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enero 3, 2026Sin resolución de juez, MP´s y policías quitan y dan propiedades en Edomex
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Sin resolución de juez, MP´s y policías quitan y dan propiedades en Edomex
07 de enero del 2026
La Secretaria de Seguridad Estatal (SSE) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ejecutaron poco más de mil 300 transferencias de propiedades sin tener competencia legal para hacerlo y sin mediar ningún titpo de resolución judicial ni proceso legal, lo que podría estar disfrazando acciones encubiertas de despojo, advirtieron abogados.
Por comunicados emitidos entre noviembre y diciembre del 2025, se conoció que ambas dependencias en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardía Nacional y la Secretaría de Marina (SEMAR), habían cerrado el año con el aseguramiento de mil 321 inmuebles relacionados con presuntos delitos de despojo y "contra la propiedad" en la mitad de los 125 municipios.
Previamente, el 30 de noviembre la FGJEM mediante un primer comunicado refirió que con apoyo de autoridades municipales ya "habían asegurado" un total de mil 228 inmuebles "relacionados con el delito de despojo" y que tan solo en la última semana de ese mes, es decir del 22 al 29 de noviembre, habían ejecutadp cateos e inspecciones en 38 propiedades de 13 municipios.
Para entonces y a partir de abril que se lanzó el operativo "Restitución", se daba cuenta que de los inmuebles asegurados, ya habían sido "restituidos" a quienes -supuestamente- habían acreditado legítimamente su propiedad, en un total de 728 casos.
También las dependencias participantes y protagonistas de estos megaoperativos, refirieron en noviembre que de los 725 inmuebles devueltos al menos 664 correspondían a casas-habitación, así como a 56 predios y dos inmuebles dedicados a "locales comerciales".
Tan solo de un mes al otro, de acuerdo con los datos aportados por la dependencia, se habrían ejecutado más de cien operaciones de este tipo, transferencias de propiedades, sin tener una resolución judicial de por medio ni haberse agotado un proceso jurídico, con todas sus etapas y oportunidades de defensa ante eventuales abusos de poder.
También se señaló que entre el 13 al 20 de diciembre, "autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en 14 municipios consistentes en técnicas de investigación de cateo e inspecciones en donde fueron aseguradas 25 propiedades."
COMPETENCIA LEGAL BAJO SOSPECHA
De acuerdo con abogados litigantes que pidieron mantener su identidad bajo reserva ante la persecución que se ha desatado en el país contra las posturas críticas frente a actos cuestionables de las autoridades, advirtieron que el marco legal en torno al cual se realizan estos operativos no solo es estrecho sino inexistente, pues ni MPs ni policías federales, estatales o municipales, tienen atribuciones legales para determinar la posesión de un inmueble, incluso no descartaron estar frente a operativos simulados de despojo.
"Aún cuando existieran buenas intenciones de las autoridades, no existe precedente jurídico de este tipo de acciones, y las autoridades están claramente excediendo sus atribuciones competenciales", indicaron litigantes de Edomex, tras destacar que la medida se puede prestar más bien a actos de corrupción más graves y a violaciones sistemáticas de Derechos Humanos.
Los artículos 127, 130 y 131 del Código de Procedimientos Penales establece con claridad las competencias de los Ministerios Públicos, entre las cuáles no está juzgar un caso, en todo caso atender criterios de oportunidad utilizando para ello los nuevos mecanismos existentes que agilizan la atención de controversias entre las partes, lo que no significa que sea el propio MP el que juzgue, señalaron.
Los litigantes cuestionaron la calidad de la presunta "justicia" que están aplicando policías, fiscalías, Ministerios Públicos en los llamados operativos "Restitución", dejando de lado la acción de los jueces, que por cierto ya fueron electos y ahora también forman parte del Estado, técnicamente hablando, señalaron. Por lo pronto en uno de los recientes comunicados que al respecto emitió la Fiscalía General de Justicia de Edomex, las propias autoridades admiten que podrían estar al margen de la ley...
"Lo anterior, con base en las determinaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, lo que ha permitido agilizar los procesos para que las víctimas recuperen sus propiedades sin requerir esperar el fallo de la Autoridad Judicial".
Otros abogados cercanos a colegios gremiales del Valle de México, cuestionaron que este tipo de medidas podrían dejar en la indefención a una de las partes, además de que para nadie es desconocido que la dependencia enfrenta graves niveles de corrupción y con un rezago histórico, además de opacidad y porcentajes de impunidad que rondan el 90%.
La Secretaria de Seguridad Estatal (SSE) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ejecutaron poco más de mil 300 transferencias de propiedades sin tener competencia legal para hacerlo y sin mediar ningún titpo de resolución judicial ni proceso legal, lo que podría estar disfrazando acciones encubiertas de despojo, advirtieron abogados.
Por comunicados emitidos entre noviembre y diciembre del 2025, se conoció que ambas dependencias en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardía Nacional y la Secretaría de Marina (SEMAR), habían cerrado el año con el aseguramiento de mil 321 inmuebles relacionados con presuntos delitos de despojo y "contra la propiedad" en la mitad de los 125 municipios.
Previamente, el 30 de noviembre la FGJEM mediante un primer comunicado refirió que con apoyo de autoridades municipales ya "habían asegurado" un total de mil 228 inmuebles "relacionados con el delito de despojo" y que tan solo en la última semana de ese mes, es decir del 22 al 29 de noviembre, habían ejecutadp cateos e inspecciones en 38 propiedades de 13 municipios.
Para entonces y a partir de abril que se lanzó el operativo "Restitución", se daba cuenta que de los inmuebles asegurados, ya habían sido "restituidos" a quienes -supuestamente- habían acreditado legítimamente su propiedad, en un total de 728 casos.
También las dependencias participantes y protagonistas de estos megaoperativos, refirieron en noviembre que de los 725 inmuebles devueltos al menos 664 correspondían a casas-habitación, así como a 56 predios y dos inmuebles dedicados a "locales comerciales".
Tan solo de un mes al otro, de acuerdo con los datos aportados por la dependencia, se habrían ejecutado más de cien operaciones de este tipo, transferencias de propiedades, sin tener una resolución judicial de por medio ni haberse agotado un proceso jurídico, con todas sus etapas y oportunidades de defensa ante eventuales abusos de poder.
También se señaló que entre el 13 al 20 de diciembre, "autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en 14 municipios consistentes en técnicas de investigación de cateo e inspecciones en donde fueron aseguradas 25 propiedades."
COMPETENCIA LEGAL BAJO SOSPECHA
De acuerdo con abogados litigantes que pidieron mantener su identidad bajo reserva ante la persecución que se ha desatado en el país contra las posturas críticas frente a actos cuestionables de las autoridades, advirtieron que el marco legal en torno al cual se realizan estos operativos no solo es estrecho sino inexistente, pues ni MPs ni policías federales, estatales o municipales, tienen atribuciones legales para determinar la posesión de un inmueble, incluso no descartaron estar frente a operativos simulados de despojo.
"Aún cuando existieran buenas intenciones de las autoridades, no existe precedente jurídico de este tipo de acciones, y las autoridades están claramente excediendo sus atribuciones competenciales", indicaron litigantes de Edomex, tras destacar que la medida se puede prestar más bien a actos de corrupción más graves y a violaciones sistemáticas de Derechos Humanos.
Los artículos 127, 130 y 131 del Código de Procedimientos Penales establece con claridad las competencias de los Ministerios Públicos, entre las cuáles no está juzgar un caso, en todo caso atender criterios de oportunidad utilizando para ello los nuevos mecanismos existentes que agilizan la atención de controversias entre las partes, lo que no significa que sea el propio MP el que juzgue, señalaron.
Los litigantes cuestionaron la calidad de la presunta "justicia" que están aplicando policías, fiscalías, Ministerios Públicos en los llamados operativos "Restitución", dejando de lado la acción de los jueces, que por cierto ya fueron electos y ahora también forman parte del Estado, técnicamente hablando, señalaron. Por lo pronto en uno de los recientes comunicados que al respecto emitió la Fiscalía General de Justicia de Edomex, las propias autoridades admiten que podrían estar al margen de la ley...
"Lo anterior, con base en las determinaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, lo que ha permitido agilizar los procesos para que las víctimas recuperen sus propiedades sin requerir esperar el fallo de la Autoridad Judicial".
Otros abogados cercanos a colegios gremiales del Valle de México, cuestionaron que este tipo de medidas podrían dejar en la indefención a una de las partes, además de que para nadie es desconocido que la dependencia enfrenta graves niveles de corrupción y con un rezago histórico, además de opacidad y porcentajes de impunidad que rondan el 90%.
Staff Redacción
