23 de mayo 2019

Al menos 300 taxistas, se dieron cita en la plaza de los Mártires para protestar en contra de las medidas que han tomado autoridades de la capital mexiquense en contra de unidades del transporte público sin verificar, por lo que demandaron la creación de una comisión para negociar y obtener una prórroga para regularizarse.

Luis Alejandro Bernal, Presidente del Bloque de Transportistas del Valle de Toluca, integrado por 190 organizaciones y 14 mil unidades de todo el Valle de Toluca, aseguró en entrevista que detrás de las acciones lanzadas por el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez contra el transporte, bajo el argumento de mejorar el ambiente, lo que en realidad se esconde es un propósito “recaudatorio” a favor del gobierno del Estado de México, sugirió.

En este sentido dijo que “no debería estar ligada una multa –de más de mil 600 pesos- con la verificación”, pues si el objetivo es verificar las unidades, pues que se verifique, insistió, pero sin exigir tantos pagos a los transportistas, que es, en realidad lo que está ocurriendo, señaló, respaldado por otros dirigentes.

“Las contingencia se volvió una situación recaudatoria, porque si ahorita van a servicios administrativos están repletos y los verificentros lo mismo, y yo no veo que con ese dinero se haya plantado un solo árbol o se haya hecho una acción”, ¿ese dinero dónde está?”, cuestionó.

El representante de los transportistas admitió que no están en contra de la verificación, pero piden a las autoridades comprensión, puesto que los verificentros no cuentan con la capacidad suficiente para recibir las unidades que están demandando el servicio, junto con particulares y autobuses. Dijo que tras la contingencia ambiental que vive el Valle de Toluca, los transportistas se han visto afectados al no poder verificar en tiempo y forma, y ahora tampoco pueden trabajar.

“Nos encontramos en proceso de convenio con la Secretaria de Movilidad para la regularización del servicio”, dijo, ya que muchos de los afectados con la medida que ha tomado el Ayuntamiento son los que han firmado este convenio.

Marcó claramente que el servicio es necesario y que en la capital se cuenta con 26 rutas de transporte público, pero muchos no llegan a comunidades como rancherías, donde ellos si dan servicio.

VERIFICACIÓN EMERGENTE, PRETEXTO PARA CORRUPCIÓN EN OFICINAS DE GOBIERNO

Bernal, acuso a los verificentros de incurrir en corrupción puesto que solo encuentran trabas al momento de intentar hacer el trámite, “por cualquier documento no nos reciben y no podemos pasar” dijo.

Hizo mención que la multa que exigen las autoridades es de mil 690 pesos, por las verificaciones atrasadas aparte de las tenencias y tramites comprometidos con la Secretaria de Movilidad, de esta forma el costo tiene un incremento -con multas y otros costes- superior a los 5 mil pesos, lo cual, dijo, los imposibilita a tener un avance en su regularización.

Por otra parte, el gobierno municipal se vio en la necesidad de cerrar las puertas del Ayuntamiento y negar el acceso a los transportistas, quienes se apostaron también a las puertas del edificio gubernamental, para esperar a ser recibidos.

Luis Edgar Martínez Hernández

Reportero Becario