera agentes encubiertos o delincuentes en los alrededores o dentro de la casa.  

Para entonces, un rumor había empezado a correr en la colonia: los hermanos López Juárez, conocidos como “los maestros”, empezaron a ser llamados “los descuartizadores”.  

La fiscalía especializada argumentó, en la solicitud a la jueza para que autorizara la orden de cateo –a la que tuvo acceso este medio, así como a otros documentos relacionados con el proceso de Rafael y con las gestiones para recuperar la vivienda–, que esperaba encontrar en la casa indicios sobre el paradero de los primos, aunque para esa fecha sus cuerpos ya habían sido localizados.  

Los dos hombres fueron vistos por última vez el 27 de agosto, cuando acudieron a una entrevista de trabajo en la ciudad de Puebla; cuatro días después se encontraron sus cuerpos, calcinados y con huellas de violencia, en el municipio mixteco de Izúcar de Matamoros, a más de una hora de distancia de la capital poblana. Según reportes de medios locales, desde el día 3 de septiembre habían sido identificados. Ese mismo mes, el día 29, la Fiscalía General del Estado (FEG) de Puebla informó sobre la detención de una banda de cinco secuestradores, a la que vincularon con los crímenes.  

“No encontraron nada [durante el operativo] porque es lógico que nosotros no nos dedicamos a hacer otra cosa más que trabajar y estudiar”, dice Emma. “Entonces, se lo llevan [a Rafael] por cohecho y delitos contra servidores públicos. Después de eso, mataron a mis perros que tenía, dejaron las puertas abiertas; todo me saquearon, todo, todo, todo”.  

Antes de ese día, el tiempo libre de los hermanos transcurría entre recopilar leyendas de Puebla para convertirlas en narraciones, convivir en familia y salir de viaje. Preparaban una trilogía de libros con estas historias, que durante diez años Emma publicó cada domingo en El Heraldo de Puebla. “Y luego con esto se nos acabó todo”, lamenta.  

Aún no saben por qué los agentes aseguraron su casa. Llegaron a pensar que podía relacionarse con la compra de la camioneta, que un vecino le vendió a Rafael, pero un documento del Registro Público Vehicular, en poder del profesor, consigna que no tiene reporte de robo ni está relacionada con ningún delito.  

La abogada Torres Parra precisa que la fiscalía especializada, si bien tiene el derecho de solicitar órdenes de cateo e investigaciones cuando haya indicios suficientes del delito que se persigue, ha impedido el acceso a la justicia de los hermanos López Juárez.  

De haber encontrado indicios en la casa, explica, tendrían que habérselo notificado a la dueña, Emma. Pero eso no sucedió; a la fecha, ni ella ni Rafael han podido revisar la carpeta de investigación porque el agente del Ministerio Público (MP) que investiga la desaparición de los primos no se los ha permitido, aseguran los hermanos.  

Torres Parra aclara que, aunque los primos ya no están desaparecidos, pues fueron identificados como víctimas de homicidio, la fiscalía especializada sigue a cargo de la investigación porque los cuerpos fueron encontrados cuando se había iniciado la indagación por el delito de desaparición y le corresponde concluirla.  

“En caso de que [Emma y Rafael] estuvieran siendo investigados [por la desaparición], tendrían derecho a revisar la carpeta de investigación, porque es parte del derecho de su defensa. Si no, por el simple hecho de que aseguraron y catearon su inmueble deberían poder verla, y eso les daría un poco de luz para saber si encontraron algo, y así podrían pedir que se retirara el aseguramiento. El [agente del] ministerio público, al negarles el acceso a la carpeta, está violando su derecho a la información y a una defensa técnica y adecuada”, señala.  

‘No están encontrando a los desaparecidos’  

Según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), las desapariciones en Puebla se han multiplicado en los últimos años. De 66 personas registradas en 2020, el número aumentó a 442 en 2023, y tan solo del 1 de enero al 21 de marzo de este año hubo 163 casos. Actualmente, según el RNPDNO, hay 2,786 personas desaparecidas en el estado.

La investigación y el esclarecimiento de las desapariciones en Puebla son prácticamente nulos. Un análisis de la organización Impunidad Cero consigna que el estado tiene 99.6% de impunidad acumulada de 2019 a 2022 en casos de desaparición forzada y cometida por particulares, porcentaje que se obtuvo tras comparar las sentencias por estos delitos con los casos registrados en el RNPDNO.

Incluso cuando se condena a los culpables, las personas continúan sin ser localizadas. Según el portal Manatí, en los pasados meses de diciembre y enero, la FGE de Puebla logró tres sentencias por la desaparición de Nicora García, Ariana Corona, Betzabé Alvarado y Fabiola Narváez, pero ninguna de las cuatro jóvenes ha sido hallada.

“Tenemos casos con sentencias condenatorias y otros con sentencias absolutorias por deficiencias de la fiscalía, pero las víctimas siguen desaparecidas; se están enfocando más en cuadrar una investigación para tener a alguien castigado que en la búsqueda”, advierte en entrevista María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. “Hay algunos perpetradores que, por lo menos, tienen una sentencia condenatoria, pero otros están libres, y las víctimas continúan desaparecidas, sin un rastro ni una pista que nos indique que pronto se les va a encontrar”.

Para la madre buscadora, el trabajo de la fiscalía especializada –creada en 2020 como una unidad administrativa de la FGE– resulta insuficiente e ineficiente. Subraya que ni los veinte MP ni los más de treinta elementos de la policía investigadora asignados al área han logrado un mayor número de localizaciones.

“Ya hay más agentes del ministerio público y de investigación, ya tienen más herramientas porque existe una ley general, hay [también] una ley estatal y un protocolo, ya tienen más recursos porque año con año le han incrementado el presupuesto a la Fiscalía General del Estado, pero de todas formas no están encontrando a los desaparecidos; entonces, ¿cuál es el problema?”, subraya. “La realidad es que las víctimas no son buscadas […], cuando se da el aviso de que hay bolsas con cuerpos desmembrados o una fosa, normalmente es resultado del trabajo que hacen las familias y de que consiguen información de testigos”.

Alexia Martínez Montalbán, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, cuenta que han identificado una gran cantidad de carpetas de investigación asignadas a cada agente del MP, lo que impide que conozcan la totalidad de su contenido y provoca que, cuando atienden una, descuiden otra.

“En muchas carpetas de investigación, por omisiones no se tuvo acceso a cosas muy importantes, como las redes de vínculos, las sábanas de llamadas”, agrega. “Sabemos de mucha negligencia al interior de la fiscalía con muchos casos, pierden pruebas relevantes y la integración de las carpetas a veces es insuficiente”.

En lucha por su hogar

El laberinto judicial en que se vio inmersa Emma se bifurcó tras la detención de Rafael: trataba de obtener la libertad de su hermano, probar su inocencia, y a la vez recuperar su casa.

Rafael fue detenido cerca de las once y media de la mañana de ese 18 de septiembre; lo trasladaron desde los separos al Centro de Readaptación Social (Cereso), acusado de los delitos de cohecho y ataque a funcionarios. El profesor sostiene que la acusación es falsa, pues con el argumento de que tenía dinero en la bolsa del pantalón y que dentro de su casa había un machete apoyado en la pared, las autoridades aseguraron que trató de sobornar y agredir a los policías que participaron en el operativo.

Para lograr la liberación de su hermano, Emma acudió el 5 de septiembre de 2022 al Martes Ciudadano, una iniciativa del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta para atender las peticiones de la ciudadanía. El mandatario turnó su caso a la Defensoría Pública del estado.

“Él [Barbosa] me apoyó, me contactó con la licenciada de la Casa de Justicia [un espacio estatal que brinda ayuda en los procesos legales]; ella, después de los ocho licenciados de oficio que nos habían cambiado, le tupió, le tupió, le tupió, y [mi hermano] salió con suspensión condicional del proceso”.

El profesor estuvo preso dieciocho meses; tras ser liberado, el 27 de marzo de 2023, tuvo que acudir durante medio año al Cereso a firmar cada semana como medida cautelar mientras concluía el proceso penal; finalmente, fue absuelto el pasado 27 de septiembre. “No se le pudo demostrar nada”, dice Emma.

Este 4 de abril, Rafael tendrá una última audiencia para finalizar el proceso y solicitar la devolución de los bienes que le quitaron: su dinero y su camioneta.

La otra batalla de la maestra era por su casa. Pese a que acreditó la propiedad ante el agente del MP de la fiscalía especializada, se han negado a devolvérsela.

“Le dije [al MP] que es mi casa, pero él dice no, no lo es, tu casa está intestada. Pero es mi casa, me la donó mi señor padre y también mi hermana; ambos ya murieron, una en 2010 y mi padre en 2011, entonces la casa es mía”.

Según las escrituras, Emma es la dueña de la vivienda, pues le fue donada por su padre, Pedro López Ortiz, quien tenía junto con su hija María del Carmen el usufructo vitalicio del inmueble, es decir, podían habitarlo mientras vivieran. Puesto que ambos fallecieron, ahora la propietaria es la maestra.

De acuerdo con la abogada Torres Parra, el único posible obstáculo para recuperar la casa sería que, tras la muerte del padre y de la hermana de Emma, no se hubiera cancelado el usufructo vitalicio ante la notaría o el Registro Público de la Propiedad, pero aun así debería poder recobrarla. “De hecho, la única dificultad es la carente buena diligencia que debería tener la fiscalía”.

La maestra interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), con el oficio FGE/FEDH/UDH/0421/202, el 25 de noviembre de 2021 por el aseguramiento de la casa por la FGE, que fue desestimada el 2 de mayo de 2022.

Rafael denunció el caso al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, quien el 19 de mayo de 2023 dirigió un oficio al titular de la fiscalía especializada, Alejandro García Badiola, y al visitador general Mario Ángel D’Abbadie Reyes, con la instrucción de que le dieran seguimiento. Tres días después, la Visitaduría General le informó que verificarían que los “servidores públicos de la institución” cumplieran con la procuración de justicia.

Los hermanos también solicitaron la ayuda del actual gobernador, Sergio Salomón Céspedes. Su caso fue turnado al área jurídica del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) estatal desde el pasado 23 de mayo para que les brinden acompañamiento legal, pero no se ha logrado ningún avance.

“Nos encontramos ante autoridades que no conocen de violaciones a derechos humanos y que, además, las perpetúan”, afirma Torres Parra. “La fiscalía especializada tiene muchísimo trabajo pendiente, me parece muy impactante que en lugar de dedicarse a investigar y buscar responsables se dediquen a jugarle chueco a personas que ya comprobaron que no tienen nada que ver [con un delito] y sigan violentándolas”.

Al consultar a la FGE sobre el caso, su enlace de prensa indicó que el inmueble continúa asegurado porque la investigación por la desaparición y el homicidio de los dos primos no ha concluido, sin dar más información.

Dormir en un coche

Aunque mide poco más de metro y medio de altura, Emma dice que se ha encogido desde el 2021, al tener que dormir sentada en el estrecho Chevy. Fue lo único que le dejaron los ministeriales, el vehículo estacionado afuera de su casa. Rafael, más alto, se acomoda en el asiento del copiloto con las piernas estiradas, mientras su hermana duerme sentada, encogida a su lado.

Desde ahí, Emma vio cómo los delincuentes saqueaban su vivienda, cada noche, sin tregua. Salían en la madrugada, cargados con sus cosas. “El 6 de septiembre de 2022 un ratero entra, jala el calentador y abre la puerta; yo hice mi reporte a la policía, de que no puedo entrar a mi casa y que esto pasó”. Pero las autoridades no hicieron nada.

Emma vive en el Chevy, cuenta, para evitar que su casa termine completamente desmantelada. Pero el mismo automóvil ha sido poco a poco destruido: le han robado las llantas, los rines, le rompieron un vidrio e incluso le quitaron partes del cofre.

Desde que Emma perdió su trabajo en la pastelería, en noviembre de 2023, los hermanos López Juárez tienen una rutina diaria que solo se modifica cuando van a hacer diligencias a la fiscalía. O cuando sus vecinos los invitan a comer, a cenar un pan con café, o “a un convivio”.

Se levantan temprano, antes de las seis y media, y salen a buscar plástico y aluminio por la colonia y sus alrededores. Caminan entre tres y cinco horas para juntar residuos que luego venden a un centro de reciclado; el más cercano les queda a 40 minutos a pie de su casa.

Aunque Emma ha ingresado solicitudes de trabajo “en todos lados, de lo que sea”, no la quieren contratar, dice, ya sea por su edad o porque no tiene documentos. Y es que expedir la cédula profesional cuesta poco más de 400 pesos, que ni ella ni Rafael tienen.

“Unas vecinas me han regalado ropa, zapatos, porque pues no tengo; así como salí, así ando”. Dice que lo único que quiere es su casa. Que se la devuelvan porque es suya. Aunque prácticamente sea un basurero, un cascarón vacío, para ella continúa siendo su hogar.