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“Es de seguridad nacional”; AMLO defiende blindaje de obras en su administración

INAI analiza si esto viola derecho a la información

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“Es de seguridad nacional”; AMLO defiende blindaje de obras en su administración



23 de noviembre de 2021

Luego de que durante la noche del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretara como de interés público y de seguridad nacional la realización de los proyectos y obras prioritarias encabezadas por su administración, defendió el día de hoy la acción como un tema de “seguridad nacional”.

En conferencia mañanera, aseveró que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país.

Por lo que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente.

Además, el presidente consideró que “es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos, y que a fin de que la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.

Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos.

“Que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias, eso fue el acuerdo”, explicó.

Aseguró que el tema no tiene que ver con la transparencia.

A pesar de esto, según el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

En tanto, el artículo 110 de esta misma norma añade que en la información reservada se podrá incluir aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.

Las obras relacionadas con este decreto, específicamente, están asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.

Esto significa que el decretar, de noche y en fast track, la información como interés público y seguridad nacional, hace que las obras de su administración, como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y más, no pueda ser accesible a cualquier persona. Además, permite la la emisión de permisos o licencias provisionales, en menos de cinco días, para dar pronto inicio a su construcción.

Curiosamente, esta acción se da luego de que saliera a la luz la investigación de Latinus, donde se reveló que en una revisión de 966 contratos otorgados por el ejército para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se encontrasen contratos a empresas fantasma.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó, a través de un comunicado, que analiza el decreto de seguridad nacional para obras de infraestructura, con el fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados.

Staff Redacción

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