22 de octubre de 2026

El legislador Alejandro Castro del PRI pidió al Congreso local llamar a la instalación de una mesa estatal de seguridad para que en el proceso electoral 2026-2027 se garanticen los derechos políticos de los ciudadanos y puedan ejercerlos sin amenazas, intimidaciones, agresiones o, dijo, cualquier otra forma de violencia que limite sus libertades de decisión y participación.

En sesión de la LXII Legislatura, el representante popular se pronunció por la instalación de una mesa especial de seguridad con miras a los comicios del año próximo en los cuales estarán en pugna más de mil 290 cargos populares.

Dijo que dicho mesa debe instalarse "con un enfoque preventivo, de coordinación y colaboración permanente y sustentado en información oportuna", puntualizó. En este sentido, añadió que la democracia empieza antes de la elección, cuando una persona puede participar en reuniones políticas sin miedo, cuando un partido puede organizarse y desarrollar sus actividades sin presiones, cuando una candidata puede recorrer su distrito sin amenazas, cuando un ciudadano puede acudir a votar sin presiones y cuando las autoridades pueden organizar una elección sin obstáculos.

Por otra parte, afirmó que garantizar una elección libre no significa que una sola institución asuma todas las responsabilidades, sino que cada autoridad cumpla con la que le corresponde y que exista una coordinación y colaboración efectivas cuando existan condiciones que puedan vulnerar el derecho de votar y ser votado.

Por lo anterior, para el debido funcionamiento de la mesa, el exhorto precisa que será necesaria la participación de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de los institutos Nacional Electoral y Electoral del Estado de México, de las representaciones de los partidos políticos, de las autoridades federales de seguridad y procuración de justicia competentes y, en su caso, de las autoridades municipales correspondientes, respetando siempre la autonomía y competencias de cada institución.

Asimismo, se requiere fortalecer y actualizar, a la brevedad y con base en criterios objetivos, verificables y conjuntamente acordados, el Mapa Estatal de Riesgos para la Seguridad Electoral, identificando, como mínimo, zonas con alta incidencia delictiva y conflictividad social; amenazas y agresiones contra candidaturas, dirigencias, personas servidoras públicas o representantes políticos; así como cualquier otro factor que pueda comprometer la libertad del sufragio.

El llamado también propone establecer un Protocolo Estatal de Prevención y Atención de Violencia Política que contemple criterios objetivos, imparciales y transparentes para la determinación de medidas de protección, así como procedimientos claros para la recepción, canalización y seguimiento de los casos, sin perjuicio de las atribuciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y en los instrumentos emitidos por las autoridades competentes.

Por último, planteó celebrar reuniones de evaluación y emitir informes públicos sobre la evolución de los riesgos, las acciones preventivas implementadas y las condiciones generales de seguridad electoral, salvaguardando los datos personales, la información que por disposición legal deba permanecer reservada y, particularmente, la seguridad e integridad de las personas involucradas.

En el proceso electoral local 2026-2027 se elegirán mil 291 cargos de elección popular: 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 diputaciones de representación proporcional, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías.