19 de marzo del 2026


Una iniciativa de ley presentada en Jalisco que busca limitar la colocación de fichas de búsqueda a “espacios públicos no prohibidos” generó el rechazo de familiares y colectivos de personas desaparecidas. La controversia escaló hasta el punto de que, desde el Congreso, se prometió arreglar el desaguisado provocado por los mismos legisladores.

En un estado donde el retiro discrecional de las cédulas por policías y funcionarios de distintas áreas de gobierno ha sido una constante, el pasado viernes 13 de marzo, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, la morenista Norma López Ramírez, lamentó lo que consideró una “malinterpretación” de la iniciativa, y aseguró que antes de llevarla al Pleno se harán ajustes para que se eliminen los términos que impliquen una restricción a la pega de fichas de búsqueda.

Lo que no puntualizó fue que, desde el pasado diciembre, esta comisión avaló reformas al Código Penal y a la Ley de Personas Desaparecidas para tipificar como “abuso de autoridad” el impedir la colocación de fichas de búsqueda, “ya sea en medios digitales o en espacios públicos no prohibidos, o que las borren, manipulen, oculten o retiren sin causa legal”. En un comunicado, agregó que los municipios deberán facilitar su colocación “en espacios públicos permitidos”; también estableció que la manipulación o retiro indebido de las cédulas por servidores públicos recibirá sanciones acordes a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Fue hasta el pasado 25 de febrero, cuando la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso aprobó el dictamen de diciembre sobre la iniciativa —presentada por el diputado independiente Alejandro Puerto el 20 de mayo de 2025—, que los colectivos se percataron de que la propuesta original, que busca proteger la pega de las fichas de búsqueda, había sido modificada de modo que se alteraba el sentido del documento, al limitarla a “espacios públicos no prohibidos”.

Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza y padre de Héctor Daniel Flores Fernández, desaparecido el 18 de mayo de 2021 en Guadalajara, explica que originalmente la iniciativa proponía castigar al servidor público que ordenara el retiro de las cédulas, pero los cambios incorporados limitan el derecho a buscar, pues además el dictamen —que pasó en la primera lectura— establece que solo las cédulas emitidas por la autoridad se podrán colocar en espacios públicos permitidos o no prohibidos.

“Es algo muy peligroso porque, si se empieza a legislar vulnerando los derechos humanos internacionales, el día de mañana esta misma legislación no solo se va a utilizar para el tema de desaparecidos, sino para cualquier lucha. Es muy peligroso que se empiece a legislar de esta manera, utilizando un tema tan difícil [como el de las desapariciones] para hacer estas modificaciones a modo”.

El buscador considera que, de aprobarse la iniciativa tal como está, se otorgaría a las autoridades la facultad de decidir dónde es permitido buscar a sus familiares desaparecidos y dónde no; además de priorizar la estética sobre la vida, al “proteger la imagen urbana” y criminalizar la búsqueda de personas desaparecidas.

Hasta el pasado viernes, cuando fueron citados por la diputada López Ramírez, los colectivos no habían sido informados ni consultados sobre la propuesta. Aunque el Congreso está en periodo ordinario de sesiones, Flores no descarta que, debido a las críticas, la iniciativa no llegue al Pleno.

Al igual que la salida a campo que realizan familiares de personas desaparecidas, la pega de las cédulas se ha convertido en una herramienta de búsqueda y una acción de resistencia y de memoria, así como una forma de combatir la narrativa de las autoridades, que en distintos estados del país buscan limitar su colocación a aquellos espacios que resulten menos visibles, pues consideran que dañan la imagen pública del estado y del país.

En los últimos años han circulado decenas de videos e imágenes de al menos 18 estados —según una revisión de denuncias y reportes en redes hecha por este equipo— que muestran a servidores públicos retirando las cédulas de paredes, monumentos, parques y otros lugares en donde familiares de personas desaparecidas han hecho intervenciones para pegar cientos de fichas con los rostros, nombres y datos de las personas a quienes buscan. Otras acciones de los funcionarios son aplicar pintura sobre las cédulas o cubrirlas con anuncios.

“Si las autoridades buscaran a los desaparecidos con la misma rapidez con la que retiran las fichas de búsqueda, Jalisco no sería el primer lugar nacional [en desapariciones, actualmente con más de 16,000 víctimas]”, afirma una publicación de 2023 acompañada de un video que muestra cómo trabajadores del ayuntamiento de Guadalajara retiran las cédulas que minutos antes pegaron colectivos frente al Panteón de Mezquitán.

En Jalisco, las familias de víctimas recorren cada fin de semana distintos municipios para pegar cédulas con los rostros de sus seres queridos, y los ayuntamientos las retiran; antes lo hacían de madrugada, ahora incluso a plena luz del día.

“No es justo que no reconozcan el trabajo de las familias en la difusión de personas desaparecidas, en nuestras acciones de búsqueda en vida. Si el Estado cumpliera con esto de manera cabal, las familias no tendríamos por qué estar saliendo cada fin de semana a pegar miles de cédulas de búsqueda; ya cargamos con demasiado: incentivamos la búsqueda, la investigación, el tema en derechos humanos, en víctimas, y todavía la difusión de cédulas. Esta falta de reconocimiento institucional se me hace muy grotesca”, agrega Flores.

La utilidad de las fichas de búsqueda ha quedado demostrada, dice el padre buscador. El colectivo Luz de Esperanza, entre otros, ha logrado localizar personas gracias a estas acciones, por lo que regularlas atentaría contra su derecho a buscar y encontrar a sus familiares. “Retirar una cédula no es solo romper un papel, es destruir una esperanza”.

A través de un video, la organización Amnistía Internacional manifestó su preocupación sobre los intentos del Congreso de Jalisco de legislar la pega de cédulas en espacios públicos. La organización advierte “un grave riesgo de que, de aprobarse estas modificaciones, se vean afectados al menos tres derechos de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a buscar”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Restricciones versus cambios en la legislación

En Veracruz, las autoridades municipales no permiten a las familias pegar fichas de búsqueda en el primer cuadro de los Pueblos Mágicos —un programa turístico del que forman parte lugares que destacan por su herencia histórica, arquitectura y tradiciones—. En los casos de Orizaba y Coatepec, las autoridades han prohibido la colocación de las cédulas con el argumento de que se trata de una disposición federal, cuando en realidad lo que se prohíbe es la publicidad.

Las familias saben que el objetivo real es mantener una imagen “limpia y atemporal” para los turistas, señala Lidia Lara, representante del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz; sin embargo, son lugares en los que también se registran desapariciones: “Está el otro lado de la moneda que decimos: ‘No estás cuidando a la ciudadanía, a la gente que vive aquí en tu pueblo mágico’".

En julio de 2025, las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones reconocieron a la ficha de búsqueda como el “documento oficial generado por la autoridad competente al momento de recibirse una noticia, reporte o denuncia de desaparición o no localización de una persona, que contiene los datos esenciales para su identificación, búsqueda, localización e investigación”, y agregaron a la normativa el capítulo quinto: “De la ficha de búsqueda, localización e identificación”, que regula la emisión de las cédulas, y establece los datos que debe contener y su difusión “de manera masiva”. Estas reformas no contemplan sancionar a quienes retiren o destruyan las fichas de búsqueda.

En febrero de 2026, el Estado de México publicó un decreto en el que incorpora el apartado de la ley general sobre las cédulas a su propia ley en materia de desapariciones; ese mismo mes, en el estado de Oaxaca, la diputada morenista Analy Peral Vivar presentó una iniciativa con el mismo propósito.

El Congreso de Tamaulipas propuso, en agosto de 2025, una iniciativa para mejorar la coordinación entre autoridades con el objetivo de garantizar la difusión inmediata de las fichas de búsqueda, y en la Ciudad de México, el pasado enero, el Congreso presentó un exhorto a “las personas titulares de las 16 alcaldías [...] para favorecer la permanencia y protección de las lonas de foto, boletines de búsqueda colocados por familias buscadoras en espacios públicos, hasta en tanto las personas desaparecidas sean localizadas”.

Después de que el mes pasado se publicara en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Comisión Nacional de Búsqueda solicitó que, conforme lo establece el Tercero Transitorio, las empresas del sector privado con capacidad de difusión (televisoras, radiodifusoras, prestadores de servicio de transporte terrestre, aéreo o marítimo, entre otras) envíen antes del 20 de marzo datos como el nombre de la persona que servirá de enlace para recibir las fichas de búsqueda con el propósito de garantizar que sean difundidas de forma masiva en sus canales, o bien en redes sociales, páginas web, pantallas o monitores. Hace unos días, una veintena de organizaciones y colectivos de estados como Chihuahua, Hidalgo y Guanajuato hicieron un llamado para que “el ámbito empresarial cumpla con esta obligación”.

Ocultamiento ante el Mundial

Familiares de víctimas consideran que los intentos de regular la pega de fichas de búsqueda podría estar relacionada con un control de la narrativa sobre la crisis de desapariciones previa a la Copa Mundial de Fútbol, que tendrá como una de sus sedes a México, donde se disputarán partidos en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Temen también que estos intentos se extiendan a todo el país, pues entre los argumentos para limitar su colocación destaca la protección de la imagen pública.

“El gobierno está haciendo de todo para insistir en que en México no pasa nada, y sí pasa y mucho. Estamos completamente en contra, no tendrían por qué criminalizar el hecho de que estemos pegando fichas, el tema se tiene que visibilizar. Entendemos que al gobierno le gusta esconder lo que está pasando; sin embargo, nosotras, madres buscadoras, no lo vamos a permitir y vamos a seguir en la lucha”, señaló Karla Lechuga, mamá de Jeshua Cisneros, de 18 años, desaparecido el 13 de noviembre de 2025 en Cuautitlán Izcalli, municipio mexiquense donde las autoridades han retirado cédulas y lonas de personas desaparecidas.

David Barrios Rodríguez, latinoamericanista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ha señalado el contraste entre la celebración de la justa deportiva y la persistente realidad de las desapariciones. En un artículo, subraya el hecho de que en Guadalajara, alrededor del Estadio Akron, donde se realizarán cuatro encuentros del Mundial, en un radio no superior a 50 kilómetros se hayan descubierto lugares de reclutamiento forzado, centros de adiestramiento de grupos criminales y fosas clandestinas.

Nuevo León, señala el investigador, es el quinto estado del país con más desapariciones, y su capital, Monterrey, concentra el mayor número. El Estadio BBVA, sede también de cuatro partidos, “se encuentra en el municipio de Guadalupe, que aparece en segundo lugar estatal”.

Mientras que en la Ciudad de México, donde se realizarán cinco encuentros en el Estadio Banorte (antes Azteca), entre los que destaca la inauguración, la preocupación es el aumento de mujeres desaparecidas en los últimos años, principalmente en las delegaciones Tlalpan y Coyoacán.

El buscador Héctor Flores piensa también que existe una intención del gobierno de invisibilizar las desapariciones de cara al Mundial, puesto que la diputada López Ramírez, quien modificó la iniciativa original que protegía las fichas de búsqueda, forma parte de Morena, un partido que no gobierna Jalisco, pero sí a nivel federal.

“Pareciera que es una ley que va a buscar proteger rumbo al Mundial la estética y la visibilidad del problema en todo el país. Se nos hace medio raro [que los cambios vengan] de un partido que no esté en el gobierno [y] adopte esta posición, cuando regularmente tendría que venir este tipo de argumentación o de oposición generalmente del partido que está en el poder, ¿no? Es al que más le preocupa la visibilización del tema”.

Familiares y organizaciones alertan sobre el hecho de que, conforme se acerque el campeonato, podría aumentar el retiro de fichas de búsqueda u otras acciones de represión con el objetivo de mantener una narrativa oficial centrada en ocultar la crisis de desapariciones.

“[Quitar una ficha] es atentar contra la búsqueda de esa persona de la que se está quitando la cédula. Es quitarle una oportunidad de volver a casa o incluso de encontrar sus restos”, dice Flores, y agrega: “Es quitarle esperanza a las familias y quitar herramientas, porque es un instrumento de localización. Retirar un cartel, un pedazo de papel, es mucho más que eso: es atentar contra la dignidad, la memoria, la justicia y la vida de una persona”.

El “terror” frente a una fotografía

Lidia Lara sale a las calles con paletas y botellas de agua en las que ha pegado fotos e información de personas desaparecidas. No lo hace sola, forma parte de las acciones de difusión del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz. Cada ficha de búsqueda y tríptico cuentan una historia.

“‘Esta persona se llama Diego”, ejemplifica, “desapareció hace un mes; su familia, sus hijos, lo buscan’. Siempre enfatizamos quiénes lo buscan. ‘Él hace falta en casa, ¿por qué? Porque tiene dos hijos que lo esperan y una esposa. Él trabajaba, era carpintero, hacía mesas, bancos, sillas y se dedicaba a la venta de muebles. Sin embargo, un día salió a comprar material y no regresó’”.

Recalca: una ficha de búsqueda no solo reúne los datos de la persona desaparecida. “Es como mostramos quién nos hace falta; no es nada más un número o una carpeta. También es un rostro, un nombre, un apellido, alguien que tiene una familia y una historia que contar”.

Para el abogado Jorge Verástegui, quien busca a su hermano Antonio y su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009, el pegado de una ficha evidencia un problema del que el gobierno no quiere hablar. Como familias se han dado cuenta de que las cédulas son tanto una herramienta de búsqueda y visibilización de la problemática, como una protesta y una manera de confrontar directamente a las autoridades. “Se ha constituido ya no solo como una acción de búsqueda y de memoria, sino también de disputa por una narración oficial de la realidad”.

Verástegui considera que el Estado siempre ha tenido una política de olvido, y que como colectivos deben asumir que los funcionarios cambian y se van. Para el buscador, el mensaje es claro: hay que resistir. “Es más fácil que el funcionario se canse o se vaya a que nosotros, como familias, nos cansemos”.

El abogado considera revelador el caso de Jalisco. “Con algo muy simple, ves el terror que tiene el gobierno frente a una fotografía”.

Las familias están ganando al visibilizar a sus familiares en una ficha de búsqueda, agrega. Y lo hacen con un elemento que estremece al gobierno, que no le gusta, que le incomoda, y lo mismo les sucede a los perpetradores de las desapariciones.

“Creo que ahí, en algo tan sencillo, que es una hoja de papel impresa con una fotografía, hemos encontrado una herramienta que se ha vuelto más potente incluso que las palabras, que los discursos y los comunicados que podemos emitir”.

Las fichas de búsqueda son memoria e identidad, mantienen la presencia en el espacio público y no solo en el privado, considera en un artículo el artista tamaulipeco Javier Dragustinovis. “Son la evidencia y la prueba fehaciente de la existencia de la desaparición, su problemática y los delitos continuados que suponen, contrastando en muchos momentos a los archivos del Estado, que opaca, vuelve estadística y olvida a los desaparecidos”.

Quitar las cédulas, una constante

Pese a que Jalisco es el primer estado donde se presentó una iniciativa legislativa para evitar la manipulación o el retiro de fichas de búsqueda, es frecuente que sean destruidas en distintos puntos del país, sobre todo en lugares turísticos donde las autoridades intentan “ocultar” la problemática, como el mencionado caso de Veracruz, la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes y la Feria Nacional de Fresnillo en Zacatecas. En Acapulco, una importante zona turística, las autoridades municipales han destruido y tapado sistemáticamente las fichas de búsqueda.

La buscadora Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido en 2018, explica que en Acapulco, después de más de tres años de movilizaciones y manifestaciones, lograron a finales de 2025 que el ayuntamiento emitiera un oficio comprometiéndose a respetar las fichas de búsqueda. Antes, dijo, los trabajadores cortaban con cúteres las cédulas cuando eran pegadas con diurex por las familias, por lo que las buscadoras recurrieron a materiales más resistentes, a lo que el gobierno municipal respondió cubriéndolas con pintura. “Eran destruidas o tapadas sistemáticamente”, dice la buscadora.

Ahora están preparando una estrategia que permita que el oficio tenga continuidad en las siguientes administraciones municipales.

El 15 de marzo de 2024, familias buscadoras denunciaron el retiro de cuatro memoriales temporales que habían colocado frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, dedicados a Óscar Antonio López Enamorado, Antonio y Antonio de Jesús Verástegui, Alejandro Alfonso Moreno Vaca y Marco Antonio Amador Martínez. Pese a que ninguna autoridad aceptó haberlos retirado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó, a través de la Policía Militar, como parte de un proceso de amparo promovido por los familiares, que personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México quitó los memoriales el 13 de marzo, y aportaron como prueba al menos una fotografía y la declaración de un militar.

Pese a esto, las autoridades capitalinas continuaron negando su participación, a la vez que argumentaron que los memoriales, hechos en metal, afectaban el derecho al medio ambiente, pues al ser colocados en una jardinera podían dañar los árboles.

A pesar de las pruebas brindadas por la Sedena, en 2025 el juez responsable del caso sobreseyó el amparo por considerar que no tenía elementos suficientes. Las familias promovieron un recurso de revisión que analiza actualmente un tribunal colegiado de la Ciudad de México, que debe valorar la decisión del juez de no tomar en cuenta el informe de la Sedena como prueba de la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México en el retiro de los memoriales.

En septiembre de 2025, en la capital poblana, un mural con fichas de búsqueda del colectivo Voz de los Desaparecidos, ubicado en una de las paredes del Centro de Atención Municipal en la avenida 11 sur, una de las principales que rodea el Centro Histórico, fue borrado por personal del ayuntamiento, utilizando líquidos y espátulas, durante trabajos de mantenimiento. El alcalde morenista José Chedraui dijo que había ocurrido “por error” y que el mural sería restaurado, lo que ocurrió un mes después.

En algunos municipios, antes de la visita de la presidenta Claudia Sheimbaum y de su comitiva, las autoridades han retirado cédulas de lugares visibles o de las letras turísticas de bienvenida a la ciudad, como ocurrió en julio de 2025, cuando se eliminaron las fichas colocadas sobre la avenida Álvaro Obregón de Culiacán, en Sinaloa.

Difundir los rostros

Asunción Petruz Cano, quien busca a su hijo Lorenzo Azkiel Ramírez Petruz, desaparecido en 2021 a los 23 años, vuelve a casa entre las nueve y las once de la noche, a veces incluso hasta las dos de la madrugada. Sale desde las cinco y media de la tarde a buscar cartones y botellas de plástico y de aluminio, apoyada sobre una silla de ruedas, un regalo para su madre que ahora ella utiliza.

Es su segunda jornada del día, pues la primera comienza a las cinco de la mañana, cuando recorre las calles del puerto de Veracruz durante unas cinco horas para recolectar materiales. Al regresar, sobre las diez de la mañana, desayuna, limpia la casa y aprovecha para descansar, aplastar botellas y clasificar lo reunido. Dos jornadas, en total, de entre nueve y trece horas diarias; en sus recorridos, a veces la acompañan sus hijas Diana y Yesenia, su hijo José —de 28, 21 y 20 años, respectivamente— y su hermano Martín. Quien asiste a las búsquedas en campo es Diana, porque Asunción sufrió hace un año un accidente al bajar del camión, se lastimó la cadera y no puede estar mucho tiempo parada. A veces, también le donan ropa que suele vender.

Para pagar la impresión de 50 a 60 fichas de búsqueda, Asunción tiene que trabajar alrededor de tres días, entre 27 y 39 horas; para una lona, entre 63 y 91 horas, más de una semana de trabajo.

Asunción pertenece también al colectivo Justicia y Dignidad Veracruz. Recuerda que la última vez que lo vio, su hijo le dijo: “’Mamá, voy a buscar trabajo aunque sea de ayudante de albañil’. Y le dije: ‘Pues ve, con la bendición de Dios’”. Han pasado casi cinco años. “Hasta el sol de hoy, no lo he vuelto a ver”.

Desde entonces, esta es su rutina de todos los días: salir, recolectar, vender, volver a casa. “Pues tengo que hacerlo porque es mi hijo. Y por mí, hasta donde Dios me lo permita”.

Lidia Lara, quien busca a su hermano Ángel Gabriel Tobón Fuentes, desaparecido en 2017 en Boca del Río, señala: “Ese es el esfuerzo de las familias, porque con un desaparecido no hay dinero ni salud que alcance”.

Para la buscadora, su trabajo como familiares es hacer memoria, mantener vivos a sus seres queridos, y hacer difusión para que sus rostros puedan ser vistos. Le parece importante la iniciativa original de proteger la pega de fichas en Jalisco para que se replique en otros estados.

“Volanteamos y a la semana ya hay personal del ayuntamiento, hacen un arrancamiento de fichas, u otras personas van y las arrancan”, comenta la buscadora Lucia Cintura sobre la situación en el puerto de Veracruz. Ella busca desde 2023 a su esposo Francisco Javier Tapia Hernández y a su hermano Cristóbal Cintura Rufino.

“Las lonas no duran mucho tiempo. Igual van personas, a veces de civiles, van y las quitan, las cortan”. Para colgar una lona, les toma entre 30 minutos y una hora. Lucia, de 26 años, trabaja en la venta de comida con su madre Cristina, también hace limpieza en casas y trabajos de albañilería; el dinero se divide entre el sustento del hogar para ellas y sus dos hijas, y la impresión de fichas, lonas, camisas, y los viáticos para la búsqueda. Cuando junto al colectivo Justicia y Dignidad Veracruz se trasladan a otros municipios, como Tierra Blanca o Acayucan, llegan a las 10 de la mañana y, sin parar, terminan la pega de cédulas a las tres de la tarde para volver con luz al puerto.

“Esto [repartir paletas y botellas de agua]”, dice Lidia, “es una forma de hacer difusión sin tener que pegar una ficha de búsqueda, porque [las autoridades municipales] no nos lo permiten. Nos las ingeniamos para que conozcan a nuestros familiares desaparecidos”.