Este 18 de diciembre se cumple un mes de que el exsecretario mexicano de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, general Salvador Cienfuegos Cepeda, fue entregado a México después de que Estados Unidos le retirase los cargos por narcotráfico y lavado de activos, según notificó el fiscal  Seth DuCharme, de Nueva York, que llevaba el caso.

El proceso de repatriación del militar mexicano fue sorprendentemente rápido tras el acuerdo que un día antes hicieron público los gobiernos de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador.

Cienfuegos llegó a las 18:40 horas al Aeropuerto Internacional de Toluca, estado de México, y de inmediato se le condujo al hangar privado de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde se le practicó un examen médico y se le notificó que existe una investigación penal en su contra con base a la información que el fiscal DuCharme entregó al gobierno mexicano.

A cambio, el ex secretario de la Defensa entregó a los representantes de la fiscalía que lo atendieron, su información personal y de contacto, incluido su domicilio y número de teléfono celular en donde puede ser notificado para las diligencias ministeriales a que haya lugar, y dijo estar en total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación que se abrió en su contra.

Treinta y dos minutos después de su arribo al aeropuerto mexiquense, el general dio las gracias y se retiró de las oficinas de la FGR, con lo que se dio por terminada la diligencia ministerial.

Desde entonces, la fiscalía federal guarda total hermetismo sobre un caso que conmocionó al mundo por las connotaciones jurídicas y políticas que representa para los gobiernos de ambos países.

Un día después de la emancipación sin cargos del general Cienfuegos Cepeda, acción que de acuerdo con investigaciones de la periodista Anabel Hernández –especialista en temas de narcotráfico– se dio luego de que el presidente López Obrador fue coaccionado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para negociar la libertad del exsecretario, el mandatario pidió a los ciudadanos tener confianza en su gobierno.

En su conferencia del 19 de noviembre, el presidente aseguró que “habrá resultados” por parte de la Fiscalía General de la República sobre el caso Cienfuegos, y que su gobierno estaba sentando “las bases de una nueva forma de impartir justicia”.

Esa postura de López Obrador contrastó con la opinión que externó un mes antes –el 16 de octubre– cuando no se habían cumplido 24 horas de la detención del militar en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

Con cierto deleite por la noticia, la cual utilizó para robustecer su discurso de que la detención del ex ministro de la Defensa de Enrique Peña Nieto era “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, y de cómo se fue degradando la función pública en los gobiernos neoliberales que él heredó, el gobernante refirió que el “hecho, muy lamentable,” debía servir “para comprender que el principal problema de México es la corrupción; eso fue lo que dio al traste con todo”.

Y fue más allá. Afirmó que los miembros del Ejército que estuvieran involucrados con Salvador Cienfuegos serían suspendidos “porque no vamos a encubrir a nadie”.

Para Anabel Hernández la sorpresiva detención del general y la promesa de López Obrador de no tapar a nadie en el ejército, se conjugaron para causar un profundo descontento entre los militares mexicanos. Fue tan grande la molestia que provocó una urgente intervención de Luis Crescencio Sandoval ante el mandatario.

“Justamente Crescencio Sandoval, quien después de estas manifestaciones del presidente, lo llama y lo ve y le manda un mensaje y le dice: ‘estoy perdiendo el control del Ejército’. Me parece que esa frase haya movido al presidente para tomar esta decisión (de exigir a Estados Unidos la liberación de Cienfuegos)”, aseguró la periodista al programa Sin Censura TV.

Así, lo que el 20 de noviembre era un claro ejemplo de corrupción. dejó de serlo. Simple y sencillamente el discurso presidencial cambió hacia una ruta que concluyó el pasado 15 de diciembre cuando la Cámara de Diputados aprobó –en lo general y particular– la ley que mandata a los agentes extranjeros a informar sobre sus acciones en el país a las autoridades mexicanas, una presencia irregular que Felipe Calderón aprobó cuando fue Presidente y que para el gobierno de López Obrador había pasado sin objeción hasta que estalló el enojo de los militares mexicanos por la detención de Cienfuegos.

Asimismo, destaca el pusilánime papel que asumió el fiscal Alejandro Gertz Manero en el caso del general: una censurable actitud de invisibilidad y opacidad que se hace todavía más cuestionable si se revisa el resultado de su inacción en otros casos de combate a la corrupción, uno de los ejes que más destaca el gobierno de López Obrador desde el punto de vista mediático.

Igualmente destacan las declaraciones del director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, en el sentido de que “la corrupción en trámites y servicios, que incluye a los gobiernos federal y estatales, sigue creciendo”, y que lamentablemente la gran corrupción trasnacional sigue sin sancionarse en México.

“Sobre los casos más sonados todavía no hay sentencias y ningún activo desviado ha sido recuperado. Hay cambios sí, pero todavía no están reflejándose”, aseguró el activista.

Esto significa que el mayor faltante no está en las herramientas o los diseños normativos, sino en los resultados.

“Todavía no hay redes de corrupción desmanteladas: Los casos de los exgobernadores siguen pendientes de juicio y no hay recuperación de activos ni reparación del daño a las víctimas. Hay más herramientas, más facultades, más trabajo, pero los resultados son todavía muy parecidos a los de antaño”, insistió Eduardo Bohórquez.

La razón de esta reiterada queja de presuntos opositores al régimen morenista tiene su razón de ser: el gobierno federal dejó a un lado al Sistema Nacional Anticorrupción y enfocó sus esfuerzos en la Fiscalía, en el Servicio de Administración Tributaria y en la Unidad de Inteligencia Financiera, dependencias que por momentos parece no actúan de manera coordinada o sus titulares –al menos en el caso de Gertz Manero– dan la impresión de que no son los adecuados para ocupar tan importantes cargos.

Es cierto. Hoy están detenidos o en proceso de ser turnados a tribunales penales que los juzguen por los presuntos delitos que cometieron, personajes como Emilio Lozoya, César Duarte, Juan Collado y Rosario Robles.

También lo es la recuperación de miles de millones de pesos de impuestos no pagados por grandes empresarios, y que se desmanteló la “ordeña” de combustibles con causaba un grave daño patrimonial a la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Pero hasta hoy el combate a la corrupción no registra grandes cambios más allá del mediatismo, de la declaración espectacular que no termina en acusaciones jurídicas y administrativas concretas, en detenciones y sentencias ejemplares a los corruptos empezando desde las más altas esferas del gobierno y las cúpulas de los poderes fácticos como el ejército, los empresarios, el clero, los sindicatos, las instituciones bancarias y financiera, así como los consorcios transnacionales y la alta burocracia.

Por eso es tan importante que el presidente López Obrador acelere la actuación del fiscal Manero en el caso Cienfuegos y se conozca si al militar, irremediablemente perdido en caso de haber sido juzgado en los Estados Unidos, será juzgado por gobierno sin importar el enojo de los militares.

Es el momento de terminar con el juego del discurso demagógico, la simulación y la doble moral en los temas del combate a la corrupción, la opacidad y la irresponsabilidad de la función pública. Eso es lo que se prometió al pueblo mexicano. Eso es lo que se le debe dar.

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Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.