24 de agosto de 2026


Las familias de personas acusadas por el régimen de excepción de Nayib Bukele de pertenecer a grupos criminales desconocen qué condiciones enfrentan sus seres queridos en los penales, cuál es su estado de salud o su situación jurídica. Los detenidos pueden permanecer años incomunicados, sin derecho a llamadas ni visitas. Este trabajo inaugura un espacio mensual dedicado a la publicación de fotogalerías

Por Paola Macedo para A dónde van los desaparecidos

El martes 10 de mayo de 2022, a las nueve de la mañana, dos agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador llegaron a la casa de Cecilia Ábrego, en la ciudad de San Salvador, cuando se preparaba para visitar con su hijo Jimmy (der.), de 34 años, la tumba de su madre, quien había fallecido un mes antes. Los policías le ordenaron a Jimmy mostrar su Documento Único de Identidad (DUI), después lo sacaron de la casa y, con el pretexto de que solo necesitaban que respondiera unas preguntas, se lo llevaron a una comisaría cercana, desde donde fue trasladado al penal de Izalco. Cecilia visita cada mes la cárcel para dejarle una despensa, debido a las escasas raciones que reciben los presos. Daniel Elías Gómez (izq.), hermano de Cecilia, también permanece preso desde el 11 de septiembre de 2022, actualmente en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana.

Sin una investigación, sin pruebas y sin garantizar el derecho a la defensa, desde hace cuatro años Jimmy se encuentra privado de la libertad. A Cecilia no le han permitido verlo ni comunicarse con él; solo sabe lo que uno de los policías le dijo cuando se lo llevaron: “Señora, su hijo va a quedar detenido por vínculos con agrupaciones ilícitas”. Cecilia vive desde hace 26 años en la comunidad de Nueva Esperanza, un asentamiento que carece de servicios básicos, ubicado en los márgenes de una de las zonas más exclusivas de la capital del país, la colonia Escalón. A su casa entra poca luz debido a los muros de un mercado municipal que finalmente no se construyó. La obra negra permanece frente a las viviendas.

Desde que lo detuvieron, Cecilia no ha dejado de buscar la manera de saber cómo está Jimmy. A través de los rumores que circulan entre familiares de otros presos, intenta obtener noticias de su hijo. “Así una se entera de cuándo los mueven o los trasladan de penal, pero no se sabe nada más”. Hasta hoy, Cecilia desconoce el estado físico y de salud de Jimmy, quien trabajaba como colocador de cerámica en casas y conducía un mototaxi. Un informe de Amnistía Internacional de julio de este año concluyó que bajo el régimen de excepción de Bukele se cometen violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a los patrones documentados por la organización: detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y muerte bajo custodia estatal.

En la habitación de Cecilia está colgada una lona con fotos de su hijo y de su hermano, quienes apoyaron a Bukele durante su campaña. Hoy se pregunta si el presidente recompensa a quienes lo apoyaron enviándolos a prisión. Desde el 27 de marzo de 2022, cuando entró en vigor el régimen de excepción en El Salvador, se ha dado un encarcelamiento masivo, más de 92,000 personas hasta mayo de 2026. Esto ha permitido, según los legisladores del país, que la tasa de homicidios sea de 1.3 por cada 100,000 habitantes (en México es de 21.4). Organizaciones salvadoreñas como Socorro Jurídico Humanitario (SJH) han denunciado que una tercera parte de las personas detenidas, alrededor de 30,000, son inocentes, y al menos 554 personas han fallecido en las cárceles.


El trabajo completo puedes seguirlo en: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2026/08/21/desaparecer-en-las-carceles-de-el-salvador/