3 de agosto de 2021

Fernando “N”, de 35 años de edad, y Gloria “N” de 29 años, quedaron vinculados a proceso, por su probable responsabilidad en el asesinato de su mascota, un perro llamado “silver” y al cual junto con otros familiares, le habrían apaleado, acuchillado y aplastado con un motor, para causarle la muerte.

Los hechos, como se recordará, ocurrieron el pasado 25 de julio, en la azotea de ambos indiciados, cuya agresión a su mascota quedó videograba por vecinos, lo que permitió conocer el ataque, ya que se viralizó.

El Poder Judicial de la entidad, confirmó que ambos quedaron sujetos a “proceso” por lo que se determinó un plazo de 30 días para que se concluya la investigación y mientras tanto deberán permanecer recluidos.

La sujeción a proceso de ambos, se determinó tras la audiencia de prórroga del plazo constitucional por la jueza asignada al caso, quien determinó la situación jurídica de ambos y dio un plazo de 30 días para el cierre de la investigación.

Asimismo impuso una medida cautelar consistente en prisión preventiva durante el procedimiento, por lo que fueron ingresaron esta misma tarde al penal de Barrientos Cómo se recordará, estos sujetos junto con familiares, ascendieron a la azotea de su domicilio en Tlalnepantla el pasado 25 de julio, y en turnos apalearon a Silver.

Datos de la carpeta de investigación, revelaron que la mascota primero fue acuchillada con cuchillos y tijeras, luego golpeada con palos y al final le dejaron caer en la cabeza un motor de fierro.

Todo quedo videograbado por vecinos, a quienes la familia se negó a escuchar cuando pedían que dejaran en paz al perro.

Tras estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), abrió una carpeta de investigación y prácticamente tres días después de lo ocurrido, detuvo a la pareja.

El asesinato de “Silver” a manos de su propia familia, ocurrió casi al mismo tiempo que el Poder Legislativo aprobó reformas al Código Penal de la entidad, para agravar las penas en contra del delito de “maltrato animal”, por lo que de encontrarse culpables, tanto Fernando “N” como Leticia “N”, podrían alcanzar la pena máxima aprobada por los legisladores que ahora es de 6 años de prisión y solo alcanza los 9 años, cuando se trata de servidores públicos.

Staff Redacción