03 de marzo del 2026


El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, expuso la importancia que tienen las pertenencias de las víctimas en los procesos de búsqueda e identificación. A menudo, denuncian las madres buscadoras, las prendas y objetos hallados son destruidos por las fiscalías al catalogarlos como tóxico-biológicos, sin considerar su relevancia en las investigaciones

Por Isaac Vargas


Un par de semanas antes de que desapareciera, Salomé García le regaló unos zapatos a su hijo Juan Carlos Castro, quien estaba por iniciar un nuevo trabajo. La tarde del 29 de septiembre de 2016, cuando se dirigía a Acatlán de Juárez, se perdió su rastro; el celular mandaba directo al buzón. Inició entonces para Salomé un “peregrinar” que la llevó de las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde se encuentra la morgue metropolitana.

“Yo estaba ahí siempre, cada semana iba para ver qué noticias tenían. En el instituto me decían que no había ningún cuerpo con las características de mi hijo”, recuerda. Hasta que una tarde, a finales de enero de 2017, llamaron a su esposo para que acudiera al IJCF a dar una muestra de ADN. “En ese momento nos fuimos corriendo, mi corazón estaba muy agitado. Sentía como unos calambres que me recorrían la piel”, cuenta la mujer de 62 años.

Anteriormente le habían mostrado la fotografía del cuerpo de un hombre; solo se veía de la cintura para abajo. Lo habían hallado en un lote baldío del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Cuando observó la imagen, la madre de Juan Carlos entró en shock: “Esos eran los zapatos de mi hijo, estaba segura, eran los que recién le compré. Comencé a gritar, a decir que era él”. Pero necesitaba certezas. Después de que le tomaron la muestra genética a su esposo, en el IJCF dijeron que requerían tiempo para la identificación.

“Les hablé a las [madres] del colectivo Por Amor a Ellxs para contarles lo que había pasado. Metimos presión porque ellos ya tenían todas las muestras, solo debían hacer la confronta. Según ellos iban a tardar algunas semanas, ¿cómo si ya tenían todo?”. Con el apoyo de un funcionario estatal —cuya identidad pide omitir—, el resultado estuvo listo en menos de 48 horas. “Uno tiene que ir con otras autoridades para que presionen a otras”, dice. Los resultados confirmaron que era el cuerpo de Juan Carlos.

Salomé quería recuperar las pertenencias de su hijo, “porque son algo importante para mí, sobre todo los zapatos, quería tenerlos: guardarlos en la casa”. Cuando se lo planteó al ministerio público encargado del caso, le respondió que ya los habían desechado por higiene. Fue toda la explicación que obtuvo.

“Hablar de los objetos es un tema complicado, sobre todo en México”, considera Iván —nombre ficticio de un antropólogo forense centroamericano que pide no revelar su identidad porque colabora con gobiernos estatales—. “Mira, recuerda lo que pasó con el caso Jalisco, ahí tenemos un ejemplo que muestra en un nivel profundo lo complejo que es esto”, dice en referencia al hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y a la transmisión que realizó el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo de 2025 tras entrar al lugar y encontrar cientos de prendas y numerosos fragmentos de restos óseos calcinados.

En Jalisco, las prendas y los objetos no suelen ser tomados como evidencia importante en las indagaciones para la localización e identificación de personas desaparecidas —que en el estado suman más de 16,000—, debido tanto a la saturación de cadáveres en las instituciones forenses, como a las negligencias que se cometen en el sistema de procuración de justicia.

El impacto de Teuchitlán

El rancho Izaguirre fue identificado como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde los jóvenes, la mayoría atraídos con promesas falsas de trabajo, eran obligados a unirse a sus filas; quienes se negaban eran asesinados.

Después de que las imágenes de la ropa y zapatos almacenados en el lugar dieran la vuelta al mundo y creciera la indignación en el país, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso. Al referirse a las prendas descubiertas, el exfiscal Alejandro Gertz señaló que en la FGE “nos las entregaron de una manera muy irregular. Ya las clasificamos, ya las tenemos todas perfectamente bien inventariadas y […] van a estar a disposición también” de las familias para su identificación.

Los textos publicados en días pasados de la serie Las Prendas Hablan evidencian los obstáculos que, tanto la fiscalía estatal como la FGR, han puesto a las familias que han creído reconocer alguna pertenencia de sus seres queridos desaparecidos. Las autoridades han esgrimido diversos pretextos para impedirles la revisión de las piezas de ropa u objetos que han identificado entre los más de 1,800 indicios hallados en el rancho, que actualmente se encuentran en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México y en la FGE de Jalisco.

En abril de 2025 hablé con Axel Rivera, titular del IJCF desde febrero de ese año, quien defendió la labor realizada por la institución con los indicios encontrados en el rancho. “Mis peritos hicieron un buen trabajo, siguiendo siempre todos los protocolos. Tenemos más de 5,000 fotografías que ordenamos y entregamos [a la FGR]. Ya estaban inventariadas”.

Aseguró que a todas las madres que acudieron al IJCF, tanto antes como después de que la noticia se convirtiera en un escándalo internacional, se les mostraron las fotografías. “Era imposible enseñar los objetos en físico porque ya estaban procesados en bolsas, catalogados”.

Le pregunté si las prendas y objetos hallados junto a los cuerpos son realmente tomados en cuenta en los procesos de análisis post mortem realizados por la institución. “Todo lo que se encuentra en las fosas es recuperado y a todo se le debe tomar fotografía”, señaló.

Nueve madres entrevistadas, que hacen tanto trabajo de búsqueda como rastreo de fosas clandestinas, me cuentan que, en la práctica, las evidencias no siempre son registradas, y la cadena de custodia—el proceso de control que garantiza la autenticidad de una prueba— suele tener deficiencias.

Por ejemplo, señalan que no se toman fotografías de todos los hallazgos y que los cuerpos y los objetos encontrados en fosas son aventados al interior de las camionetas por los peritos “sin un mínimo de consideración”, subraya Salomé.

“Si la cadena de custodia no es la adecuada con los restos humanos, menos con otras cosas o pertenencias de los nuestros”, sentencia Lorena Cárdenas, quien busca a su hija Brenda Ortega, desaparecida en Tlajomulco en 2018.

Rivera aseguró que, como titular del IJCF, apuesta por seguir los lineamientos de protocolos y normas como el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos: recabar evidencia, procesarla adecuadamente, y que los peritos forenses recuperen todos los datos posibles que puedan proporcionar las familias de las víctimas. Lo que, según el funcionario, debería estarse haciendo desde 2019, cuando la Cruz Roja Internacional firmó un convenio con la institución para darles capacitación y aplicar los protocolos internacionales en la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cuerpos.

Siete de las nueve madres buscadoras entrevistadas afirman que las prendas y los objetos son rápidamente desechados, casi en cuanto llegan a las instalaciones. Esto lo saben por la experiencia de otras compañeras de búsqueda, que han encontrado sin vida a sus hijos, y por testimonios de trabajadores de la fiscalía y del IJCF compartidos con ellas en administraciones pasadas.

“Nosotras hemos visto cuando encontramos fosas cómo maltratan a los cuerpos y avientan los objetos, sin respeto y sin procesar. A una le queda la duda de qué pasa con todo eso”, dice Violeta Flores, madre de Jazmín Ojeda, desaparecida en Zapopan en 2020.

Señala CNDH omisiones en el caso; FGR continúa peritaje

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer la recomendación 11/2026, en la que establece que, después del ingreso de la Guardia Nacional al rancho Izaguirre el 18 de septiembre de 2024, el personal de la FGE y del IJCF cometió en las semanas posteriores una serie de omisiones al no realizar el procesamiento técnico de todas las evidencias localizadas —que incluían lotes de restos óseos, prendas y objetos—, en particular su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, lo que afectó la eficacia de la investigación. El hecho de que tres de los siete vehículos asegurados en el rancho fueran robados el 25 de noviembre de 2024 significa para la CNDH que la FGE incumplió con su obligación de asegurar el inmueble, lo que fue advertido el 4 de febrero de 2025 por personal de la fiscalía —casi un mes antes del ingreso de Guerreros Buscadores de Jalisco—, sin que se tomaran medidas.

La CNDH menciona también el recorrido por el rancho organizado por las fiscalías estatal y federal el 20 de marzo de 2025, “pese a que permanecía en proceso de intervención pericial”. El gran número de personas que asistieron —madres buscadoras, influencers y periodistas— derivó, según el organismo, en la alteración del lugar y de los indicios que pudieran encontrarse. Agrega que de las 1,842 evidencias halladas en el lugar, que pueden ser consultadas en la página del IJCF, tampoco se aseguró la cadena de custodia.

Finalmente, el organismo solicita a los titulares de la FGE y del IJCF realizar, en un plazo de seis meses, “un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos” cometidas en el caso, así como elaborar o actualizar “un protocolo de actuación para la correcta preservación y aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos, el procesamiento técnico-científico de indicios, el adecuado manejo de la cadena de custodia y la generación de periciales confiables”.

Para Guerreros Buscadores de Jalisco, la recomendación de la CNDH confirma las deficiencias en la investigación y en el procesamiento de las evidencias denunciadas por las familias, pero insiste en que no debe olvidarse que fueron retirados del lugar numerosos fragmentos óseos calcinados, “incluso en cubetas”, que confirmaron la existencia de crematorios en el lugar —algo que rechaza la FGR—. “Lo ocurrido en el rancho Izaguirre”, publican en su cuenta de X, “no fue únicamente una serie de irregularidades administrativas en una investigación. Fue un lugar donde hubo muerte, donde hubo asesinatos, y donde se encontraron restos humanos calcinados. Esa realidad debe ser reconocida con toda claridad”.

Ayer, en un comunicado, la FGR informó que el análisis de los fragmentos de restos óseos hallados en el rancho permitió obtener únicamente el perfil genético de un hombre, pero hasta ahora, las confrontas con muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas no han permitido identificarlo. Informaron también que han detenido 47 personas por el caso, y que existen otras órdenes de aprehensión vigentes.

La FGR insistió en que su investigación ha confirmado que el rancho era un sitio de adiestramiento de víctimas de reclutamiento forzado, donde se realizaban “prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos”, y se les despojaba de la ropa para obligarlos a portar otra vestimenta. Las evidencias halladas están siendo procesadas en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense en la Ciudad de México, y en el sector Regional con sede en la FGE de Jalisco. “A la fecha, se cuenta con un avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del lugar de intervención”, precisa la institución.

La investigación completa puede leerla en el siguiente link: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2026/03/06/prendas-desechadas-otro-duelo-para-las-familias/