25 de Septiembre 2025

Once años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) volvió a su tesis inicial, la “verdad histórica”, para explicar lo sucedido en la noche de Iguala. Una teoría en la que sostiene que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, conclusión que fue desmontada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Este retroceso a la investigación original se formalizó el pasado 2 de julio, cuando la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), entonces a cargo de Rosendo Gómez Piedra, consiguió el auto de formal prisión de Édgar Damián Sandoval Albarrán, la Rana, empleando los mismos testimonios de miembros de Guerreros Unidos que utilizó en enero de 2015 el ex procurador general Jesús Murillo Karam para construir la “verdad histórica” de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, y que desde 2018 fueron desestimados en tribunales por haberse obtenido bajo tortura.

“Ellos dicen que no, pero con las detenciones como que le dan la vuelta a la verdad histórica, que se [desestimó] técnica y científicamente”, advirtió en entrevista Mario González, padre de César Manuel, uno de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Además del proceso contra Sandoval, a cuya carpeta se tuvo acceso para esta investigación, durante el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum se han detenido, recapturado y asesinado a otros involucrados en esta desacreditada teoría, entre los que destaca un expolicía municipal a quien el Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identifica con un apodo que no coincide con el que es nombrado por otros testigos.

Esto sucede mientras en las reuniones sostenidas con la presidenta en Palacio Nacional, a los familiares se les asegura que no hay un regreso al pasado en las investigaciones, y se les prometen avances en el análisis de la telefonía celular, tanto de las comunicaciones realizadas entre los perpetradores como sobre la geolocalización de los equipos de los estudiantes. Incluso Sheinbaum ha planteado que un nuevo grupo de expertos, ahora de la ONU, colabore en el caso para dar certeza de que “se están haciendo bien las cosas”.

En esas reuniones, los familiares han exigido que no se regrese a la “verdad histórica” construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no después de 11 años sin respuestas y el desgaste físico y emocional que significan, no después de que seis padres y madres murieran sin saber el paradero de sus hijos; el más reciente, Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo, fallecido el 29 de mayo.

Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso, recordó que la mandataria les ha asegurado que las investigaciones continúan. “Nos ha explicado que esa verdad quedó destruida”.

La Rana, un testimonio “limpio”

El proceso en contra de Sandoval Albarrán, la Rana, inició el 10 de julio de 2024, a punto de concluir la administración de Andrés Manuel López Obrador. En esa fecha, la UEILCA, dirigida por Gómez Piedra, el fiscal que impuso el presidente a pesar de su inexperiencia, inició la causa penal 344/2024 en contra del presunto sicario de Guerreros Unidos, bajo la acusación de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

Sandoval fue detenido el pasado 9 de junio en Estados Unidos y extraditado a México el 27 del mismo mes. Ese día quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social 8 de Guasave, Sinaloa. Su caso es relevante debido a que, por haber estado prófugo más de 10 años, los fiscales pueden obtener un testimonio libre de tortura y, por ello, válido judicialmente.

Unos días antes, el 4 de junio, fue detenido en Hidalgo Juan Manuel Pantoja Miranda, el Pajarraco, otro sicario de Guerreros Unidos que, según la versión de Murillo Karam, habría llevado a los normalistas al basurero de Cocula, en cuya causa penal también se revive la “verdad histórica”.

Según el auto de formal prisión de Sandoval Albarrán, otorgado por la jueza segunda de distrito en materia penal del Estado de México, Raquel Duarte, la FGR no menciona que la UEILCA, cuando era dirigida por el exsecretario técnico del GIEI, Omar Gómez Trejo, logró localizar e identificar los restos de los normalistas Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz en la Barranca de la Carnicería, a unos 800 metros del basurero de Cocula. Tampoco hace referencia al hallazgo de un resto óseo de otro estudiante, Alexander Mora Venancio, ni alude a que, de acuerdo con testigos, los jóvenes fueron divididos en grupos y llevados a puntos distintos de Iguala, Cocula y Huitzuco.

En cambio, la UEILCA de Gómez Piedra integró la averiguación previa FGR/FEMDH/UEILCA/0002/2024 con las declaraciones de Patricio Reyes Landa, el Pato; Jonathan Osorio Cortés, el Jona; Agustín García Reyes, el Chereje, y Salvador Reza García, el Lucas, brindadas en octubre y noviembre de 2014. Los cuatro, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, formaron la parte medular de la versión oficial de Murillo Karam —quien enfrenta en prisión domiciliaria los cargos de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, en relación con el caso Ayotzinapa— y Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), radicado en Israel, sobre quien pesa una orden de aprehensión.

La “verdad histórica” no solo planteaba la hipótesis de que el crimen organizado había asesinado a los 43 normalistas la misma noche en que desaparecieron, sino que incluía una serie de hechos que fueron desmentidos por el GIEI, el grupo de expertos independientes que, bajo mandato de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ofreció asistencia técnica sobre el caso a la FGR. En resumen, afirmaba que los normalistas fueron incinerados por integrantes de Guerreros Unidos en el basurero de Cocula en una noche lluviosa, que para lograrlo mantuvieron el fuego encendido por dos días, y que después de recoger las cenizas y meterlas en bolsas de plástico, fueron a depositarlas desde el cerro usado como vertedero hasta el río San Juan, un lugar de fácil acceso por estar cerca de una carretera y con una profundidad que apenas llega a las rodillas de una persona.

Antes de renunciar a la UEILCA el pasado 15 de julio, Gómez Piedra regresó jurídicamente a esta hipótesis, sin mencionar la participación de militares en los hechos. El GIEI encontró documentos que demuestran que el Ejército monitoreó en tiempo real lo sucedido con los estudiantes, desde que salieron de la normal rural de Ayotzinapa hasta durante y después de los ataques, y que cuenta con documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Iguala que se ha negado a entregar.

“Se perdieron tres años en la investigación con el antiguo titular de la unidad especializada”, lamentó María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en referencia al exfiscal.

“Las familias, cuando llegaron a la primera reunión con Gómez Piedra, el presidente López Obrador les dijo: ‘Miren, este es de toda mi confianza, es una persona incorruptible, sabe lo que está haciendo, va a tener todo el apoyo’. Y desde el principio las familias fueron muy claras en decir: ‘Pues dudamos, porque se fue un abogado, un fiscal que conocía la investigación y ni siquiera nos pidieron la opinión sobre este fiscal y, además, el otro [Gómez Trejo] se fue porque había habido una serie de obstáculos”.

Gómez Trejo renunció en septiembre de 2022 a la UEILCA después de que, por una “decisión de Estado”, fueron canceladas 21 de 83 órdenes de aprehensión giradas sobre el caso, 16 contra militares.

La defensora recordó que Sandoval Albarrán no había sido procesado penalmente, a pesar de que fue buscado durante mucho tiempo, incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó que las autoridades federales habían detenido antes por error a una persona inocente, a la que también apodaban la Rana y tenía un tatuaje del anfibio, como Sandoval Albarrán.

“Lo que a nosotras nos preocupó y a las familias, sin duda, fue que se regresara a una versión similar a la ‘verdad histórica´, sin llegar al extremo de hablar sobre la pira y cómo ahí los 43 cuerpos hubieran sido reducidos a cenizas, pero sí utilizando, revisando testimonios que ya habían sido declarados inválidos por haber sido obtenidos bajo tortura”.

Aunque en los testimonios incluidos en el documento no se habla directamente de una pira, como dice la directora del Centro Prodh, sí hacen referencia a que los integrantes de Guerreros Unidos recogieron cenizas del basurero de Cocula.

El brazo ejecutor de la autoridad

Entre la detención de Sandoval Albarrán y su extradición a México fue asesinado, el 14 de junio, uno de sus presuntos compañeros en Guerreros Unidos y testigo clave para sostener la versión de la “verdad histórica”, quien se había atrevido a denunciar que fue torturado antes de rendir su declaración: Patricio Reyes Landa, el Pato.

Tres sujetos encapuchados lo asesinaron en su casa de Jilotepec, Estado de México, y le perdonaron la vida a su pareja, con quien compartía una vivienda en obra negra.

Después de sus primeras declaraciones autoincriminatorias en 2014 y 2015, Reyes Landa denunció que tras su detención fue torturado, sufrió golpes e incluso descargas eléctricas.

“Me dieron un culatazo en la ceja izquierda, y me reventaron y me siguieron golpeando […] me trasladaron a un lugar, pero en todo el camino me iban dando electricidad con un aparato en todo el cuerpo, y preguntándome por las armas […] y de ahí se subieron encima de mí y me daban electricidad en mis huevos […] me trasladaron a otro lugar y me metieron a un cuarto […] me tiraron al suelo y me empezaron a echar agua fría y me empezaron a dar electricidad abajo en la planta de los pies y en los huevos, en la cara […] me empezaron a hacer preguntas”, narró en la ampliación de su declaración preparatoria en enero de 2015.

Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos revelaron en octubre de 2024 que Reyes Landa, Agustín García Reyes, el Chereje, y los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez fueron torturados e interrogados en instalaciones de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) de la Marina, en Coapa, al sur de la Ciudad de México, tras ser detenidos en octubre de 2014.

Dos fuentes federales cercanas al caso, que fueron consultadas para ese reportaje, aseguraron que las bitácoras de vuelo de la Marina consignan que el almirante Marco Antonio Ortega Siu estuvo presente en los irregulares traslados en helicóptero de Reyes Landa y García Reyes, desde Iguala hasta las instalaciones de la Unopes, que después fueron reubicadas en el Estado de México.

En agosto de 2022, en el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que presentó Alejandro Encinas cuando era subsecretario de Derechos Humanos de AMLO, se afirma que Ortega Siu era el jefe de la Unopes y se le identifica como “enlace operativo” dentro de la construcción de la “verdad histórica”.

Reyes Landa fue liberado en octubre de 2018, por la resolución de un tribunal colegiado de Tamaulipas que determinó que sus declaraciones eran inválidas por haber sido torturado. En 2021 fue reaprehendido por portación de arma, pero recuperó la libertad poco después, ya que el delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa. Después de esa captura, se convirtió en testigo colaborador de la FGR.

Sobre su asesinato y la muerte de otros personajes clave que podrían haber proporcionado información sobre el paradero de los normalistas, los familiares de los estudiantes no descartan que las propias autoridades pudieron haberlos matado.

“Tenemos indicios de que la misma autoridad los está matando”, dijo Mario González, en referencia a Juan Salgado Guzmán, el Indio o el Caderas, quien habría sido ejecutado de manera extrajudicial por agentes de la FGR el 22 de septiembre de 2021 en Metepec, Estado de México, durante un operativo fallido para lograr su captura, de acuerdo con un informe de la Covaj.

Salgado era el jefe de Guerreros Unidos en Guerrero, Morelos y el Estado de México; desde esa última entidad operó el tráfico de heroína hacia Chicago, en Estados Unidos, por lo que era buscado por la Covaj para interrogarlo sobre la línea de investigación del quinto autobús tomado por los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, que presuntamente habría estado cargado de droga, lo que motivó la reacción violenta del grupo criminal.

“Nosotros pensamos que está muy cerca [la autoridad] de los que atacaron a ese sicario [Reyes Landa]; están cerca de los demás [que han sido asesinados]”, agregó González.

El Negro, mismo nombre, distinto apodo

Sin aportar una nueva narrativa sobre el caso Ayotzinapa, el Gabinete de Seguridad de Sheinbaum ha realizado diversas aprehensiones y recapturas, como la de Alejandro Benítez, el Cholo Palacios, operador de Guerreros Unidos cuando se produjo el ataque a los normalistas, detenido en noviembre de 2024.

También fue recapturado, el pasado 21 de enero, David Cruz Hernández, el Chino o el Bombero, quien era elemento de Protección Civil de Iguala en el momento de la desaparición de los 43, a la vez que trabajaba como jefe de halcones de Guerreros Unidos.

El 28 de febrero fue detenido Martín Alejandro Barrera, el Kamala, quien según los investigadores era un sicario que recibió órdenes de dispararle a los normalistas, mientras que el 10 de marzo fue extraditado desde Estados Unidos Ariel Núñez Figueroa, cuyo testimonio permitiría ubicar a la persona conocida como el Patrón, acusado de ordenar el ataque a los jóvenes y que todavía no ha sido identificado.

Ese mismo mes, el día 24, fue detenido Rey Flores Hernández, un expolicía municipal que la noche de la desaparición de los estudiantes habría brindado seguridad desde una patrulla a una camioneta blanca de redilas vinculada con los hechos. Cuando fue capturado, el Gabinete de Seguridad informó que era conocido como el Negro.

Pero según lo consignado en el expediente del caso Ayotzinapa, ese no era el apodo que tenía. Otro policía municipal de Iguala, de nombre Vicente Araujo, detenido por la antigua Procuraduría General de la República, afirmó en 2017: “Al secretario de seguridad pública, Felipe Flores Velázquez, le decían el Simi; a Rey Flores Hernández, le decían la Peluca; a Leonardo Fuentes Pineda, le decían la Máscara”, indicó en una declaración como testigo que quedó asentada en el tomo 403, bajo la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. Es la única referencia a Flores Hernández.

En el informe de la Covaj presentado por Encinas en agosto de 2022, sí se menciona a una persona con el apodo el Negro; aunque desconocen su identidad, asumen que es un mando del grupo criminal. Se afirma que la noche del 26 de septiembre dio órdenes a integrantes de Guerreros Unidos de “darles una chinga a los estudiantes”, y después presuntamente ordenó su desaparición.

Cuando el Gabinete de Seguridad identificó al expolicía de Iguala, Flores Hernández, como el Negro, los familiares de los normalistas desconfiaron. Más aún cuando se dijo que había custodiado una camioneta blanca de redilas, pues un vehículo de esas características es el que habría llevado a los normalistas al basurero de Cocula, según la “verdad histórica”.

“La sensación es que quieren regresar a donde se empezó, se quiere regresar al basurero, porque las líneas de investigación de Omar [Gómez Trejo] no las han tocado”, aseguró vía telefónica Mario González, en referencia a las investigaciones que apuntaban a que los jóvenes fueron divididos en diferentes grupos y que en su desaparición participaron, además de Guerreros Unidos, autoridades de los tres niveles de gobierno.

Cambio de fiscal y representación legal

Una detención ocurrida en mayo que resultó muy mediática es la de Lambertina Galeana Marín, una mujer de 79 años que en 2014 fungía como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

A la exfuncionaria se le atribuye la pérdida de las grabaciones de dos cámaras de seguridad instaladas en la parte exterior del Palacio de Justicia de Iguala, que por su orientación habrían captado uno de los ataques contra el mayor grupo de los normalistas, cuando se trasladaban en el autobús Estrella de Oro 1531.

A esta serie de detenciones del último año se suma la renuncia de Gómez Piedra a la UEILCA, después de dos denuncias internas que lo exhibieron como un funcionario que solo apoyaba a sus colaboradores más cercanos, un grupo de tabasqueños sin experiencia ministerial, así como de cobrar moches y organizar comidas con platillos de su estado natal.

Su salida fue celebrada por los familiares de los normalistas, lo que no ocurrió con la renuncia, el 16 de agosto, del abogado Vidulfo Rosales al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien había llevado desde el inicio la representación legal de las familias. Esta semana se informó que Rosales ocupará el cargo de secretario de estudio y cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.

Su lugar fue tomado por Isidoro Vicario Aguilar, un abogado de Tlachinollan conocedor del caso desde su inicio, que ha exigido a la UEILCA sustentar cada nueva aprehensión. “Nosotros tampoco estamos diciendo que detengan a las personas nada más por detenerlas; tienen que obrar en la carpeta datos suficientes que sostengan la acusación”, dijo en entrevista.

Durante su última reunión con la presidenta Sheinbaum, el 4 de septiembre, las madres y los padres de los normalistas le expresaron su desconfianza sobre el papel que desempeñará el nuevo titular de la UEILCA, Mauricio Pazarán, debido a su desconocimiento de la investigación y a que su cargo de mayor nivel fue el de fiscal territorial de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

En ese encuentro, los familiares de los normalistas volvieron a escuchar una letanía de cifras: 158 personas detenidas y 120 en prisión por los hechos del 26 de septiembre de 2014, pero una vez más salieron de Palacio Nacional sin saber dónde están sus hijos.