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octubre 27, 2019El Eterno Aprendiz: La Filosofía, La Ciencia y La Praxis Jurídicas
PLUMAS
El Eterno Aprendiz: La Filosofía, La Ciencia y La Praxis Jurídicas
27 de octubre de 2019
Hace más de una semana que se dio a conocer a nivel nacional e internacional que el Gabinete de Seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pactó la liberación de Ovidio Guzmán López, mejor conocido por ser el hijo del Chapo Guzmán y heredero de uno de los carteles de la droga y de la delincuencia organizada más peligrosos y numerosos de la historia contemporánea de México.
También se dio a conocer por todos los medios, que ese intercambio, que en apariencia es censurable, se hizo frente a la inminente masacre de personas, entre ellas, civiles, fuerzas policíacas y fuerzas armadas, las cuales se vieron cercadas por una organización de criminales que tuvieron todas las circunstancias a su favor para lograr su objetivo infranqueable: la liberación de uno de los hijos de Guzmán Loera.
Esto ha detonado diferentes críticas de diversos sectores, destacándose la oposición que, abiertamente y aprovechándose del disgusto social y de la ya conocida “amnesia colectiva” de los mexicanos, pide otra sangrienta declaratoria de guerra en contra de la delincuencia organizada, la que hace dos sexenios cobró miles de vidas humanas de civiles, fuerzas policíacas y castrenses, además de la calificación internacional de ser uno de los países más peligrosos y más corruptos del planeta.
En este entramado de hechos conocidos, de hechos a medio conocer y hechos desconocidos, resaltan las interrogantes siguientes: ¿qué sucedió al interior de gabinete de seguridad del presidente de México para dar lugar a la liberación de Ovidio Guzmán?, ¿qué papel jugó el presidente de México en las operaciones del gabinete de seguridad para dar lugar a la liberación del hijo de Guzmán Loera?, ¿cuál debe ser la perspectiva del presidente de México ante el operativo frustrado con el que se incumplió la orden de aprehensión con fines de extradición vigente en contra Ovidio Guzmán López, quien asumió un papel de superioridad frente al Estado Mexicano?
Para hallar una respuesta a estas interrogantes, es pertinente por una parte, recurrir a la teoría general de la prueba, que nos dará un método para descubrir los hechos desconocidos a través de un pensamiento abductivo, con lo que crearemos presunciones humanas válidas para aproximarnos a esos hechos ignorados (a sabiendas de que la información más veraz la tienen los directamente involucrados) y por otra parte, a la teoría de los actos propios que se resume en la frase: non venire contra factum propium; que implica, de modo sintético, que una persona no puede ir en contra de su conducta precedente, en otras palabras, no es permisible que una persona o personas se retracten de sus actos pasados, cuando estos actos conscientes anteriores indican, de forma congruente, que en lo ulterior debe actuarse de un modo determinado y firme; lo que significa que no es válida la retractación o la variación del comportamiento, cuando el actuar precedente indicó y preestableció un comportamiento posterior.
Las operaciones racionales se realizarán para poner en evidencia que los principios de la filosofía del derecho y de la ciencia jurídica aterrizados en la vida real, adquieren importancia capital para obtener respuestas, no sólo de hechos individuales, sino también de los hechos sociales vivos del país; todo ello para estar en la posición de asumir posturas y emitir críticas racionales y objetivas que generen información más pulcra y más aproximada a los hechos sujetos al análisis jurídico y político.
Para construir presunciones humanas válidas, se generará una cadena de indicios hasta construir hipótesis preliminares que posteriormente se contrastarán con los contraindicios habidos hasta este momento, para luego determinar si con esos contraindicios pueden enderezarse contrahipótesis, de tal modo, que si estas últimas no se construyen, entonces prevalecerán las hipótesis preliminares, las cuales alcanzarán la calidad de presunciones válidas, todo ello se insiste, dentro del parámetro de verdad según la información que se tiene.
De acuerdo a lo anterior, hasta este momento se tienen como hechos conocidos conforme a la información publicada, los que se puntualizan del modo siguiente:
• Que existen órdenes de aprehensión con fines de extradición en contra de Ovidio Guzmán López para juzgarlo en la Unión Americana por delincuencia organizada y narcotráfico.
• Que el aseguramiento de Ovidio Guzmán tuvo su origen en un operativo exprofeso realizado principalmente por la guardia nacional y fuerzas policíacas, además de la mínima colaboración del ejército mexicano.
• Que no pudo ser librada una orden de cateo para poder aprehender de modo inmediato a Guzmán López.
• Que el presidente López Obrador no estaba enterado de los pormenores del operativo, tan es así, que él mismo refirió respaldar la decisión tomada por su Gabinete de Seguridad.
• Que en el operativo no participaron fuerzas especiales del ejército mexicano o de la marina armada de México, considerando la magnitud del capo que se pretendía aprehender.
• Que existe información que indica que aproximadamente un mes antes del operativo frustrado, hubo una investigación de la DEA que provocó la presión del gobierno norteamericano para aprehender a Guzmán López.
Los indicios anteriores ligados a manera de cadena coherente, pueden generar hipótesis preliminares que solventen a las dos interrogantes señaladas en primer orden: ¿qué sucedió al interior de gabinete de seguridad del presidente de México para dar lugar a la liberación de Ovidio Guzmán? y ¿qué papel jugó el presidente de México en las operaciones del gabinete de seguridad para dar lugar a la liberación del hijo de Guzmán Loera?
El enlace coherente de los indicios que se tienen hasta este momento, llevan a inferir que no existía una estrategia para combatir al tipo de delincuencia organizada comandada por Guzmán López, porque de otro modo, el operativo para aprehenderlo de acuerdo a la exigencia de la DEA, hubiera sido dirigido por la Secretaria de la Defensa Nacional, o bien, por la Secretaria de Marina Armada de México, o por ambas en colaboración, habida cuenta que dichas entidades del Estado cuentan con el arsenal, la estrategia y Fuerzas Especiales de alto impacto para misiones del nivel que exigía la aprehensión del capo que tiene su zona de poder máximo en Culiacán, Sinaloa; y no por la Guardia Nacional (cuya falta de experiencia es un hecho notorio para todos los mexicanos) colaborando con Secretaría de Seguridad y fuerzas policíacas corroídas por la amenaza de la mafia y por la corrupción que también ha corroído a gran parte de las fuerzas policíacas del país.
Estas inferencias dirigen a considerar que el Gabinete de Seguridad del Presidente de México al momento de los hechos de la liberación de Ovidio Guzmán, estaba desarticulado, esto es, que no existía comunicación nítida entre sus diversos titulares, además de que el presidente de la república no tenía la información completa de las acciones tomadas en “conjunto” por su equipo de trabajo, sin que se pase por alto, que también se puede inferir un exceso de confianza, por parte del ejecutivo, hacia su equipo de seguridad, porque pese a la exigencia de la DEA que representaba a la Unión Americana, el presidente no tenía información completa sobre los pormenores del operativo, lo que de modo lógico conduce a inferir que el presidente delegó completamente las labores de seguridad del país a esa parte del gabinete que -como se dijo- se observó desarticulado y sin una estrategia definida.
En efecto, de acuerdo a la concatenación de indicios, puede sostenerse a manera de respuesta a las dos interrogantes, que el gabinete de seguridad del Presidente López Obrador, estaba desarticulado y sin estrategia alguna definida para combatir a la delincuencia organizada del nivel del capo que pretendía aprehenderse e incluso exhibió una falta de estrategia total para combatir al crimen organizado en general; además de que, el presidente al estar ajeno a esta situación, debió depositar un exceso de confianza en ese equipo de trabajo, lo que también encamina a evidenciar que la información recibida por el mandatario es menos que difusa, esto, dada la importancia de la aprehensión de Ovidio Guzmán López y la respuesta del Gobierno de México a la exigencia internacional, sin que existan contraindicios que a su vez construyan contrahipótesis que demuestren lo contrario.
Ahora, con relación a la interrogante tercera atinente a ¿cuál debe ser la perspectiva del presidente de México ante el operativo frustrado con el que se incumplió la orden de aprehensión con fines de extradición vigente en contra Ovidio Guzmán López, quien asumió un papel de superioridad frente al Estado Mexicano?. Debe considerarse que el día diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el Presidente López Obrador hizo a un lado al orden constitucional y al orden legal, al momento de incumplir con la orden de aprehensión con fines de extradición que pesaba y pesa en contra de Ovidio Guzmán López avalando la liberación de éste, a cambio de no causarse un enfrentamiento armado, lo que implicó un acto de poder soberano, que, aunque no es censurable desde la óptica ética, política y jurídica-penal, debido a que las circunstancias del caso que, de forma inminente pusieron en juego muchas vidas, sin soslayar a las vidas que se perdieron en los enfrentamientos que se llevaron a cabo, de hecho sí puso en duda al Estado de Derecho y la Gobernabilidad del país, incluyendo a la perspectiva que se tiene por parte del sector empresarial, que frente a la desarticulación del gabinete de seguridad y a la desinformación del presidente de la república, no dudarán en dejar de invertir en el país al menor error subsecuente, y más aún cuando se está ante un desprestigio internacional.
De ahí que la respuesta a la interrogante analizada, congruente con la teoría de los actos propios, encamina a determinar que el actuar precedente del titular del ejecutivo que ejerció un acto de poder soberano haciendo a un lado a la constitución y a la ley, el cual, si bien es cierto, evitó la muerte de seres humanos inocentes, no menos cierto es, que puso en evidencia que el poder superior es detentado por la delincuencia organizada, frente a un Estado Mexicano desorganizado y desarticulado para hacer frente a ese hecho social altamente lesivo para todos, que es la delincuencia organizada y todos los fenómenos que trae consigo; en otras palabras, los actos del presidente de la república evocaron al triunfo del crimen frente al Estado de Derecho y a la superioridad del vicio sobre la virtud en todos los aspectos; sin que existan contraindicios que a su vez construyan contrahipótesis que lleven a un sentido contrario de pensamiento.
Esto generó diversas obligaciones urgentes de orden ético, jurídico y político para el titular del ejecutivo, quien debe reconducirse y reconducir a su gabinete, en otras palabras, los actos propios del presidente de la republica lo han emplazado para contestar de modo contundente al país y a la delincuencia organizada, de tal modo, que es de urgencia que se construya un verdadero gabinete de seguridad con hombres comprometidos no con el cargo, sino con el país, leales al presidente y a sus homólogos de cargo; es urgente que se diseñen verdaderas estrategias articuladas para combatir al crimen organizado; es urgente que la información que fluya hacia el presidente sea clara y nítida, pero sobre todo es urgente que el titular del ejecutivo tenga la virtud de percibir, de razonar y de responder en consecuencia, porque ya no se está en una campaña política, se está al frente de la administración y el control de los destinos y el porvenir de un pueblo de por sí lastimado por siglos de desorden social y corrupción de los detentadores del poder; es el momento de aceptar los errores de la inexperiencia y de recular, el reloj está corriendo.
La liberación de Ovidio Guzmán López le ha dado el tiro de gracia a la casi nula cultura de la legalidad de los mexicanos, que está a punto de perecer; estamos agonizando, estamos desangrándonos como nación. Es de primer orden que el titular del poder ejecutivo en los próximos meses devuelva la fe, metiendo las manos al fuego por los mexicanos y con humildad acepte los errores de toda la administración y reencamine los destinos del país, de otro modo, estaremos al borde de la anarquía, de la cultura de lo indebido, de la cultura de la corrupción, de la muerte de la nación.
*
Candidato a Doctor en Derecho Judicial
Maestro en Justicia Constitucional
Especialista en Derecho Procesal
Especialista en Derecho Penal
Diplomado en Juicios Orales
Académico y Abogado
ka.ray@hotmail.com
Hace más de una semana que se dio a conocer a nivel nacional e internacional que el Gabinete de Seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pactó la liberación de Ovidio Guzmán López, mejor conocido por ser el hijo del Chapo Guzmán y heredero de uno de los carteles de la droga y de la delincuencia organizada más peligrosos y numerosos de la historia contemporánea de México.
También se dio a conocer por todos los medios, que ese intercambio, que en apariencia es censurable, se hizo frente a la inminente masacre de personas, entre ellas, civiles, fuerzas policíacas y fuerzas armadas, las cuales se vieron cercadas por una organización de criminales que tuvieron todas las circunstancias a su favor para lograr su objetivo infranqueable: la liberación de uno de los hijos de Guzmán Loera.
Esto ha detonado diferentes críticas de diversos sectores, destacándose la oposición que, abiertamente y aprovechándose del disgusto social y de la ya conocida “amnesia colectiva” de los mexicanos, pide otra sangrienta declaratoria de guerra en contra de la delincuencia organizada, la que hace dos sexenios cobró miles de vidas humanas de civiles, fuerzas policíacas y castrenses, además de la calificación internacional de ser uno de los países más peligrosos y más corruptos del planeta.
En este entramado de hechos conocidos, de hechos a medio conocer y hechos desconocidos, resaltan las interrogantes siguientes: ¿qué sucedió al interior de gabinete de seguridad del presidente de México para dar lugar a la liberación de Ovidio Guzmán?, ¿qué papel jugó el presidente de México en las operaciones del gabinete de seguridad para dar lugar a la liberación del hijo de Guzmán Loera?, ¿cuál debe ser la perspectiva del presidente de México ante el operativo frustrado con el que se incumplió la orden de aprehensión con fines de extradición vigente en contra Ovidio Guzmán López, quien asumió un papel de superioridad frente al Estado Mexicano?
Para hallar una respuesta a estas interrogantes, es pertinente por una parte, recurrir a la teoría general de la prueba, que nos dará un método para descubrir los hechos desconocidos a través de un pensamiento abductivo, con lo que crearemos presunciones humanas válidas para aproximarnos a esos hechos ignorados (a sabiendas de que la información más veraz la tienen los directamente involucrados) y por otra parte, a la teoría de los actos propios que se resume en la frase: non venire contra factum propium; que implica, de modo sintético, que una persona no puede ir en contra de su conducta precedente, en otras palabras, no es permisible que una persona o personas se retracten de sus actos pasados, cuando estos actos conscientes anteriores indican, de forma congruente, que en lo ulterior debe actuarse de un modo determinado y firme; lo que significa que no es válida la retractación o la variación del comportamiento, cuando el actuar precedente indicó y preestableció un comportamiento posterior.
Las operaciones racionales se realizarán para poner en evidencia que los principios de la filosofía del derecho y de la ciencia jurídica aterrizados en la vida real, adquieren importancia capital para obtener respuestas, no sólo de hechos individuales, sino también de los hechos sociales vivos del país; todo ello para estar en la posición de asumir posturas y emitir críticas racionales y objetivas que generen información más pulcra y más aproximada a los hechos sujetos al análisis jurídico y político.
Para construir presunciones humanas válidas, se generará una cadena de indicios hasta construir hipótesis preliminares que posteriormente se contrastarán con los contraindicios habidos hasta este momento, para luego determinar si con esos contraindicios pueden enderezarse contrahipótesis, de tal modo, que si estas últimas no se construyen, entonces prevalecerán las hipótesis preliminares, las cuales alcanzarán la calidad de presunciones válidas, todo ello se insiste, dentro del parámetro de verdad según la información que se tiene.
De acuerdo a lo anterior, hasta este momento se tienen como hechos conocidos conforme a la información publicada, los que se puntualizan del modo siguiente:
• Que existen órdenes de aprehensión con fines de extradición en contra de Ovidio Guzmán López para juzgarlo en la Unión Americana por delincuencia organizada y narcotráfico.
• Que el aseguramiento de Ovidio Guzmán tuvo su origen en un operativo exprofeso realizado principalmente por la guardia nacional y fuerzas policíacas, además de la mínima colaboración del ejército mexicano.
• Que no pudo ser librada una orden de cateo para poder aprehender de modo inmediato a Guzmán López.
• Que el presidente López Obrador no estaba enterado de los pormenores del operativo, tan es así, que él mismo refirió respaldar la decisión tomada por su Gabinete de Seguridad.
• Que en el operativo no participaron fuerzas especiales del ejército mexicano o de la marina armada de México, considerando la magnitud del capo que se pretendía aprehender.
• Que existe información que indica que aproximadamente un mes antes del operativo frustrado, hubo una investigación de la DEA que provocó la presión del gobierno norteamericano para aprehender a Guzmán López.
Los indicios anteriores ligados a manera de cadena coherente, pueden generar hipótesis preliminares que solventen a las dos interrogantes señaladas en primer orden: ¿qué sucedió al interior de gabinete de seguridad del presidente de México para dar lugar a la liberación de Ovidio Guzmán? y ¿qué papel jugó el presidente de México en las operaciones del gabinete de seguridad para dar lugar a la liberación del hijo de Guzmán Loera?
El enlace coherente de los indicios que se tienen hasta este momento, llevan a inferir que no existía una estrategia para combatir al tipo de delincuencia organizada comandada por Guzmán López, porque de otro modo, el operativo para aprehenderlo de acuerdo a la exigencia de la DEA, hubiera sido dirigido por la Secretaria de la Defensa Nacional, o bien, por la Secretaria de Marina Armada de México, o por ambas en colaboración, habida cuenta que dichas entidades del Estado cuentan con el arsenal, la estrategia y Fuerzas Especiales de alto impacto para misiones del nivel que exigía la aprehensión del capo que tiene su zona de poder máximo en Culiacán, Sinaloa; y no por la Guardia Nacional (cuya falta de experiencia es un hecho notorio para todos los mexicanos) colaborando con Secretaría de Seguridad y fuerzas policíacas corroídas por la amenaza de la mafia y por la corrupción que también ha corroído a gran parte de las fuerzas policíacas del país.
Estas inferencias dirigen a considerar que el Gabinete de Seguridad del Presidente de México al momento de los hechos de la liberación de Ovidio Guzmán, estaba desarticulado, esto es, que no existía comunicación nítida entre sus diversos titulares, además de que el presidente de la república no tenía la información completa de las acciones tomadas en “conjunto” por su equipo de trabajo, sin que se pase por alto, que también se puede inferir un exceso de confianza, por parte del ejecutivo, hacia su equipo de seguridad, porque pese a la exigencia de la DEA que representaba a la Unión Americana, el presidente no tenía información completa sobre los pormenores del operativo, lo que de modo lógico conduce a inferir que el presidente delegó completamente las labores de seguridad del país a esa parte del gabinete que -como se dijo- se observó desarticulado y sin una estrategia definida.
En efecto, de acuerdo a la concatenación de indicios, puede sostenerse a manera de respuesta a las dos interrogantes, que el gabinete de seguridad del Presidente López Obrador, estaba desarticulado y sin estrategia alguna definida para combatir a la delincuencia organizada del nivel del capo que pretendía aprehenderse e incluso exhibió una falta de estrategia total para combatir al crimen organizado en general; además de que, el presidente al estar ajeno a esta situación, debió depositar un exceso de confianza en ese equipo de trabajo, lo que también encamina a evidenciar que la información recibida por el mandatario es menos que difusa, esto, dada la importancia de la aprehensión de Ovidio Guzmán López y la respuesta del Gobierno de México a la exigencia internacional, sin que existan contraindicios que a su vez construyan contrahipótesis que demuestren lo contrario.
Ahora, con relación a la interrogante tercera atinente a ¿cuál debe ser la perspectiva del presidente de México ante el operativo frustrado con el que se incumplió la orden de aprehensión con fines de extradición vigente en contra Ovidio Guzmán López, quien asumió un papel de superioridad frente al Estado Mexicano?. Debe considerarse que el día diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el Presidente López Obrador hizo a un lado al orden constitucional y al orden legal, al momento de incumplir con la orden de aprehensión con fines de extradición que pesaba y pesa en contra de Ovidio Guzmán López avalando la liberación de éste, a cambio de no causarse un enfrentamiento armado, lo que implicó un acto de poder soberano, que, aunque no es censurable desde la óptica ética, política y jurídica-penal, debido a que las circunstancias del caso que, de forma inminente pusieron en juego muchas vidas, sin soslayar a las vidas que se perdieron en los enfrentamientos que se llevaron a cabo, de hecho sí puso en duda al Estado de Derecho y la Gobernabilidad del país, incluyendo a la perspectiva que se tiene por parte del sector empresarial, que frente a la desarticulación del gabinete de seguridad y a la desinformación del presidente de la república, no dudarán en dejar de invertir en el país al menor error subsecuente, y más aún cuando se está ante un desprestigio internacional.
De ahí que la respuesta a la interrogante analizada, congruente con la teoría de los actos propios, encamina a determinar que el actuar precedente del titular del ejecutivo que ejerció un acto de poder soberano haciendo a un lado a la constitución y a la ley, el cual, si bien es cierto, evitó la muerte de seres humanos inocentes, no menos cierto es, que puso en evidencia que el poder superior es detentado por la delincuencia organizada, frente a un Estado Mexicano desorganizado y desarticulado para hacer frente a ese hecho social altamente lesivo para todos, que es la delincuencia organizada y todos los fenómenos que trae consigo; en otras palabras, los actos del presidente de la república evocaron al triunfo del crimen frente al Estado de Derecho y a la superioridad del vicio sobre la virtud en todos los aspectos; sin que existan contraindicios que a su vez construyan contrahipótesis que lleven a un sentido contrario de pensamiento.
Esto generó diversas obligaciones urgentes de orden ético, jurídico y político para el titular del ejecutivo, quien debe reconducirse y reconducir a su gabinete, en otras palabras, los actos propios del presidente de la republica lo han emplazado para contestar de modo contundente al país y a la delincuencia organizada, de tal modo, que es de urgencia que se construya un verdadero gabinete de seguridad con hombres comprometidos no con el cargo, sino con el país, leales al presidente y a sus homólogos de cargo; es urgente que se diseñen verdaderas estrategias articuladas para combatir al crimen organizado; es urgente que la información que fluya hacia el presidente sea clara y nítida, pero sobre todo es urgente que el titular del ejecutivo tenga la virtud de percibir, de razonar y de responder en consecuencia, porque ya no se está en una campaña política, se está al frente de la administración y el control de los destinos y el porvenir de un pueblo de por sí lastimado por siglos de desorden social y corrupción de los detentadores del poder; es el momento de aceptar los errores de la inexperiencia y de recular, el reloj está corriendo.
La liberación de Ovidio Guzmán López le ha dado el tiro de gracia a la casi nula cultura de la legalidad de los mexicanos, que está a punto de perecer; estamos agonizando, estamos desangrándonos como nación. Es de primer orden que el titular del poder ejecutivo en los próximos meses devuelva la fe, metiendo las manos al fuego por los mexicanos y con humildad acepte los errores de toda la administración y reencamine los destinos del país, de otro modo, estaremos al borde de la anarquía, de la cultura de lo indebido, de la cultura de la corrupción, de la muerte de la nación.
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Candidato a Doctor en Derecho Judicial
Maestro en Justicia Constitucional
Especialista en Derecho Procesal
Especialista en Derecho Penal
Diplomado en Juicios Orales
Académico y Abogado
ka.ray@hotmail.com
