4 de agosto de 2020

La fracción parlamentaria de Morena, presentó una iniciativa de ley, que busca regular y transparentar el uso de recursos públicos en materia de publicidad y comunicación social, renglón para el cual el gobierno de Alfredo del Mazo Máza, destinó más de 600 millones de pesos tan solo en 2019.

Durante una sesión parlamentaria transmitida por vía remota a los medios, a presidenta del Comité de Comunicación Social del Congreso, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández la iniciativa, la cual plantea, entre otros puntos, crear un organismo que vigile este gasto.

Se trata de la iniciativa para reformar diversas disposiciones legales y crear la Ley de Comunicación Social, en la que presumiblemente introducirán reglas claras, que también permitan regular las campañas de comunicación de los entes públicos.

“El marco legal busca que se cumplan principios de austeridad, congruencia, economía y racionalidad presupuestaria, eficacia, eficiencia, honradez, institucionalidad, objetividad e imparcialidad, necesidad de comunicar, transparencia, máxima publicidad y veracidad.

Los entes públicos deberán respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de su ejercicio, de forma tal que durante los procesos electorales la comunicación social no influya en la equidad de la contienda entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos”, sostuvo Anaís Burgos.

En la propuesta legislativa se prohíbe que las campañas de comunicación destaquen de manera personalizada nombres, imágenes, voces, símbolos de cualquier persona servidora pública; dichas campañas de ninguna manera podrán fomentar la discriminación, el sexismo o machismo, o cualquier incitación a la violencia o contraria a los ordenamientos jurídicos de nuestra entidad.

Señaló que también se busca que las campañas de comunicación social que realicen los entes públicos, también deberán transmitirse en versiones y formatos accesibles para que las personas con discapacidad puedan entenderlos.

Propone crear la Unidad Administradora, dependiente de la Secretaría General de Gobierno y se encargue de prestar asistencia técnica y de evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación social de los entes públicos.

Establece que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes para darlos a conocer, se limite una vez al año y con las políticas de austeridad y eficiencia que eviten el despilfarro.

“Para llevar a cabo el control y vigilancia de la contratación de la comunicación social, se crea el Sistema Público de Comunicación Social a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, el cual será alimentado con la información que provean todos los entes públicos, órganos constitucionales autónomos y poderes del Estado”, precisó Burgos Hernández.

Los entes públicos deberán proporcionar dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, un informe con las erogaciones del gasto de comunicación social. Y propone reformar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México para que los recursos estatales en materia de comunicación social se revisen y fiscalicen, a cargo del Poder Legislativo y que por medio del Comité de Comunicación social reciban informes bimestrales sobre la ejecución de programas y actividades gubernamentales, y la relación anual de campañas de comunicación social y las erogaciones destinadas a ello.

La propuesta de Ley de Comunicación Social del Estado de México, que fue canalizada a comisiones para su estudio, considera Infracciones y sanciones, por las acciones u omisiones que pudieran constituirse como una responsabilidad administrativa, y proceder legalmente contra quienes infrinjan la norma.

¿QUE OCURRE ACTUALMENTE?

Cabe destacar que hasta el momento, ni el ejecutivo estatal ni los entes públicos, ni ayuntamientos, ni los tres poderes del Estado de México, cuentan con reglas claras para el ejercicio de los recursos públicos que se destinan a publicidad, casi todos orientados a elevar la imagen de los titulares de las dependencias, poderes o ayuntamientos.

Tan solo en 2019, el gobernador Alfredo del Mazo Maza, gastó más de 700 millones de pesos en el rubro de “comunicación social”, cuyo centro de la política comunicacional, es él mismo.

Tampoco existen reglas de ningún tipo, ni siquiera en la Legislatura Local que está ahora bajo la mayoría de la 4T, para distribuir el gasto público destinado a comunicación social, con lo cual los criterios prevalecientes son de amiguismos del coordinador de comunicación social, compadrazgos y con prevalencia a medios que favorezcan la difusión de notas del gobernador Alfredo del Mazo y del PRI.

Esta misma política se observa en los ayuntamientos. Por ejemplo en Metepec y Toluca las partidas presupuestales de difusión se están entregando a los amigos y personeros de los encargados de comunicación social, ambos allegados al PRI.

Este medio ha documentado que en esas comunas, los contratos publicitarios se dan incluso a medios nuevos, que no cuentan ni siquiera con audiencias, pero que directa o indirectamente están ligados a los coordinadores de comunicación social. El caso más grave de corrupción en esta área, se detectó en Toluca, donde el coordinador Marco Aguilar, ligado al PAN y al PRI, ha venido asignando contratos publicitarios a medios sin impacto, ni audiencias y ocultando los contratos, con lo cual también viola el artículo 12 de la Ley de Transparencia.

Staff Redacción con información de Tere Montaño