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Los desaparecidos de Ostula: Ni búsqueda ni justicia

Cinco hombres desaparecieron en la comunidad nahua entre 2010 y 2013, cuando la población estaba dominada por el cártel de Los Caballeros Templarios. Todos son recordados por participar en la recuperación de las tierras de Xayakalan. Hace un año, sus familias supieron que, a pesar de sus denuncias, la fiscalía de Michoacán no tenía información sobre los casos

COMUNIDAD


Los desaparecidos de Ostula: Ni búsqueda ni justicia




08 de mayo del 2024


El 23 de febrero de 2010, Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Urcino viajaban en una camioneta de redilas de color azul, de camino al palacio municipal de Aquila. Los maestros de primaria, originarios de la comunidad nahua de Santa María Ostula, regresaban de un festejo en una escuela de la encargatura de La Cofradía, en la que Gerardo, de 50 años, era director.

Javier, de 41 años, hombre de baja estatura, camisa fajada y sonrisa fácil, cubría el turno de un profesor, y era además regidor de Aquila, municipio ubicado al suroeste de Michoacán al que pertenece Ostula. Ambos fueron vistos por última vez en Las Copas de Oro, un restaurante cercano a su destino. Días después, encontraron la camioneta quemada en un terreno de Xayakalan; hasta ahora no hay indicios del paradero de los dos amigos ni avances en la investigación.

“Yo lo miraba que no tenía problemas en la comunidad; siempre trabajaba allá en Aquila, desde entonces no hemos sabido nada. En ese tiempo, las cosas se pusieron feas y si alguien decía algo le hacían daño. Hicimos la lucha por sobrevivir, de lo que le estaban pagando [en el ayuntamiento] me daban la mitad y con eso me sostenía, pero duró solamente un año y luego ya no me dieron nada y yo necesitando con mis niños chiquitos. Todo lo que teníamos se acabó, me puse a vender cosas en las fiestas, en las bodas, ahí tenía a mis hijos dormidos debajo de la mesa; para mí fue muy difícil”, recuerda la esposa de Javier, quien pidió por seguridad no ser identificada, al igual que los demás familiares entrevistados para este reportaje.

De 2009 a 2014, Ostula estuvo controlada por Los Caballeros Templarios. A este grupo criminal se atribuyen 40 asesinatos y cinco desapariciones de habitantes de la comunidad, según las carpetas de investigación abiertas entre 2009 y marzo de 2017 en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. En sus denuncias, las familias señalan como autores intelectuales y materiales de los crímenes a políticos locales y a pequeños propietarios mestizos, como el exalcalde priista Mario Álvarez López, el Chacal, asesinado en 2019, y Federico González Medina, Lico, a quien múltiples fuentes identifican como jefe de plaza de los Templarios, detenido en 2017.

Ambos estaban al frente del grupo que se atribuía la propiedad de La Canaguancera, un terreno de 1,250 hectáreas ubicado en el límite entre Ostula y la localidad de La Placita, que tras ser recuperado por los comuneros en 2009 se convirtió en Xayakalan. En noviembre de 2011, un mes antes de su asesinato, el comunero Trino de de Cruz aseguró que “se decían dueños de las tierras que le pertenecen a la comunidad y empezaron a venderlas por lotes. Hubo gente que pidió créditos, que vendió sus propiedades y otros usaron sus ahorros para comprar estos lotes, pero nunca revisaron bien los papeles que les enseñaban y al final también resultaron engañados por el Chacal y por Lico. Cuando recuperamos las tierras, los pequeños propietarios se enojaron mucho, pero en especial estos dos, y nos amenazaron con matarnos a todos”.

Las desapariciones en Ostula ocurrieron tras la fundación de Xayakalan. Durante más de una década, las familias no fueron contactadas por las autoridades tras levantar sus denuncias ni les reportaron avances en las investigaciones. Aunque, a diferencia de los casos de asesinato, en estos delitos no se señaló responsables, a los cinco hombres desaparecidos los une haber participado activamente en la toma de las tierras, según las autoridades de la comunidad.

Javier y Gerardo desaparecieron el 23 de febrero de 2010. En ese tiempo, el Ministerio Público más cercano estaba ubicado en Coahuayana, un municipio también dominado por los Templarios, según productores plataneros de la región que padecieron sus extorsiones.

Tanto el poder político, como el económico y criminal, fueron partícipes de la violencia en Ostula, con la colaboración de la Marina y el Ejército. Cuando estaba bajo el control de los Templarios, la población fue testigo de cómo, en sus recorridos, los soldados iban acompañados de camionetas con integrantes de la organización delictiva. En 2011, cuando solicitaron medidas de protección al Gobierno federal, se instaló un retén de la Marina en la entrada de Xayakalan, pero según comuneros como Isabel, también eran cómplices de los Templarios: “Se les veía comer juntos, rendirse informes mutuamente; cuando había un asesinato ni los militares ni los marinos hacían algo”, recuerda.

 
 


Durante años, el silencio fue la única respuesta al preguntar sobre los desaparecidos de Ostula. La situación empezó a cambiar el 3 de febrero de 2023, cuando las autoridades de la comunidad cerraron el paso a un convoy con funcionarios y militares que regresaban de un operativo para hallar al abogado Ricardo Lagunes Gasca y al profesor Antonio Díaz Valencia, defensores de Aquila desaparecidos un mes antes. Los pobladores cuestionaron que realizaran la búsqueda en su territorio cuando fueron vistos por última vez a 60 kilómetros de ahí, en la localidad colimense de Cerro de Ortega; también les pidieron que investigaran el paradero de sus cinco compañeros, desaparecidos entre 2010 y 2013.

Dos meses después, el 13 de abril, la Comisión de Búsqueda de Personas estatal emitió una Alerta de Búsqueda que, según denunciaron familiares de los desaparecidos, como la hija de Francisco de Asís Manuel, tenía información equivocada: “Esa ficha que se está difundiendo tiene mal los datos, no es como los dimos”. En el caso de su padre, se afirma que desapareció en Aquila, pero fue secuestrado por un comando armado en su casa de Palma Sola.

El 17 de mayo de 2023, una delegación de peritos de la FGE y el encargado de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, Rodrigo González Ramírez, se reunieron con miembros del Consejo Comunal y de la Comisión de Seguridad de Ostula. No asistió ningún representante de la Comisión Nacional de Búsqueda ni de la delegación estatal, pese a que se había acordado su presencia. Ese día se tomaron muestras de ADN a familiares de los desaparecidos y se les pidió que se trasladaran al lugar donde habían ocurrido los hechos, lo que se consideró revictimizante.

“¿Otra vez nos vienen a ver la cara de pendejas? En su momento la fiscalía no actuó, no es posible que ni carpeta de investigación exista, ¿vienen a burlarse de nosotras?”, cuestionó la hija de Francisco de Asís, quien escuchó en esa misma reunión, de los funcionarios presentes, que no habían encontrado información sobre los casos. “Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna carpeta de investigación de las personas desaparecidas que nos mencionan, por eso venimos a tomar los datos, ni averiguaciones previas hay ni nada”, aseguró González Ramírez.

La lucha por Xayakalan

En la década de los 90, las autoridades de Ostula descubrieron que pequeños propietarios de la localidad de La Placita habían empezado a lotificar el terreno de La Canaguancera, que divide a ambas poblaciones. Este predio ubicado sobre la costa del Pacífico es reconocido por la comunidad como parte de su territorio ancestral; cuenta con playas de aguas cristalinas, tierra fértil para sembrar y, según investigaciones de los pobladores, yacimientos de hierro, oro y titanio.

De acuerdo con las autoridades agrarias de Ostula, el antiguo Instituto Nacional Indigenista gestionó entre 2002 y 2004 un proyecto para convertir las tierras comunales en zonas turísticas, impulsar la construcción de hoteles y condominios de lujo, y ampliar la carretera federal 200 para convertirla en una autopista de cobro. Se sabía también que las playas de La Canaguancera eran utilizadas por el narcotráfico: lanchas procedentes de Colombia llegaban cargadas de cocaína, que era trasladada por tierra a Estados Unidos en una ruta dominada por los cárteles del Milenio y Sinaloa que luego controló La Familia Michoacana.

 
 


Ostula, con 11,500 habitantes distribuidos en una tenencia y 24 encargaturas (o localidades), es vecina de la comunidad de Aquila, sede de la mina Las Encinas, que aporta más del 11 por ciento de la producción nacional de hierro y es operada por Ternium. Esta empresa trasnacional ha intentado expandir su proyecto con las concesiones mineras que posee en Ostula, pero se ha enfrentado a la resistencia de la comunidad, que ha exigido su cancelación. En el municipio de Aquila existen 101 concesiones mineras, de las que 58 se mantienen vigentes.

En 2004, los pequeños propietarios de La Placita iniciaron el juicio 78/2004 ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 38, con sede en Colima, en contra de la comunidad; argumentaron que La Canaguancera estaba dividida en lotes pertenecientes a 30 ejidatarios de la población. Un abogado asignado a la comunidad por la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas confesó a las autoridades de Ostula en 2007, tras perder un procedimiento: “Yo ni soy abogado, pero la comisión me puso para que ustedes perdieran el juicio agrario y perdieran las tierras”, relató Evaristo Domínguez, excomisario de Bienes Comunales.

Durante el proceso, en abril de 2008, Ostula decidió, en una asamblea general, crear una comisión de diez comuneros que se encargaría de planificar la recuperación de La Canaguancera para fundar una nueva encargatura llamada Xayakalan, también bajo el régimen comunal. Las familias tendrían una parcela para sembrar y construir una vivienda, pero la propiedad no se podía vender ni rentar ni enajenar.

El 26 de julio de ese año fue asesinado el coordinador de la comisión, el profesor Diego Ramírez. La comunidad atribuyó este crimen, y la ola de violencia que siguió, al grupo encabezado por Álvarez López y González Medina. El cuerpo del profesor fue encontrado en las playas de La Canaguancera con signos de tortura. Ostula designó un nuevo coordinador y acordó retomar la estructura tradicional de seguridad: refundó la guardia comunal e integró una nueva policía comunitaria. Desde hacía más de una década, la vigilancia había estado a cargo de personas que no eran de la comunidad, lo que, según testimonios de habitantes de Ostula, derivó en corrupción y robos.

En 2008, el TUA falló a favor de los pequeños propietarios de La Placita. La comunidad solicitó un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario (TSA), que en junio de ese año ratificó la sentencia. Los habitantes de Ostula interpusieron en abril de 2009 un amparo directo, que les fue concedido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lo que dejó sin efecto la resolución del TSA y ordenó reponer el juicio agrario. Hasta la fecha, debido a factores como la inseguridad en la zona, el juicio agrario continúa estancado, y los abogados defensores de la comunidad esperan que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pocos días antes de la resolución del tribunal, la asamblea comunal decidió recuperar La Canaguancera, a la vez que continuaba con su lucha legal, escribe la antropóloga María del Carmen Ventura Patiño. El 29 de junio de 2009, “cerca de 200 guardias comunales entraron al predio y, junto con cientos de comuneros, levantaron en 23 días 23 casas”, una por cada una de las encargaturas de Ostula, agrega la investigadora. Cerca de 2,000 personas, que incluían a habitantes de las comunidades nahuas de Pómaro y Coire, participaron en la fundación de San Diego Xayakalan, nombrado así en homenaje a Diego Ramírez, el profesor asesinado. Aunque fueron recibidos a balazos, solo uno de los pobladores resultó herido.

 
 


‘Era el pilar de la casa’

Javier Martínez solía acudir, “como toda la gente”, a las reuniones en las que se planificó la recuperación de las tierras de Xayakalan, cuenta su esposa, con quien tuvo seis hijos. “Yo lo veía que iba […] y yo creo que fue por eso, por la comunidad [que lo desaparecieron]. Ahí decían: ‘Vamos a participar todos y nos vamos a ir todos por las tierras’, pero no supe. No sé qué piensa la gente que hace la maldad, seguro también tienen hijos, madre, padre, acaso no tendrán corazón. Yo ya no quiero que nos pase nada, apenas estoy con este dolor como para que venga alguien a hacernos daño, siempre rezamos para que eso no pase”.

Es octubre de 2023, y en Ostula hace un calor casi insoportable; a pesar de que ha oscurecido, no corre el aire y los mosquitos atacan sin piedad. Ha sido difícil lograr las entrevistas con las familias de los comuneros desaparecidos, persiste el dolor y hay mucha desconfianza debido a la inacción de las autoridades, pero tras exponerles la importancia de que se conozcan sus historias y de que se haga justicia, acceden a hablar acompañados por un miembro del consejo comunal.

“Como eran defensores de la tierra, hay varias personas a las que no les agrada esto. Mi papá era una persona amable, sencilla, platicaba con toda la gente, no le pesaba apoyarla; como era docente siempre estuvo al servicio de la comunidad, a quién pedía ayuda se la brindaba”, afirma uno de los cinco hijos de Gerardo Vera.

La esposa de Gerardo falleció tres años después de su desaparición; enfermó de depresión, angustia, desesperación. “Para mí, al principio fue muy fuerte, porque sentíamos que teníamos todo y de repente no teníamos nada. [Mi padre] era el pilar de la casa, quien sostenía a la familia y, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estuvo. En ese tiempo las cosas estaban muy duras, no podías hacer nada porque en cuanto hacías algo iban contra ti, pero se hizo lo que se pudo, se levantó la denuncia, no pudimos hacer más por el temor a salir y que nos agarraran [los Templarios]”, recuerda.

La esposa de Javier y el hijo de Gerardo coinciden en que, sumado a las desapariciones, el contexto de violencia en Ostula hizo que el miedo aumentara en las familias, que se generaran traumas en los miembros más jóvenes, y que las condiciones económicas fueran cada vez peores.

En los años que siguieron a la fundación de Xayakalan, los pequeños propietarios fortalecieron su organización y desataron el terror en Ostula, aliados con los Templarios asentados en La Placita. Se infiltraron en la población, dividieron a la guardia comunal y se extendieron por toda la comunidad para asesinar y desaparecer a las personas que planificaron y participaron en la recuperación de las tierras. Los criminales prohibieron toda actividad social, se dejaron de celebrar bodas, quinceaños, funerales y festividades religiosas; se cancelaron la asamblea y todas las formas de gobierno comunal. No existe una cifra exacta, pero en Ostula se habla de cientos de familias desplazadas.

 
 



A Francisco de Asís Manuel, de 62 años, se lo llevaron sujetos armados que irrumpieron una noche en su casa de la localidad de Palma Sola. En su comunidad es respetado como una persona de sabiduría. Fue regidor municipal de Aquila (1990-1992) y síndico del ayuntamiento (1996-1998); cuando desapareció, el 20 de abril de 2010, presidía el Comisariado de Bienes Comunales. Quienes lo conocieron destacan su labor como servidor de la comunidad; de carácter risueño, dicen, es un buen hombre.

“Yo no estuve presente el día de los hechos”, relata una de sus hijas afuera de su casa, bajo la sombra de una buganvilia. “Teníamos una papayera y fui a trabajar el día que pasó. Como a las once de la mañana me van a ver, solo me dicen que tenía que venirme a mi casa. Imaginé que lo habían matado; no teníamos antecedentes de que lo hubieran amenazado, al menos nunca nos dijo. Cuando llegué la noticia era otra: estaban mi mamá y dos de mis hermanos, me cuentan que llegaron personas como a las once de la noche, tapadas del rostro, traían camionetas. Le hablaron por su nombre, que iban a ir a un mandado; a mis hermanos los tiraron al suelo y los amarraron, aunque ni a mis sobrinitos ni a mi mamá les hicieron nada. Él se había acostado como cualquier día, con short, playera; estaba descalzo y no se opuso. Desde esa vez no hemos sabido nada de su paradero”.

En un video grabado por el colectivo LuzQuemada en 2009 se ve a Francisco de Asís con un paliacate en la cara para ocultar su identidad; habían pasado casi dos semanas desde que recobraron Xayakalan de los “opuestos pequeños” cuando explicó: “Nosotros venimos con la finalidad de recuperar nuestras tierras, no venimos a pelear por la pequeña propiedad”. Es la única memoria audiovisual que existe del defensor, padre de siete hijos.

“Pienso que por proteger a su familia pasó lo que pasó; siempre le gustó defender a su comunidad y participar. Nosotros somos originarios de Chacala, pero por cuestiones familiares estamos en Palma Sola, aquí fue donde nos dejó y aquí seguiremos. Era una persona alegre, le gustaban las fiestas, convivíamos todos en familia; seguimos unidos, ahora cuidando a la familia”, afirma su hija.

‘No nos iremos’

Enrique Díaz Domínguez, el más joven de los cinco desaparecidos, se calcula que tenía entre 17 y 18 años cuando desapareció el 8 de abril de 2011. Su familia no aceptó ser entrevistada. Algunos vecinos de la comunidad contaron que a Enrique se lo llevaron los Templarios como un acto de amedrentamiento, para generar terror y no por haber participado en la recuperación de Xayakalan. En una fotografía de tamaño infantil se le ve muy joven, con una sudadera negra de rayas blancas, un par de collares, la sombra de un bigote, y el cabello recortado y peinado con gel. Su hermana lleva la imagen en la funda de su celular; dice que casi no lo conoció, pero así lo recuerda.

Cuando desapareció el 10 de enero de 2013, Eduardo Mauno Reyes tenía 26 años. Era alto, delgado, serio, trabajaba en el campo. Vivía con su esposa y sus dos hijas en un rancho del Otate, perteneciente a la encargatura de Marialitos, cuando una banda de criminales llegó a su casa. Golpearon la puerta, tiraron sus cosas, se llevaron su escopeta calibre 20 y dejaron amarrado a su hermano. Era una época de miedo, recuerda su viuda.

 
 


“Nos vinimos a Ostula, pero hasta acá llegaron los criminales, a la casa donde estábamos y lo sacaron de la hamaca; no supimos qué le hicieron, eran como las once de la noche y ya no supe nada de él. Solo que se lo llevaron en un carro y nomás nos quedamos esperando, pasó un día, una semana, un mes, un año y luego ya apareció. Lo encontraron muerto, el puro cadáver apareció”, dice su viuda. “No sé por qué se lo llevaron, varias veces lo estuvieron persiguiendo, como tres veces, lo querían desaparecer de este mundo y lo lograron”.

Durante un año, Eduardo fue el quinto desaparecido de Ostula, hasta que encontraron sus restos. Pero no fueron los investigadores de la FGE quienes dieron con su paradero, sino la propia comunidad. Un integrante de la guardia comunal que participó en la exhumación del cadáver explicó que detuvieron a “un tipo que andaba con los Templarios esos, le exigimos que nos dijera dónde estaba Eduardo y si sabía de alguien más; nos llevó a una parte plana de Xayakalan y nos señaló el punto. Empezamos a excavar; primero había un animal muerto y abajo estaba el cuerpo del muchacho, pero ya en los huesos”. A su viuda le contaron que estaba en un pozo de tres metros de profundidad. “No fui a ver, me daba miedo”, dice. “De ahí lo sacaron los policías comunitarios y lo llevaron al Ministerio Público para que lo reconociera. Fue el 21 de febrero de 2014 que lo encontraron”.

La violencia en Ostula se prolongó hasta el 8 de febrero de 2014, cuando miembros de la guardia comunal y pobladores que se encontraban desplazados llegaron al amanecer y retomaron el control del territorio. Alrededor de 50 camionetas con comuneros y autodefensas provenientes de otros municipios de Tierra Caliente que se sumaron al llamado de ayuda de las autoridades que todavía vivían en Ostula entraron por la carretera que comunica Coalcomán con la cabecera municipal de Aquila y empezaron la “limpia”, se enfrentaron con los Templarios y avanzaron. En la tarde de ese día, los comuneros que encabezaron la ofensiva llegaron al auditorio de Ostula, lleno de pobladores tras correrse el rumor de que las autodefensas habían acabado con los criminales; se restableció la asamblea general y se reorganizó la guardia comunal. “No me fui, no me voy y no me iré, no nos iremos”, gritó una comunera en la reunión.

 
 


Un par de meses antes, el 28 de diciembre de 2013, desapareció Martín Santos Luna, de 53 años. Para entonces, había cierta flexibilidad en el control de los Templarios; se permitían algunas fiestas decembrinas, así que el ex presidente municipal (2001-2003) había asistido como invitado a una boda en la encargatura de Ixtapilla. Según el testimonio de un joven vecino que acudió al festejo, Martín recibió el mensaje de que debía ir a su casa, así que emprendió el camino a pie, lo que fue aprovechado por los criminales para interceptarlo y llevárselo.

“En ese tiempo yo estaba en Cerro de Ortega”, cuenta un hijo de Martín, “mi mamá [fallecida en 2021] era quien vivía aquí. Me hablaron ese día como a las siete de la tarde para decirme que a mi papá lo habían levantado; había una boda aquí en Ixtapilla y él andaba ahí, como a las seis y media vino para echarse un baño en la casa, y parece ser que ya lo estaban checando. Un hermano se fijó que no llegó a la casa, y a una sobrina que era chica, como estaba en la parcela le preguntaron, hasta que dijo que unos señores se lo llevaban empujando. Dijo que no los conocía”.

Martín es recordado como uno de los comuneros más activos en la organización de la toma de Xayakalan; cuando fue alcalde de Aquila, procuró que las instituciones estatales y federales beneficiaran a la comunidad, mediante recursos para la mejora de caminos y la inclusión en programas nacionales de educación y salud.

“Yo vine al otro día [a Ixtapilla], pero nunca encontramos nada; fuimos a Coahuayana, con la Marina, y nunca nos dieron respuesta de nada”, recuerda su hijo. “Él sí nos comentaba que había recibido amenazas como parte del movimiento de la comunidad, por la lucha de los terrenos que se recuperaron; decía que le ofrecieron dinero, que si no lo recibía lo iban a matar, y él decía que mejor morirse que traicionar a la comunidad. Me decía: ‘Hay que estar con la comunidad en las buenas y en las malas, donde diga la comunidad hay que darle’”. Por eso su familia, tras un periodo breve de exilio en 2015, regresó a la casa donde siempre han vivido.

Durante aquellos años de violencia autorizada en Ostula, no era un secreto el nombre de los responsables: “Aquí todo mundo sabe que era el de La Placita, el tal Lico, el que estaba con el crimen organizado; Mario Álvarez también, pero no sabemos la persona exacta que se lo llevó [a Martín]”, dice su hijo. “Cuando había eventos de fútbol y llegaban ellos, la gente se retiraba, en los bailes igualmente, eran personas que si les caías mal o te les quedabas viendo te mataban. Eran muy malas personas”.

Dispuestos a buscar

Después de la expulsión de los Templarios, tras un periodo de paz bajo la vigilancia de la guardia comunal, un nuevo grupo criminal acecha y codicia las tierras de Ostula: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero hoy la comunidad se encuentra fuerte y organizada. Existe un aprendizaje de lo ocurrido y una suerte de conciencia generalizada de que, para poder protegerse, deben estar unidos. Aunque desde 2021 se había registrado la presencia del CJNG en municipios vecinos de Aquila, fue en enero y abril de 2023 cuando sus integrantes asesinaron a tres guardias comunales y un exjefe de tenencia, según el testimonio de quienes presenciaron los hechos.

En febrero de 2024, la encargatura de La Cofradía, al norte de Ostula, fue atacada por medio centenar de miembros del CJNG. Dejaron una vivienda quemada y un ambiente de temor y tensión que continúa, sin que se hayan registrado más pérdidas de vidas.

Sobre los cinco desaparecidos de Ostula, integrantes del Consejo Comunal aseguran que han recopilado la información existente en cada caso, los testigos y evidencias, para determinar si hay condiciones para la búsqueda e iniciar un proceso de construcción de memoria, de rescate del ejemplo de las personas desaparecidas y asesinadas por la defensa del territorio.

 
 


“Ahora, si hubiera las condiciones, estaríamos dispuestos a buscar, tenemos todavía la esperanza, no queremos aceptar todavía lo que puede ser la realidad. Veo a veces, en las redes sociales, que comparten su foto o un documental donde sale y me siento orgullosa de cómo lo recuerdan”, dice la hija de Francisco de Asís Manuel.

“Si se diera la oportunidad de buscar, claro que sí lo haríamos”, afirma la hija de Gerardo Vera, “nosotros solo queremos saber dónde está; si está vivo qué bien, y si no, por lo menos tener los restos para llevarle una veladora o algo, porque no sabemos si está vivo o muerto”.

“Solo quiero que un día alguien me diga: aquí está tu esposo, de esta manera y pues ya ni modo, pero ni eso he sabido, qué pasó con él, desde esa fecha hasta ahora. En estos momentos siento que ya me estoy resignando, aunque siempre mi mente está pensando en dónde estará y cómo pasó, siquiera para llevarle una luz y rezarle”, dice la esposa de Javier Martínez.

“Pediría que lo encontráramos y que la comunidad lo reconociera por lo que fue, y seguir su ejemplo también, porque nunca traicionó a la comunidad, la defendía, así era él”, finaliza el hijo de Martín Santos.

La comunidad de Ostula continúa en la defensa de su territorio, y Xayakalan sigue bajo su resguardo. Cerca de 400 familias viven en sus tierras, ahí siembran maíz, papaya, tamarindo, ajonjolí y jamaica; también construyeron una escuela que es reconocida por la Secretaría de Educación Pública, y recientemente inauguraron una iglesia dedicada al Señor de la Divina Misericordia, a la espera de que el Gobierno federal reconozca que el territorio es propiedad de la comunidad.

El trabajo de la FGE de Michoacán y de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, encargadas de realizar las investigaciones y dar con el paradero de los cinco comuneros desaparecidos, es insuficiente, su disposición casi nula y los resultados inexistentes, según los familiares.

“Todos estos hechos lamentables han lastimado a la comunidad, hasta el momento no han recibido justicia, no hay ningún detenido responsable material o intelectual, a pesar de que los comuneros han realizado las denuncias correspondientes ante las autoridades”, lamenta Ventura Patiño, investigadora de El Colegio de Michoacán. “Las instalaciones militares, de la Guardia Nacional y de la Marina que se encuentran cercanas a Ostula no han detenido estas olas de violencia. No hay autoridad que pueda otorgar garantías y salvaguardar la vida de las y los comuneros”.

Las autoridades de Ostula planean construir un memorial que permita a las nuevas generaciones conocer la historia de lo ocurrido en estas tierras; como recuerda Pedro, de 24 años, miembro del Consejo Comunal: “Ante la incapacidad del gobierno mexicano –municipal, estatal y federal–, la comunidad tomó la seguridad en sus manos a través de su guardia comunal, que está en las 24 encargaturas. Todos los que vivimos aquí tenemos el derecho y la obligación de participar en este servicio; si hay una emergencia mayor, toda la comunidad se movilizará. Mientras la comunidad siga organizada todo estará bien, porque en Ostula la lucha por la seguridad es permanente, así como dice el letrero que está en la entrada”.





Por Heriberto Paredes


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