27 de Septiembre 2025

Carlos Martín Beristain, quien fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, dijo que las pruebas que existen son irrefutables para desmontar la “verdad histórica” construida por el gobierno priista, que responsabiliza únicamente a un grupo criminal por la desaparición de los 43 estudiantes. Volver a esa teoría, señaló, cuando en el sexenio pasado ya se habían declarado los hechos ocurridos en Iguala como un “crimen de Estado”, sería terrible.

En entrevista telefónica, a once años de la desaparición forzada de los estudiantes, aclaró que nadie del Gobierno federal se ha acercado para invitarles a continuar con las investigaciones del caso, como pedían las familias, una posibilidad que fue descartada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero una de sus condiciones para volver sería tener acceso a toda la información existente, incluida la del Ejército.

El exintegrante del GIEI aconsejó al nuevo fiscal especial Mauricio Pazarán y a los integrantes de la ONU que pudieran ser llamados para seguir con la indagación, a que examinen las pruebas científicas que existen, y que dijo “son irrefutables”, en vez de retomar testimonios ya descalificados y tomados bajo tortura.

“[Sostener hoy en día la “verdad histórica”] no tiene pies ni cabeza. Ya el propio Estado, la Covaj [Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa] en su momento, asumió esas conclusiones y en su primer informe dijo que había sido un crimen de Estado; puso encima de la mesa los elementos que mostraban una visión totalmente diferente, y que coincidían con lo que nosotros habíamos investigado. El riesgo que hay es que todas esas cosas se olviden o se pase por encima como si no existieran. Eso me parece terrible, porque estamos hablando del caso probablemente más emblemático de México.

“No se puede volver atrás en la historia, y menos en este caso. Yo animaría a los fiscales, a las autoridades también, a que lean todos los informes en profundidad; hay más cosas que hacer, pero ahí están las pruebas que son irrefutables”, dijo el médico y psicólogo vasco.

Beristain dijo que, en los dos últimos años, desde la salida del GIEI, en la información que el gobierno ha hecho pública no ha visto avances significativos en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Más allá de detenciones de personas implicadas no se ha sabido “qué ha pasado con la estrategia definida en el gobierno de AMLO para intentar quebrar pactos de silencio que pudieran ayudar a tener nuevas informaciones [...], no sabemos si han dado su declaración o si hay una estrategia [de colaboración] con ellos”.

Sobre la estrategia anunciada por la presidenta del análisis de la telefonía celular de personas implicadas en la desaparición, indica que el GIEI avanzó hasta donde se le permitió. Quien sea invitado —los expertos de la ONU, como propuso Sheinbaum—, así como el nuevo fiscal especial para el caso, tendrán que revisar “todas las peticiones de pruebas científicas que nosotros hicimos, y que están todas dadas por escrito”.

Desde Chicago, donde participaba en una conferencia sobre estudios de la desaparición en la Universidad de Notre Dame, el experto que ha formado parte de comisiones de la verdad en países como Colombia, Guatemala, Paraguay, Ecuador y Perú, mencionó que los relevos implican mucho tiempo para entender una investigación tan compleja —para conocer, tener contacto con las pruebas y entender la dinámica del caso—, también es necesario construir la confianza con las familias. “Unas víctimas a las que se les ha mentido tanto y se les ha golpeado tanto en el camino, [pero] que tienen tanta claridad de lo que son, de lo que quieren, de la búsqueda de sus hijos, y me parece que dar una respuesta a ellas y a ellos, pues sigue siendo determinante”.

Acabamos de publicar un reportaje en A dónde van los desaparecidos que advierte sobre el retorno a la “verdad histórica”, considerando los argumentos empleados por la UEILCA del exfiscal Rosendo Gómez Piedra en la vinculación a proceso de dos personas este año. ¿Qué opinión te merece que desde la FGR y el Poder Judicial se den como válidos testimonios que fueron desestimados en su momento por haber sido obtenidos bajo tortura?

Las declaraciones obtenidas bajo tortura, según la propia legislación internacional y según la propia legislación mexicana, no son válidas. Me preocupa, sí. Yo lo he visto también en algunas cosas que se publicaron en la Covaj [creada por AMLO] y que también recogía partes de declaraciones, sin contrastar.

No solamente porque la prueba esté invalidada, en términos de cómo se ha obtenido, sino también sin un contraste de ningún tipo sobre ellas. Me parece muy dudoso que eso se esté haciendo y desde luego no es coherente con el nivel de prueba y el nivel de investigación del que estamos hablando [que requiere el caso Ayotzinapa].

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y las familias han expresado su preocupación de que se esté regresando a la “verdad histórica”.

La “verdad histórica” se basaba en que esto había sido un caso del narco, de Guerreros Unidos con dos policías [municipales]; que los jóvenes fueron quemados en el basurero de Cocula durante 12 horas hasta que no quedaron restos; que los restos se tiraron al río [San Juan] y que los jóvenes fueron atacados porque estaban infiltrados y había [entre los estudiantes] gente de Los Rojos que fueron reconocidos por los otros [de Guerreros Unidos]. Todas esas cosas, probamos, no eran verdad.

Probamos que no se trató solo de dos policías municipales, sino de cinco; que hubo agentes estatales, agentes federales, agentes ministeriales y presencia del Ejército en todos los lugares. [Probamos] que la pira infernal en el basurero de Cocula no se dio; tenemos las pruebas de todo ello —[incluidos] peritajes científicos—, y sabemos cómo se manipuló esa escena después. Sobre el encuentro del resto óseo en el río [del estudiante Alexander Mora Venancio], ya publicamos nuestro último informe: lo que declararon testigos, incluyendo la Marina y otros, de cómo se llevó a cabo ese operativo, que no responde a la realidad de cómo se había contado.

Mostramos los casos de tortura; no solamente nosotros, también Naciones Unidas, de una manera mucho más amplia. Sabemos que los jóvenes no estaban infiltrados por Los Rojos; están todas las pruebas y para ello no hay más que ver todos los informes de inteligencia que había sobre la escuela. Ninguno hace referencia al narcotráfico; todos esos informes hablan de las actividades políticas que hacen los jóvenes. Todas esas cosas ya están demostradas en base a pruebas.

[Sostener hoy en día la “verdad histórica”] no tiene pies ni cabeza. Ya el propio Estado, la Covaj en su momento, asumió esas conclusiones, y en su primer informe dijo que había sido un crimen de Estado; puso encima de la mesa los elementos que mostraban una visión totalmente diferente [de la “verdad histórica”], que coincidía con lo que nosotros habíamos investigado. El riesgo que hay es que todas esas cosas se olviden o se pase por encima como si no existieran; eso me parece terrible, porque estamos hablando del caso probablemente más emblemático de México.

No se puede volver atrás en la historia, y menos en este caso. Yo animaría a los fiscales, a las autoridades también, a que lean todos los informes en profundidad; hay más cosas que hacer, pero ahí están las pruebas que son irrefutables.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que ustedes ya no están interesados en regresar a México, ¿es así? ¿Se lo han comunicado al Gobierno federal? No, ninguno de nosotros ha hablado con nadie del Gobierno federal y nadie del Gobierno federal nos ha preguntado si tenemos disposición o cuáles serían las condiciones o qué posibilidades hay de volver; eso no se ha producido. Hemos escuchado las demandas de los familiares, que lo han estado pidiendo casi desde nuestra salida, y hemos escuchado declaraciones de la nueva presidenta en otro sentido, pero nosotros no hemos tenido ningún conocimiento directo sobre nada de ello.

De ser el caso, ¿cuáles serían las condiciones mínimas que ustedes pedirían al Gobierno federal para reincorporarse a la investigación?

Tenemos que ver primero cuál es la petición del gobierno, qué es lo que el gobierno quiere y cuál es el tipo de asistencia técnica que necesita. Nosotros trabajamos [en el caso] bajo un marco —una medida cautelar y un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— que se puede cambiar, pero hay condiciones que son fundamentales para poder avanzar en la investigación. Por ejemplo, tener acceso a toda la información oficial existente —incluyendo [aquella a] la que no se pudo tener acceso durante nuestro último tiempo en el país— y, obviamente, las condiciones de autonomía, de inmunidad, para poder hacer el trabajo en condiciones de seguridad propias de ese tipo de investigaciones de alto impacto.

Nosotros salimos del país señalando que habíamos encontrado obstáculos, que no se podía seguir adelante y que no tenía sentido seguir en el país si no íbamos a poder seguir avanzando. Estamos hablando de una investigación de una enorme complejidad, que toca altos intereses de mucho tipo, y en la que la capacidad técnica, la honestidad personal y las condiciones para poder hacer el trabajo son básicas para poder tener resultados relevantes.

El Ejército sigue sin entregar los 800 folios elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que operaba en Iguala en 2014, y que, según las familias, sus abogados y el propio GIEI, pueden dar más pistas sobre el paradero de los estudiantes. ¿Qué valoración haces de esta negativa aún vigente? Nosotros no opinamos sobre si hay o no hay [pruebas en esos 800 folios militares], porque tampoco sabíamos lo que íbamos a encontrar cuando el gobierno [de Andrés Manuel López Obrador] dio la orden de abrir los archivos, pero encontramos documentos, muchos documentos que están seriados [comparten tema o temporalidad], tienen números, tienen fechas; hay documentos que dicen: "vamos a dar una respuesta en otro documento", y esos documentos no están [disponibles].

Pero no solamente del CRFI, hay muchos más documentos [militares a los que no se ha tenido acceso]. Por ejemplo, a la investigación que hizo la justicia penal militar sobre los propios miembros del 27.° Batallón [de Infantería en Iguala]. Hubo procesos internos, se tomaron declaraciones y esa información nunca se proporcionó.

Lo que encontramos en la revisión de archivos es que había mucho más conocimiento [por parte del Estado] del que pensábamos inicialmente. Desde el primer momento que llegamos al país, pedimos entrevistar a miembros del 27.º batallón; no se nos dejó. Después hubo declaraciones que fueron tomadas por la fiscalía, por la propia SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] y, en la apertura de los archivos, encontramos mucha documentación que hay que contrastar con esas declaraciones.

“Se requieren pruebas científicas”

El GIEI se formó a finales del 2014 con cinco integrantes: Alejandro Varela y Ángela Buitrago de Colombia, Carlos Beristain de España, Claudia Paz y Paz de Guatemala, y Francisco Cox de Chile. En marzo del 2015, el GIEI llegó a México a dar asistencia técnica en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En septiembre de ese año publicó su primer informe, en el que documentaba la imposibilidad del escenario del crimen presentado por la PGR, el basurero de Cocula, basada en declaraciones extraídas bajo tortura. Documentaron también diversos actos de manipulación de la investigación por parte de las autoridades. Después de esa presentación, el gobierno los empezó a sabotear de diferentes maneras y a fomentar una campaña sucia en su contra en medios. El GIEI logró terminar su segundo periodo de seis meses y entregar un segundo —y devastador— informe. El Gobierno mexicano se negó a renovar su contrato.

El GIEI, conformado por cuatro de sus miembros originales —Alejandro Varela no volvió—, fue invitado de nuevo por el Gobierno de México y las familias en el año 2020. El grupo reiteró su petición de tener acceso a los archivos militares que les habían sido negados por el anterior gobierno. En el 2022, pudo obtener algunos archivos del Ejército y la Marina. Publicó un tercer informe basado en nueva información. Los militares cerraron el acceso a sus archivos, negaron la existencia de los documentos hallados y otros documentos a los que se hacía referencia. El gobierno de López Obrador tomó control de la investigación del caso y provocó la renuncia del fiscal especial. Dos miembros del GIEI, Paz y Paz y Cox, renunciaron al GIEI y se fueron del país en protesta por las manipulaciones del gobierno. Buitrago y Beristain se quedaron para poder conseguir más documentación. Ya para finales de julio de 2023, ellos también decidieron dejar de insistir ante las constantes negaciones de las autoridades. Entregaron su sexto informe en una presentación y a la vez despedida en Tlatelolco. En el informe analizan los documentos militares y nuevos análisis de la telefonía, entre otros avances en la investigación.

Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de aplicar la ciencia al caso de Ayotzinapa, dando a entender que no se han empleado técnicas científicas en estos 11 años.

¿Cuál es tu reacción ante estas afirmaciones?

Es lo que les dijimos desde el principio a la SEIDO, a la PGR y a todas las autoridades [que conocían del caso]. Les dijimos que una investigación de este tipo no se puede llevar a cabo con declaraciones, que es como se llevan una buena parte de las investigaciones de casos de violaciones de derechos humanos en México, sino que hay que hacerlo con pruebas científicas.

La primera prueba científica que pusimos encima de la mesa fue que en el basurero de Cocula no se había producido la pira [hoguera] infernal que se había contado a través de declaraciones, y sabemos que esas declaraciones, además, [fueron] obtenidas bajo tortura y con enormes contradicciones entre ellas. También se nos dijo que no existía el quinto autobús [uno de los que tomaron los estudiantes ese día para trasladarse a la Ciudad de México]; bueno, encontramos el quinto autobús, tuvimos las pruebas y hasta los vídeos de una cosa que se había negado.

Nosotros no trabajamos con opiniones, contrastamos declaraciones, obviamente, y lo que mostramos y lo que escribimos en los [seis] informes son pruebas.

Entonces, me parece muy bien que se trabaje con más pruebas, si es que las hay. La primera cosa que [debería hacer] el nuevo fiscal [especial del caso es revisar] todas las peticiones de pruebas científicas que nosotros hicimos, y que están todas dadas por escrito.

Esta nueva aproximación del Gobierno federal al caso, se ha dicho, se emplea para analizar la telefonía celular utilizada la noche del 26 de septiembre y en los días posteriores a la desaparición de los normalistas. ¿El GIEI dejó algún pendiente en lo que respecta al análisis de la telefonía?

Todo lo que tuvimos entre las manos [se entregó]. Es lo que los familiares nos pidieron. En la última reunión nos dijeron: ‘por favor, saquen todo lo que tengan'. Y ese fue nuestro compromiso con ellos, pero hay partes de la telefonía y de otras muchas cosas que nosotros pedimos y que nunca se hicieron.

Les pongo un ejemplo. En los informes técnicos de la Guardia Nacional —para la fiscalía [especial] del caso— sobre las llamadas que llevaron a cabo diferentes agentes del Estado, en concreto algunos miembros del 27 batallón, una buena parte de los datos [obtenidos] nunca se interpretaron. Los recogimos y publicamos nosotros finalmente, [incluido] el análisis de quién se había comunicado con quién, a qué horas, en qué momento y por dónde habían circulado.

Son pruebas determinantes que pedimos desde el primer día, hace 11 años, y en esos informes hay [todavía] llamadas de teléfono que no se sabe a quién corresponden. Hay teléfonos de personas a las que nunca se dio la orden de investigar, que nunca se tuvo la sábana telefónica [un registro detallado de las comunicaciones realizadas desde un dispositivo móvil] porque los jueces no lo permitieron o no dieron el consentimiento para que eso se pudiera hacer.

¿Cómo calificarías este primer año de Claudia Sheinbaum respecto a la investigación de Ayotzinapa?

Lo que uno ve en términos de las revelaciones del caso es que no hay ningún avance significativo. No se ha hecho público ningún avance más allá de alguna detención aquí u otra detención allá. Tampoco sabemos qué ha pasado con las personas que ya fueron detenidas —y que sabemos que tienen un grado de implicación—, y qué ha pasado con la estrategia definida en el gobierno de AMLO para intentar quebrar pactos de silencio que pudieran ayudar a tener nuevas informaciones sobre el caso.

Sabemos quiénes son [los detenidos], pero no sabemos si han dado su declaración o si hay una estrategia [de colaboración] con ellos.

Me preocupa un poco el tema de cómo se protege a otros testigos que sí han proporcionado información relevante; no gente que está involucrada en el caso, sino que fueron testigos directos de los hechos y que nosotros acercamos a la fiscalía. Me parece muy importante que los testigos se protejan porque uno de los problemas que tuvo la salida de Omar [Gómez Trejo] fue la pérdida de confianza, lo peor que puede pasar con testigos que luego tienen que declarar ante un juez.

El fiscal [Gómez Piedra] ha dimitido, [pero no] sabemos cuáles han sido los resultados de dos años de investigación. Nosotros conocimos [del caso] hasta que nos fuimos, dejamos todo escrito, publicamos nuestro sexto informe con toda la información recogida —que puede contrastarse—, pero no hemos conocido ningún avance desde entonces y eso es preocupante. Es positivo que ese fiscal [ya] no esté, pero es negativo que no se haya podido discutir por qué no se ha dado ningún resultado en todo este tiempo.

Con el beneficio del tiempo, ¿cuál es tu evaluación del sexenio de López Obrador? Ese sexenio, el Gobierno federal reconoció que se trató de un crimen de Estado, pero a la vez maniobró para manipular la investigación, protegió al Ejército y arrebató el caso al fiscal especial Omar Gómez Trejo.

Nosotros regresamos al país por invitación del gobierno, con un nuevo mandato. [El presidente López Obrador] ya había nombrado al nuevo fiscal, en acuerdo con los representantes y con las familias —lo cual nos parecía muy importante—; un fiscal que conocíamos y que tenía experiencia de trabajo en derechos humanos, desde luego una integridad personal a toda prueba, lo que aseguraba que podíamos ir avanzando.

Planteamos la necesidad de nuevas pruebas, pedimos la apertura de archivos y encontramos información relevante. Fuimos avanzando. No son investigaciones fáciles, pero presentamos al presidente nuestras conclusiones y nuestras peticiones, y la respuesta siempre fue positiva; incluso cuando descubrimos cosas muy comprometedoras, como el video que tenía la Marina en archivos secretos, sobre un [momento previo al] descubrimiento del basurero de Cocula. Buscamos testigos protegidos y avanzamos [mientras] hubo ese contexto de confianza.

Llegó un momento [en agosto de 2022], cuando se presentó ese informe de la Covaj [encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas] que todo el mundo conoce, [que esa confianza comenzó a mermar]. El informe tenía dos partes: una que reafirmaba todas estas cuestiones de las que estamos hablando de una forma contundente, pero también sacó a colación una prueba que no existía antes, que nunca habíamos visto, y que tenía que ver con capturas de pantalla [de WhatsApp de supuestos narcotraficantes]. Nosotros hicimos un análisis de esas capturas de pantalla, [y concluimos] que no tenían la consistencia científica para asegurar lo que se había asegurado con ellas [que los estudiantes fueron separados en tres grupos y asesinados brutalmente]. Tenían algún tipo de fabricación.

[En noviembre de ese año] dos de nosotros [la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y el abogado chileno Francisco Cox] salieron del país, y dos [la fiscal colombiana Ángela Buitrago y yo] nos quedamos a continuar con la investigación y a tratar de avanzar al máximo posible. Nos quedamos hasta que [ya no] fue posible avanzar, cuando llegamos a una situación en la que [nos] negaban [la información solicitada].

La Sedena negó, por ejemplo, que tuviera en sus archivos información que nosotros ya teníamos certificada. Se la negó al fiscal [Gómez Trejo]. Eso muestra las presiones que llevan a que haya cosas que no se quieren contar o que no se quieren dejar ver, y uno se pregunta por qué, si hay un proceso de colaboración, si hay resultados positivos, si hay cosas importantes que van avanzando y que encontramos —detalles que son muy reveladores—, no se llega al final [de la investigación].

Siempre les hemos dicho a todos los gobiernos con los que hemos tenido contacto en México que el delito de desaparición forzada es un delito permanente, pero también es un dolor permanente; que los familiares van a seguir buscando a sus hijos y van a seguir buscando respuestas, y que es muy importante no alargar esos procesos y dar respuesta hasta donde se pueda.

Cuando nosotros hicimos la primera presentación del informe en Ciudad de México, al día siguiente fuimos a presentarlo en la Escuela [Normal Rural de Ayotzinapa] a los chavos, a los sobrevivientes y a los familiares que estaban allá. Y don Emiliano [Navarrete], uno de los papás, cuando nos recibió, nos recibió con mucho cariño, con mucho amor. Antes de empezar, cuando nos acogió, nos dijo: "Ustedes nos ven hoy más sonrientes. No estamos sonrientes porque hayamos encontrado a nuestros hijos, a nuestros chavos; estamos sonrientes porque se nos ha quitado un peso de encima: el peso de la mentira, el peso de la ‘verdad histórica’. Se nos ha quitado con el informe que ustedes han hecho”.

De los 17 elementos del Ejército que se encuentran sujetos a proceso por el caso Ayotzinapa, 13 se encuentran en libertad condicional. ¿Crees que se trata de una extensión más de la protección que el Estado tiene con las Fuerzas Armadas?

No tengo conocimiento del tipo de beneficios [de los que gozan los militares] y cuál es la justificación que han dado los jueces para otorgar esas medidas; lo que sí creo es que la fiscalía tiene que hacer su trabajo. El problema de la impunidad en México no es solamente un problema de los jueces, sino que tiene que ver también con la fiscalía y con las pruebas que se plantean y cómo se litigan [los casos].

Ante la posibilidad de que sea un grupo de la ONU el que finalmente llegue a México, y no el GIEI, ¿qué implicaciones tendría desaprovechar, a 11 años de los eventos, una nueva oportunidad de asistencia internacional?

Eso depende de muchos factores, de qué tipo de expertos, para qué tipo de acciones, con qué mandato y con qué condiciones [lleguen a México]. No es solamente decir un nombre, sino [que hay] otras cosas que son las que van a hacer posible o imposible que [esa propuesta] avance.

Cuando se dio la salida del fiscal Omar [Gómez Trejo], en una rueda de prensa de nosotros, Ángela Buitrago dijo: "Esto es una investigación que, si se cambia toda la gente de la UEILCA —como pasó—, la investigación se va a demorar cinco años más”. Ese fue el pronóstico que nosotros hicimos en ese momento. Han pasado dos años.

No sé qué va a pensar el nuevo fiscal [sucesor de Gómez Piedra], que es el que tendrá que tomar decisiones sobre [una posible remodelación de la unidad], pero sabemos que todo eso conlleva mucho tiempo: de conocer, de tener contacto con las pruebas y de entender la dinámica de un caso tan complejo.

Otra cuestión que me parece determinante es cómo se construye la confianza con las víctimas, con las familias. Unas víctimas a las que se les ha mentido tanto y se les ha golpeado tanto en el camino, [pero] que tienen tanta claridad de lo que son, de lo que quieren, de la búsqueda de sus hijos, y me parece que dar una respuesta a ellas y a ellos, pues sigue siendo determinante.

Pareciera que los distintos gobiernos que han tenido el caso en sus manos buscan una misma cosa: garantizar la impunidad y no investigar, no dar con la verdad. Enrique Peña Nieto fabricó la “verdad histórica”; López Obrador decidió no tocar al Ejército, y ahora Sheinbaum dice que aplicará por “primera vez” la ciencia al caso. Mientras tanto, el dolor de las familias permanece, se profundiza, y el Estado parece querer extender ese dolor y ese sufrimiento.

Cuando estábamos con lo del basurero de Cocula, en el gobierno de Peña Nieto, nosotros [ya] habíamos publicado nuestro informe, que mostraba que el escenario del basurero no había sucedido. El Equipo Argentino de Antropología Forense [EAAF] presentó su [propio] informe, que mostraba que tampoco había ocurrido. [Aun así,] la PGR nos forzó a que hiciéramos un nuevo peritaje, que nosotros pusiéramos tres expertos y ellos tres expertos para llegar a un consenso sobre qué había pasado. Nosotros dijimos siempre: “Confiamos en la ciencia, no tenemos ningún problema”; después lo que pasó fue un intento de manipulación de uno de sus supuestos expertos que llegó a entregar un informe que nunca fue firmado y que señalaron que no podían informar, porque habían firmado un contrato de confidencialidad. Y nunca se llegó a presentar ningún informe.

Nosotros tenemos confianza en las pruebas y en la investigación científica. Si llegan expertos al país [distintos al GIEI], la primera tarea que van a tener que hacer es estudiar nuestros informes. Van a tener que discutir los informes, las pruebas que están ahí y, a partir de ahí, mostrar otras líneas de investigación. Tendrán que revisar también las propuestas de pruebas que nosotros hicimos y dejamos en la fiscalía; será parte de su tarea, y eso seguramente va a proporcionar nuevos elementos.

Yo siempre digo que la verdad se empeña en salir, si hay quien la empuje, y en este caso la verdad se empeña también [en salir] porque hay quien la empuje y los familiares van a seguir en ese empeño. Y eso me parece que es lo más importante y a lo que hay que dar una respuesta que no genere más daño o más sufrimiento.