27 de junio del 2025


La nueva Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas es, para familiares de víctimas y buscadores, una simulación, un simple cambio de nombre, pues no resuelve problemas añejos como la falta de atención a casos de larga data y propicia la duplicación de funciones. Mientras, el gobierno capitalino defiende lo que considera un plan integral que prioriza la coordinación entre instituciones y aspira a detener una crisis que suma más de 6,200 personas desaparecidas en la capital del país.

Para Ashanti Ríos, prima de Pamela Gallardo Volante, desaparecida en 2017 en la carretera Picacho-Ajusco, la creación del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el espacio donde se gestó la nueva estrategia, duplica los esfuerzos institucionales, ya que su principal objetivo —coordinar las acciones de las instituciones locales responsables de la búsqueda y localización de personas desaparecidas— es también una de las tareas del Sistema de Búsqueda, que opera desde la entrada en vigor de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México en 2019.

“El gabinete es solo otro espacio más de burocratización. ¿Qué no se supone que ya existía el Sistema de Búsqueda para generar la eficacia entre la fiscalía y la comisión de búsqueda?”, cuestiona Ashanti. “En lugar de imponernos más instancias, deberían hacer funcionar las que ya existen”.

Con 6,261 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) consultado el 25 de junio, la CDMX es el octavo estado con mayor número de casos, en un país que suma 129,605 desapariciones.

En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno fortalecería la metodología de búsqueda diseñada durante su gestión en la Ciudad de México. Un modelo que, tras ser adoptado en todo el país por la administración de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.

Tres meses después de esta declaración, tras reunirse con familiares de víctimas, la jefa de Gobierno Clara Brugada instaló el 31 de enero el Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que comenzó a trabajar en la nueva estrategia, presentada el 28 de abril como un programa de veinte puntos. Para poder cumplirlos, se anunció un presupuesto sin precedentes, pues se duplicarán los recursos de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBPCDMX) —este año contará con 50 millones de pesos—, y se destinarán partidas de 37 millones de pesos a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), y de 164 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La estrategia del gobierno capitalino contempla el cruce masivo de bases de datos —acorde con la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada—, y la búsqueda en campo con una “nueva metodología” basada en patrones y análisis de contexto. La propuesta es definir polígonos de búsqueda específicos, y que a las jornadas asistan colectivos de familias, organizaciones civiles y especialistas, informó la fiscal general capitalina, Bertha María Alcalde Luján.

“Pero ¿por qué dicen que es una nueva estrategia? Si precisamente así es como ya funcionaban las búsquedas en la Ciudad de México desde hace años”, afirma Lucía Rico Fernández, quien desde 2019 busca a su hijo Rodrigo Ricardo Rico, desaparecido a los 25 años en el bosque del Ajusco durante una peregrinación a Chalma.

Una de las novedades que plantea la estrategia es la implementación de búsqueda por patrones para los casos de larga data, explica Jesús Salazar Rivadeneyra, coordinador de enlace informativo entre la Secretaría de Gobierno capitalina y el gabinete de búsqueda. Esto implica que se van a vincular las carpetas de investigación de casos ocurridos en una misma región —como el Ajusco, o los cerros del Chiquihuite y de Guadalupe— para realizar un análisis de contexto que permita identificar a los principales generadores de violencia en la zona. El trabajo se hará en coordinación con los estados colindantes.

A diferencia del modelo anterior de búsqueda, indica Salazar, cuando un agente del Ministerio Público podía tener asignadas decenas de carpetas dispersas en toda la ciudad, con la búsqueda por patrones cada funcionario se especializará en un polígono determinado. Además, se crearán Equipos de Coordinación Operativa (ECO) —integrados por ministerios públicos, policías de investigación y antropólogos— para evitar la rotación constante y garantizar continuidad en las búsquedas. Estos equipos dependerán de la FGJ y la Secretaría de Gobierno.

“Lo que propone la nueva estrategia es que ya tenemos que dejar de pensar en que son diferentes instituciones para la búsqueda de personas”, afirma. “De ahora en adelante somos un solo edificio, un solo mando. Si antes había una unidad de análisis de contexto de la fiscalía y otra de la comisión, ahora son una sola unidad que trabaja en conjunto”.

Búsqueda inmediata

Uno de los ejes de la estrategia capitalina es la “búsqueda inmediata” en las primeras 72 horas de la desaparición, esto implica la movilización urgente de las autoridades y la coordinación de los recursos institucionales para una pronta localización. Transcurrido ese periodo, el caso pasa a la fase de “búsqueda intensiva individualizada”, que se extiende por 30 días, en los que se generan hipótesis y se elabora un plan de investigación. Finalmente, si no hay resultados, el expediente se traslada a la categoría de “búsqueda de larga data”, en la que se realizan análisis de patrones, cruces de información entre bases de datos y acciones de búsqueda en campo con familiares.

Israel Lira García, miembro del Consejo Ciudadano de Búsqueda y acompañante solidario en la red de colectivos Armadillos Rastreadores, señala que este plan de acción fue el mismo que se planteó en 2020, cuando inició la CBPCDMX. El antropólogo físico cuestiona también la “nueva” estrategia porque el gabinete de búsqueda, coincide con Ashanti, es similar en sus objetivos y operación al Sistema de Búsqueda, pues ambos se crearon para subsanar la falta de mecanismos de colaboración entre las distintas dependencias encargadas de localizar a las personas desaparecidas.

El Sistema de Búsqueda integra a más de una decena de instancias, como la Secretaría de Gobierno, la CBPCDMX, la FGJ, la SSC, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi), y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo). Estas seis instituciones conforman también el gabinete de búsqueda.

“El problema es que, en la práctica, el Sistema de Búsqueda nunca se implementó con eficacia, y eso se refleja en la falta de articulación que hay entre las instituciones cuando se reporta un caso de desaparición. Tienen a las familias yendo de un lugar a otro”, afirma Lira. Una deficiencia que ha sido denunciada durante años por los colectivos buscadores.

Esto podría solucionarse con la creación, en agosto de este año, como parte de la nueva estrategia, del Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas, donde las familias podrán reportar la desaparición de sus seres queridos y ser atendidas en un mismo lugar. Ubicado en la colonia Doctores, reunirá en un solo edificio a la CBPCDMX, la FGJ y el grupo especializado de búsqueda de la SSC.

El Sistema de Búsqueda continuará sesionando cada tres meses bajo la conducción de la jefa de Gobierno, tal como lo establece la ley.

“Por eso digo que todo esto de la nueva estrategia es una simulación para que parezca que sí están haciendo algo”, insiste Lira. “Porque en realidad no se está cambiando a fondo el funcionamiento de las instituciones, simplemente están modificando la jerarquía entre ellas y rehusando modelos anteriores”.

“Nosotras [las familias] creemos”, concuerda Ashanti, “que quieren hacernos ver que es un avance inédito. Pero para nosotros es un refrito del refrito del refrito”.

Para María del Carmen Volante, madre de Pamela, la estrategia tampoco ofrece nada nuevo. “Al reunirnos con un gabinete y no con los mandatarios, nos están poniendo piedras en el camino. A Sheinbaum no se le puede olvidar que ella tiene una deuda con mi hija, porque fue alcaldesa —de Tlalpan, la delegación donde la joven de 23 años desapareció—, fue jefa de gobierno, y hoy es presidenta”.

Reparar fallas del pasado

Elena Azaola, investigadora emérita del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), considera que la nueva estrategia evidencia el fracaso de la administración local de Sheinbaum en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

En su libro La desaparición de personas en la Ciudad de México. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?, Azaola señala deficiencias como la ausencia de un Registro Único de Personas Desaparecidas y No Localizadas en la capital; la falta de claridad en los criterios con los que la Ceavi decide brindar o negar apoyo a las familias, y la escasa profesionalización de las unidades de Análisis de Contexto de la fiscalía y la CBPCDMX para comprender a profundidad el fenómeno de la desaparición en las distintas alcaldías y en zonas específicas de la ciudad.

“Sin querer reconocer explícitamente que había cosas que estaban mal, esta nueva estrategia intenta resolver todas las fallas que hubo durante el periodo de Sheinbaum”, afirma en entrevista la investigadora, quien aprueba la iniciativa del gobierno.

Es un “buen planteamiento”, sostiene. “El reto mayor va a ser su implementación más allá del papel y, sobre todo, la voluntad de todas las autoridades para coordinarse. No estoy segura de que logren aplicarla completa, pero creo que lo importante ahora es que toda la ciudadanía, las familias y las organizaciones le demos seguimiento para que punto por punto se vaya cumpliendo todo”.

Azaola, quien fuera integrante del primer Consejo Ciudadano de Búsqueda de la CDMX, señala dos picos relevantes en el aumento de las desapariciones en la capital. El primero ocurrió en 2019, cuando el RNPDNO registró 523 personas desaparecidas —en 2018 hubo 69—. “Este primer incremento se debe a que, como en 2019 entró en vigor la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, se agregaron de golpe a las bases de datos toda una cantidad de casos que hasta entonces no habían sido registrados”, explica.

El segundo repunte fue en 2024, con Martí Batres como jefe de Gobierno, cuando hubo 1,284 desapariciones en la CDMX, según el registro nacional. Esta alza, afirma Azaola, responde a una causa distinta: “Los datos nos indican que claramente hay un problema de desaparición en la ciudad y en general en todo el Valle de México que se está saliendo de control. Las cifras nos dicen que hay una mayor presencia del crimen, así como un desbordamiento de las autoridades, que son incompetentes para investigar y registrar los casos reportados”.

Al comparar las cifras del RNPDNO de ambos años, es posible observar también una disminución en el número de localizaciones: mientras en 2019 fueron localizadas ocho de cada diez personas desaparecidas, en 2024 fueron cinco de cada diez.

¿Y los casos de larga data?

Como estrategia para aumentar el número de localizaciones, el gabinete de búsqueda revisa diariamente los casos reportados en las primeras 72 horas desde su registro, explica Salazar. Asegura que la mayoría de las denuncias están relacionadas con extravíos, ausencias voluntarias, accidentes automovilísticos o extracción de menores por conflictos familiares, por lo que se logra dar con el paradero de aproximadamente el 40% de los casos.

“Sin arriesgarme a dar una cifra exacta, más o menos solo el 6.3% de los casos están relacionados con delitos graves o de alto impacto, como los vinculados a la delincuencia organizada”, afirma el funcionario.

Azaola señala en su libro que una parte de las desapariciones en la capital son voluntarias, para escapar del maltrato o el abuso; también suceden cuando alguien —principalmente niños, ancianos— se extravió y no sabe cómo regresar a su hogar, o porque no se notificó a los familiares el asesinato de una persona, su fallecimiento en un accidente, o su internamiento en cárceles, hospitales o albergues.

En otros casos, agrega la investigadora, intervienen los grupos criminales, como en el ocultamiento de cuerpos tras un homicidio, y en el secuestro de personas con fines de explotación sexual, trabajo esclavizado o reclutamiento forzado.

Es por eso que Carlos Ramírez Chaufon, hermano de Ángel Gerardo—un empleado de 20 años desaparecido el 29 de noviembre de 2019 en la colonia Lindavista junto con sus compañeros Leonel Báez Martínez y Jesús Armando Reyes Escobar—, se pregunta qué va a pasar con todas esas personas que no son localizadas en las primeras 72 horas, que no se fueron voluntariamente, y de las que durante años no se ha sabido nada.

“Yo creo que, con esta estrategia, buscan poder decir que la cifra de desapariciones va a la baja, porque, si nos fijamos bien, casi no le están dando atención a los casos de larga data, se están enfocando más en los casos inmediatos“, señala el buscador, en referencia a que resolver las desapariciones recientes podría permitir al gobierno controlar los números al alza.

Esto implica el riesgo, advierte, de que, mientras las cifras oficiales disminuyen, las personas que llevan mucho tiempo desaparecidas sigan sin ser encontradas.

Salazar explica que, en la nueva estrategia, el modelo de búsqueda generalizada es una de las principales acciones para atender los casos de larga data, debido a que muchas veces las desapariciones están conectadas y requieren de jornadas de rastreo conjuntas y análisis de contexto cruzados.

“Desgraciadamente, el Estado nos convierte en casos de larga data”, asegura Lucía Rico. Desde que Rodrigo desapareció en 2019, las autoridades aún no le han permitido el acceso a las cámaras de videovigilancia del C5, y hasta hace apenas unas semanas el Instituto Nacional Electoral (INE) no le había entregado las huellas dactilares de su hijo para poder incluirlas en el cuadernillo de búsqueda, un documento que reúne fotografías, información genética, el cuestionario ante mortem (con datos biográficos, físicos, de salud), la ficha somatológica (con una descripción facial y corporal detallada), y el fotovolante de búsqueda de la persona desaparecida.

“Esperemos que sí cumplan lo que están prometiendo, y sí colaboren con el C5 y el INE, porque aparte de eso a las familias que llevamos muchos años buscando no nos están ofreciendo nada nuevo”, sostiene Lucía, quien vende papas fritas y banderillas en el centro de la capital para costear los gastos familiares y la búsqueda de su hijo. “Todo es búsqueda inmediata, y yo digo, qué bueno que los encuentren inmediatamente para que ya no haya más familias sufriendo este dolor que sentimos, pero también tienen que darnos propuestas nuevas a nosotras”.

Un Gabinete Metropolitano

Durante la presentación de la nueva estrategia, Brugada anunció que en mayo estaría funcionando un Gabinete Metropolitano integrado por las autoridades de búsqueda del Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la CDMX, proyecto que aún no se ha concretado.

Sobre esta iniciativa, Lira explica que, si bien la coordinación entre estados limítrofes es clave para localizar, por ejemplo, a personas desaparecidas que pudieran haber ingresado a los Semefos (Servicios Médicos Forenses), también deberían fortalecerse los vínculos con instituciones de entidades como Michoacán, Guerrero y Jalisco. “Es bien sabido que esos estados son usados para el ocultamiento de cuerpos, la trata y el reclutamiento forzado”.

Salazar explica que están en el proceso de firmar convenios con los estados que colindan con la capital, y buscarán suscribirlos a nivel nacional. Agrega que la importancia de esta colaboración radica en implementar un plan de identificación que incluya crear en la CDMX un banco con los perfiles genéticos de personas fallecidas no identificadas y de familiares de personas desaparecidas en la capital, para poder cotejarlos con los registros de otras entidades federativas. “Todo esto ya lo estamos trabajando y esperamos que en las próximas semanas pueda instalarse un primer gabinete metropolitano”, afirma el funcionario.

Jaqueline Palmeros, madre de Jael Monserrat Uribe, quien fue localizada sin vida en la zona boscosa del Ajusco en noviembre del año pasado, subraya que una omisión importante de la nueva estrategia es que no incluye medidas de seguridad para las familias buscadoras. Si bien la mayoría habita en la Ciudad de México, muchas viven cerca de los presuntos perpetradores, ya sea porque han sido absueltos o no pueden ser detenidos por falta de pruebas.

La buscadora, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, señala que no se está contemplando una metodología de búsqueda que incorpore enfoques diferenciados con poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las infancias, las mujeres —con búsquedas que integren la perspectiva de género—, los pueblos originarios —con la presencia de traductores e intérpretes en las distintas etapas del proceso—, y las personas de la comunidad LGBTIQ+.

Panteón forense

Otro de los puntos contemplados en la nueva estrategia es la creación este año de un Centro de Resguardo Transitorio de Cadáveres No Identificados o No Reclamados en la CDMX, que estará a cargo de la fiscalía capitalina y el Incifo. “Será una inversión de aproximadamente 100 millones de pesos”, afirma Salazar.

Dotado con 5,000 gavetas para cuerpos, y 4,000 para restos óseos, el propósito del centro, según la fiscal general Alcalde, es resguardar de “manera individual y digna” los cuerpos de las personas fallecidas hasta su identificación y entrega a familiares.

El panteón forense estará dividido en dos predios ubicados en diferentes alcaldías, aún pendientes de adquirir por el Gobierno de la CDMX, que espera concretar los convenios para dar a conocer las ubicaciones.

Brugada anunció que, a partir de agosto, se pondrá en marcha un programa de exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores, con el propósito de identificar a las personas enterradas en la fosa común, que en 2023 sumaban 4,817 cuerpos.

La idea de un panteón forense tampoco es nueva. En julio de 2022, durante la jefatura de Gobierno de Sheinbaum, se anunció su construcción en el Panteón de Dolores. Sin embargo, según afirmó en entrevista para este medio el excomisionado de búsqueda capitalino, Enrique Camargo, la obra ni siquiera comenzó a construirse por falta de recursos, a pesar de que el proyecto —elaborado por la Secretaría de Obras del Gobierno de la CDMX en colaboración con la Dirección de Obras del Poder Judicial capitalino— ya estaba concluido.

“Por eso necesitan un proyecto bien planeado”, advierte Lira. “Porque así como nos lo están contando suena muy ambicioso. Y al menos hasta la fecha no han presentado un plan bien estructurado a los colectivos y organizaciones”.

Las fallas continúan

A Margarita, quien pidió no publicar su nombre real por temor a represalias de las autoridades, la llevaron a buscar a su hija desaparecida en febrero de este año junto a otras nueve madres. Durante un mes recorrió, junto con la CBPCDMX, dos reclusorios, un Semefo en el estado de Morelos, y un Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial.

Con una fotografía de su hija en la mano, preguntó a los presos si alguien reconocía o había visto antes ese rostro; también observó en una pantalla imágenes de tatuajes, cicatrices y partes de cuerpos, por si eran de ella. Mientras, el personal de la comisión chateaba en su teléfono sin prestar atención. “Ellos no iban a buscar, iban de paseo, como si fueran de pícnic”, dice Margarita.

Casi al término de la jornada, alguien de la comisión pasaba entre las madres a pedir una cooperación económica. No es que fuera mucho dinero. Normalmente eran 16 pesos por persona para pagar las casetas cuando iban a Morelos, más el monto correspondiente a los gastos de estacionamiento, gasolina y los alimentos de los funcionarios. Pero con eso hubiera podido comprarle algo a mis nietos, afirma la mujer oriunda de Tlalpan.

“A lo mejor por agradecimiento lo hacíamos”, dice. “Porque yo pensaba: nos están ayudando a buscar a nuestros familiares y, si yo doy, Dios me lo va a multiplicar. Pero ahora veo que no, que solo nos estaban revictimizando”.

Esto sucedió en febrero y marzo de este año, cuando ya había empezado a trabajar el gabinete de búsqueda, y la nueva estrategia estaba puliéndose. “Desde entonces [enero], estamos ajustando cómo se están haciendo las cosas de búsqueda en la Ciudad de México”, confirmó en entrevista el secretario de Gobierno César Cravioto.

“Pero entonces, si ya llevaban tiempo utilizando la estrategia, ¿por qué me tienen yendo de una institución a otra?”, pregunta Margarita.

La madre buscadora cuenta que, desde el 23 de abril, solicitó en la CBPCDMX que le entregaran el cuadernillo de búsqueda de su hija.

Ese día, el personal de la comisión le indicó que no podían dárselo hasta que en la FGJ le proporcionaran el perfil genético de su hija, para que pudieran integrar esos datos al cuadernillo. La semana siguiente, un día después de haber arrancado oficialmente la nueva estrategia, Margarita se presentó en la fiscalía para solicitar la información.

“No, señora, nosotros no tenemos por qué andar mandando esa información. Mejor vaya y dígales a los de la comisión que, si quieren que se la demos, ellos tienen que venir por ella”, le respondió el agente del Ministerio Público.

Entre las instituciones se pasan la bolita, dice Margarita, como si estuvieran jugando fútbol. “Y nosotras, como madres buscadoras, somos la pelota. Porque nos traen de aquí para allá. Dándonos patadas para un lado, y luego para el otro”. Y es que todo el trabajo lo realizan las familias, afirma. Y agrega que el dolor, también, lo sienten todo las familias, porque en las mañanas, después de un día de búsqueda o de una mesa de trabajo, a ella le duele la cadera y le cuesta levantarse de la cama. No tanto por el cansancio físico, sino por la impotencia.

“Ojalá que el gabinete sí se ponga a trabajar y que no nomás nos estén dando atole con el dedo, porque eso es lo que hacen en la comisión y en la fiscalía. Si [los funcionarios] están muy cansados para hacer su trabajo, les pedimos amablemente que renuncien y se vayan a descansar a su casita”, reclama. Y afirma que, hasta ahora, las instituciones han demostrado no estar capacitadas para trabajar con los miles de casos de desaparición que hay en la ciudad.

Salida del comisionado capitalino

Apenas el 9 de junio, el secretario de Gobierno, Cravioto, anunció la destitución de Enrique Camargo como titular de la CBPCDMX, cargo que ejercía desde 2022. Las familias habían denunciado trabas del funcionario en los procesos de búsqueda y su escasa presencia en las búsquedas en campo. En un comunicado publicado el 16 de julio, varios colectivos señalaron como un “acto impositivo” la remoción del comisionado sin haber sido consultados.

Camargo es una persona que cambió la CBPCDMX de manera poco favorable, asegura Lira. “Si hiciéramos un balance de los hallazgos de larga data durante su periodo, en comparación con los de búsqueda inmediata, los de larga data siempre salen perdiendo. El problema es que, más allá de los datos de la fiscalía, no existen cifras propias de la comisión, a pesar de que Camargo estaba obligado por ley a entregar evaluaciones anuales”.

Otra de las fallas que Lira identifica en la administración de Camargo es que, cuando asumió el cargo, desmanteló la estructura de trabajo existente sin elaborar un nuevo manual operativo que respaldara los cambios. Alteró la jerarquía entre puestos y reestructuró las áreas de especialidad, explica, lo que provocó a nivel interno una falta de claridad sobre el organigrama, que llevó a que muchos funcionarios no tuvieran claras sus responsabilidades.

“El problema con esto”, explica, “es que, aunque en la nueva estrategia de búsqueda ya tienen contemplado un plan de capacitación para funcionarios, mientras en la comisión no se cuente con un manual operativo que la haga funcional, difícilmente van a poder desarrollar dicha estrategia con éxito”.

La incertidumbre de Margarita coincide con la de otros familiares que buscan a sus seres queridos. El día en que la jefa de Gobierno presentó su nueva estrategia en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, casi al finalizar el evento, María del Carmen Zamora Villedas, fundadora de la colectiva feminista Ehécatl, pidió la palabra: “Todo lo que están planteando es una utopía muy buena, pero más que devolvernos una sonrisa, nos devuelven una esperanza, porque la sonrisa va a llegar cuando encuentren a los desaparecidos”.

Y entonces, como si esas palabras pudieran advertir que entre la duda y la confianza hay muchos vacíos, las familias presentes aplaudieron.