17 de noviembre de 2020

Pagos improcedentes a trabajadores no autorizados o dados de baja; cifras que difieren entre lo consignado ante Hacienda y lo registrado en los estados contables; rendimientos de cuentas bancarias no reportados íntegramente, además de mezcla de recursos que dificultan el seguimiento de fondos y subejercicios de hasta el 27%, son algunas de las observaciones más importantes que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) hizo en la Cuenta Pública 2019, del sector salud mexiquense.

Se trata de al menos tres auditorias realizadas tanto a la Secretaria de Salud del gobierno estatal, como al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), ambas bajo la dirección del secretario de salud, Gabriel O´shea Cuevas, quien fuera también director del Seguro Popular, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En las tres auditorias, también se indican diferencias entre lo reportado a la Secretaria de Hacienda y lo asentado en estados contables y presupuestarios que suman casi de manera exacta mil millones de pesos en recursos federales transferidos a la secretaria de salud y al ISEM, cuya transparencia contable no queda clara.

La ASF informó que órganos de control interno iniciaron procedimientos administrativos en cada caso o por cada diferencia de este tipo detectada o reportada en cada una de las tres auditorias, mismas que ahora firma un allegado al gobernador y a Enrique Peña Nieto.

PRIMERA AUDITORIA

En la Auditoria 2019-A-15000-19-0731-06-002 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se determinó un monto por comprobar por 74 millones 794 mil 822.33 pesos con motivo de pagos realizados a mil 764 trabajadores por concepto de “estímulo al personal que labora en localidades geográficamente dispersas de bajo desarrollo” y de los cuales no se comprobó que cumplieran con ese requisito, es decir, que laboraran en zonas marginadas.

Inicialmente se habían entregado pagos de este tipo a mil 788 trabajadores, pero el ISEM solo pudo acreditar el perfil de 24 que sí acreditaban el perfil para recibir dicho pago.

Aparte de esta observación, se realizaron otras que tienen que ver con manejo administrativo. Por ejemplo, se inició un procedimiento administrativo por la “mezcla de recursos” federales procedentes de distintas fuentes” (lo que dificulta la revisión de cuentas pero continúa haciendo la dependencia desde hace varios años); otro procedimiento por retrasar la entrega de recursos entre 6 y 21 días; así como el pago de dos millones 597 mil 961 pesos con 83 centavos a nueve trabajadores que no acreditaron reunir el perfil, de acuerdo al punto 11 de la auditoria.

Otro punto importante de manejos que no cumplen las normas fiscales y de apropiada rendición de cuentas, es el que se estableció en el punto 20 de la misma auditoria, al señalar textualmente que: “La información reportada en el curto trimestre del formato Nivel Financiero por 9 mil millones 783 mil 80 pesos “difiere” del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios por 10 mil 446 mil millones 886 mil 900 pesos. Sin embargo y pese a la diferencia, la ASF no consigna el monto de la diferencia, hay que hacer la operación matemática para sustraerla.

Es decir se trata de una diferencia de 663 millones 806 mil 800 pesos, que no es puntualizada por la ASF, y solo reporta que el órgano interno de control del ISEM inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas, sin señalar nada respecto a la diferencia de cantidades e incluso sin puntualizarla en el dictamen final.

Es importante destacar que esta auditoria como las otras consignadas abajo, están firmadas por Octavio Mena Alarcón, extitular del OSFEM durante los gobiernos de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, quien arribó a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), con el nuevo titular que desplazó al anterior equipo que había logrado documentar la Estafa Maestra.

Por alguna razón que no se ha explicado, Octavio Mena Alarcón, está revisando las cuentas públicas del gobierno del Estado de México, incluidos los sectores que en los últimos años tuvieron más observaciones en la entidad mexiquense, como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), la secretaria de salud y el ISEM.

Respecto al punto 20 de la citada auditoria a la secretaria de salud, se indica lo siguiente: “El ISEM no reportó a la SHCP los informes del primero y tercero trimestres del formato Avance de Indicadores; además, la información reportada en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero por 9,783,080.1 miles de pesos difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios por 10,446,886.9 miles de pesos. El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 11 públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/INVESTIGACIÓN/ISEM/OF/039/2020, por lo que se da como promovida esta acción.” (Al hacer las operaciones aritméticas correspondientes se trata de miles de millones de pesos y la diferencia que resulta es de los más de 663 millones 806 mil pesos indicados arriba).

El punto número 18 indica que se adjudicaron dos contratos para la compra de uniformes a distintas empresas por montos que en conjunto suman 63 millones 644 mil pesos, sin embargo, se detectó que ambas firmas (las cuales no indican) contaban con el mismo apoderado legal, algo que en el ámbito de la corrupción se conoce como “colusión” entre autoridades y empresas. También se inició un procedimiento a nivel local.

SEGUNDA AUDITORIA

Esta auditoria se realizó al “Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, el cual en 2019 contó con transferencias a Edomex por 419 millones 569 mil 100 pesos.

En esta auditoria registrada con el número 2019-A15000-19-0735-2020, la ASF en las revisiones avaladas por Octavio Mena, extitular del OSFEM y excolaborador de Alfredo del Mazo en Banobras, nuevamente, como en la primera, se señalan regalías generadas por las propias cuentas abiertas para el manejo del programa, pero no reportadas de manera íntegra, tampoco hay reportes completos del uso de parte del presupuesto, de acuerdo con el punto ocho de los resultados.

Es decir, se trata de diferencias no aclaradas de un millón 225 mil 300 pesos en rendimientos no reportados de diversas cuentas y 2 millones 392 mil 700 pesos en presupuesto no transferido o ejercido o reportado. Tampoco se precisa.

A diferencia de auditorias practicadas por el anterior equipo de la propia ASF (despedido arbitrariamente por el gobierno de Enrique Peña antes de irse), estas sumas no se transfieren al Dictamen Final de la propia auditoria y solo se refiere que se abrieron procedimientos.

Estas auditorias, reflejan una mayor coordinación con la secretaria de la contraloría del gobierno del Estado, ya que la ASF le da aviso de las observaciones al detectarlas, con lo cual se abren procedimientos locales antes de concluir el ejercicio fiscal, de esta manera las observaciones de cantidades más cuantiosa aparecen como “solventadas” o con procedimientos iniciados en el dictamen final, pero en algunos casos sin puntualizar las sumas total, como venía ocurriendo.

Un ejemplo claro de lo que está ocurriendo puede ser el punto ocho de esta auditoria que se indica así:

“Se verificó que, de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del ISEM por 10,275.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2020, sólo se presentó el registro contable de 9,049.7 miles de pesos y presupuestario de 7,882.3 miles de pesos y se cobraron comisiones bancarias por 0.5 miles de pesos y quedó un saldo pendiente de registrar de 1,225.3 miles de pesos y 2,392.7 miles de pesos, respectivamente. El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/INVESTIGACIÓN/ISEM/OF/044/2020, por lo que se da como promovida esta acción”.

Para entender mejor el punto especificado arriba, recomendamos leer los puntos 7 y 8 de la citada auditoria, cuyo link se agrega abajo.

El punto 9 de la revisión, revela el uso de recursos de una partida para otro propósito distinto, la mezcla de fondos y un subejercicio al menos en este programa del 27.2%.

El punto 15 de la auditoria indica que “no se destinó recurso del programa para la adquisición de medicamento e insumos para la atención de la salud”. Consultando el acuerdo específico de este programa se constata que efectivamente el gobierno estatal no proyectó recursos de este programa para adquirir medicamentos sino para el pago de médicos y a conservación de centros de salud. Abajo se incluye el acuerdo.

También en esta auditoria al igual que la primera, se habla de una diferencia entre el monto reportado a la Secretaría de Hacienda y asentado en registros contables y presupuestarios: “La información reportada a la SHCP en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero por 205,911.7 miles de pesos difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios por 305,262.1 miles de pesos” (punto 17 de la auditoria).

La diferencia entre los registros contables y presupuestarios es de 99 millones 350 mil 400 pesos, cifra que no especifica puntualmente la auditoria de Octavio Mena Alarcón. Solo se indica que se inició un procedimiento por el órgano interno de control.

Igualmente se hicieron observaciones por falta de transparencia en la difusión o publicación del convenio del programa y en las diversas cuentas bancarias que se abrieron para manejar el programa, aunque las reglas de este señalan que solo debió abrirse una, mientras que la secretaria de salud operó alrededor de seis.

TERCER AUDITORIA

Se trata de la auditoria de cumplimiento a recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, la cual se registró con el número 2019-A-15000-19-0743-2020.

En REPS, nuevamente se incurrió en la mezcla indebida de fondos, mediante la apertura de distintas cuentas, pese a que los programas, en la mayoría de los casos, piden a los gobiernos que se utilicen cuentas específicas.

En este caso se usaron dos autorizadas y cuatro cuentas adicionales, por lo que se mezclaron recursos, lo que dificulta la fiscalización de los fondos federales. El mismo problema se reportó en las dos auditorias anteriores.

Los puntos cinco y seis de la auditoria, exponen la confusa mezcla de recursos, depósitos, generación de rendimientos y registros realizados por el ISEM, debido a lo cual autoridades locales iniciaron un procedimiento pero la auditoria del excontralor del OSFEM en el gobierno de Enrique Peña, no precisa si hay faltantes o no, incluso esta auditoria y sus resultados, son más confusos que las anteriores en estos puntos.

En el punto 13 se indica que se inició un pliego de observaciones por 561 mil 518 pesos, por pagos duplicados a tres empleados, inicialmente eran siete. Dejando fuera del dictamen final las observaciones de las sumas más grandes.

Asimismo en el punto 18, al igual que se señala en las anteriores auditorias, se reportan diferencias entre lo reportado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los registros contables y presupuestarios. Esta diferencia entre uno y otro es de 236 millones 648 mil 700 pesos, de acuerdo con las cifras señaladas, aunque la auditoria evita precisar la diferencia y obliga a hacer la operación respectiva.

Se indica que se inició un procedimiento en los órganos locales y con ello la auditoria de Mena Alarcón da por solventada la observación.

Esta diferencia no se agrega en los recursos por aclarar.

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0731_a.pdf

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0735_a.pdf

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0743_a.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487632/edomex.pdf

Ma. Teresa Montaño