10 de octubre de 2017

Al menos cuatro franjas con riesgo de sismicidad alta y media perfectamente identificadas desde 1985, atraviesan el Estado de México por sus cuatro costados, pese a lo cual no existe una “Alerta Sísmica” eficiente como en CDMX, ni planes regionales de contingencia por sismicidad, pero mucho menos un marco normativo moderno que garantice construcciones seguras, salve vidas y limite la rapiña inmobiliaria frente a escenarios de desastre.

Así de endeble y desprotegido está el Estado de México en temas “telúricos”, pese a que tras el sismo del 19 de septiembre que se registró hace justo 32 años, derivo en estudios científicos diversos que permitieron delinear con exactitud tanto las cinco zonas de riesgo sísmico que atraviesan longitudinalmente su territorio, como la ubicación precisa de fracturas y fallas, coincidieron expertos.

Sin embargo, la devastación que dejó el sismo del 19 de septiembre pasado, con más de 7 mil 500 viviendas dañadas o hechas polvo, lo mismo que 750 templos, 377 centros de salud y más de 2 mil 300 escuelas, son resultado no solo del movimiento telúrico de 7.1 grados que golpeo el centro del país, sino también de la confluencia de circunstancias ligadas a la falta de planeación de largo plazo, leyes obsoletas, malas construcciones, autoridades omisas, corrupción y la ausencia de planes de actuación por región y tipo de suelo, señalaron.

ZONAS DE SISMICAS EN EDOMEX

Los estudios geológicos más recientes y disponibles en el Sistema Nacional de Sismología, dependiente de la UNAM, destacan cuatro grandes franjas sísmicas en el Estado de México y una adicional que se ubica en el centro de la Ciudad de México pero que limita en municipios del oriente, con niveles de sismicidad más altos, de hasta 6 y 7 grados de magnitud; después está la zona localizada en los límites con Guerrero, con sismos de hasta 5 y 6 grados y que afecta a municipios de tierra caliente como Tejupilco, Tlatlaya y Amatepec; así como a Tenancingo y Ocuilan, localizados hacia el lado de Morelos.

Una tercera franja sísmica, con magnitudes en los movimientos telúricos de 4 y 5 grados, se ubica en el centro sur de la entidad, atraviesa el territorio de la CDMX y continua hacia el oriente hasta los límites de Puebla.

La tercera franja con temblores de 4 a 5 grados de magnitud, concentra más de 40 municipios en el centro-norte del territorio, mientras que del lado norte, con otra veintena de comunas, está la última franja sísmica, con temblores cuya magnitud varía de los 4 a 5 grados en la escala de Richter.

Un mapa dado a conocer en un informe interno del Congreso de la Unión, tras los sismos de 1985, marcan claramente ubicación de al menos mil fracturas, desplazamientos y fallas. El mapeo de estas deficiencias del suelo, se concentran multitudinariamente en el sur del territorio, justo en los límites con Guerrero y Morelos, donde el sismo del 19S, 32 años después, dejó en la calle a miles de mexiquenses. La otra corona de riesgo, se encuentra en la zona metropolitana del valle de México, límites con la capital del país.

Cabe señalar que el gobierno mexiquense difunde en su portal, el Programa de Protección Civil para Sismos 2017, en el cual establece acciones de coordinacion con más de 40 dependencias de gobierno de distintos niveles para resguardar a la población en caso de un sismo; así como un plan de acción preventivo, que incluye acciones como una Alerta Sísmica, la cual sin embargo es inexistente en escuelas, calles y edificios públicos.

Dicho programa también contempla medidas que simplemente no se llevaron a cabo a pesar de que se mencionan, como el recorrer y supervisar, en compañía de autoridades estatales y municipales, todos los lugares con mayor sismicidad y concentración poblacional para ubicar posibles riesgos, lo cual. Alcaldes confirmaron que estas acciones no se realizaron durante el año.

El programa incluye una Etapa de Prevención, en la cual se establece que el programa deberá ser presentado (a principios del año) a autoridades y medios de comunicación para dar a conocer medidas de prevención y riesgos en cada zona. El programa no se presentó, al menos no a los medios, a diferencia del Plan de Protección por lluvias, que sí tuvo una gran difusión.

LEYES Y NORMAS OBSOLETAS O INEXISTENTES

Al respecto el asesor del Senado y planificador urbano, Felix Santana, consideró que la devastación ocurrida el pasado 19 de septiembre, es resultado de diversas circunstancias, entre las cuales se incluye la omisión y negligencia gubernamental que se ha venido arrastrando por años en este tema.

Destacó que es evidente que se requiere con urgencia la construcción de un Plan Integral de Atención de Desastres, el cual tiene que tener líneas de mando “únicas” para que se actué con mayor eficiencia y no esperar hasta que se decrete el Plan DN3, de la Sedena.

“También se requieren revisar los Planes de Reordenamiento Territorial, ya que las zonas afectadas en el Edomex que colindan con las zonas sismicas de Morelos, Guerrero y la CDMX, no cuentan con un documento básico de ordenación del territorio especificando áreas habitacionales, industriales y de otros usos, para lo cual también debe contarse con especificaciones técnicas de construcción para cada zona sísmica, de acuerdo a su tipo de suelo.

Explicó que adicionalmente se requiere regular a la industria de la construcción, para prevenir actos de corrupción en el tipo y técnicas de edificaciones, a fin de que estas, cualquiera que sean, atiendan criterios de seguridad para sismicidad y otros riesgos, y no a intereses empresariales o inmobiliarios, como actualmente ocurre.

“Debemos revisar también los protocolos de actuación contra contingencia y como debe de actuar la industria de la construcción, por ejemplo, los hospitales privados, el sector hotelero, así como las cadenas de abasto, todos deben de tener una sistematización ante un plan de emergencia, se encuentran ya en la ley, pero no hay planes específicos para ellos”, indicó.

Señaló que en lugar de que la autoridad haga lo que pasó los días posteriores a la tragedia, intentando por todos los medios "desarticular" la organización civil, deberá incorporarla y darle su lugar en los protocolos de actuación.

Felix Santana considero además que urge difundir los Atlas de Riesgos en materia sístima, en tanto que en la revisión del marco normativo que se realice, deben ya incorporarse a los “voluntarios” y un protocolo de actuación para ellos, dada la fuerza civil que se mostró en los terremotos del 19S tanto del 85 como de este año.

Por su parte el presidente del Colegio de Urbanistas y Arquitectos del Estado de México, Arturo Chavarria, coincidió en que es urgente revisar todo el marco normativo del Edomex, el cual en síntesis no solo es obsoleto a estas alturas, sino deficiente y mínimo.

Destacó que se requiere revisar los Libros 12, 18 y 5º del Código Financiero del Estado de México, relativos a la Obra Pública, la Obra Privada y Asentamientos Humanos, respectivamente, los cuales son solo “enunciativos” y carecen de especificaciones técnicas o lineamientos, para la construcción de cualquier tipo de infraestructura.

El especialista destacó que ante la carencia de este tipo de normatividad en la entidad mexiquense, la industria constructiva, empresarios y particulares se rigen en muchos momentos (por ejemplo en un juicio), con las leyes de la Ciudad de México que son mucho más específicas y completas desde que se reformaron a partir del sismo del 85.

No obstante lo anterior, indicó, esto no es suficiente, ya que el Estado de México requiere con urgencia que se modifiquen, reformen, adicionen o actualicen todos los reglamentos y leyes que confluyen en el tema de infraestructura, pero con criterios técnicos muy específicos para cada zona y región de la entidad.

En este sentido, Chavarría Sánchez, refirió que además es urgente hacer una “zonificación territorial” de toda la entidad, pues no es lo mismo construir un hospital, escuela o vivienda en una zona con antecedentes lacustres, como la del municipio de Lerma, que en el oriente o norte de la entidad, donde hay superficies más secas y otro tipo de suelos.

Destacó que ante la ausencia de un marco moderno y órganos reguladores, las empresas e instancias gubernamentales, suelen actuar con criterios mercantiles y no con criterios de seguridad de largo plaz.

AMPLIACIONES OFICIALES UN RIESGO

Indicó que además de carecer de normatividad moderna y actualizada en materia de construcción, tampoco hay alguna instancia que regule las ampliaciones que se hacen en edificios públicos como hospitales, escuelas o centros de reunión, a los cuales los gobiernos les canalizan recursos públicos adicionales para ampliarlos, ante la creciene demanda de servicios, pero teniendo de base los diseños originales.

El presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de la entidad mexiquense, señaló que este tipo de prácticas se han hecho cada vez más frecuentes, lo que pone en riesgo la infraestructura publica, pues no hay instancias que revisen o regulen este tipo de ampliaciones.

Explicó que en ocasiones los proyectos originales “no fueron diseñados para soportar cargas o pesos adicionales” lo cual provoca que ante eventos como el 19S, colapsen rápidamente.

Mencionó que ante estos escenarios es urgente que se regulen este tipo de ampliaciones en la infraestructura pública y se establezcan mecanismos para su supervisión continua y se evaluen los proyectos antes de ser ejecutados.









Mary Delgado