19 de Septiembre 2025

Entre acusaciones de acarreo a un funcionario de la Comisión Nacional de Búsqueda, y denuncias de opacidad en el proceso de selección, fue elegida como nueva titular del organismo la abogada Martha Lidia Pérez Gumecindo, quien desde 2022 se desempeñaba como fiscal especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada en la Fiscalía General de la República (FGR).

Considerada una persona cercana a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exfiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, su nombramiento fue celebrado por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, pero también hubo voces que desaprobaron su labor en la FGR y en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

Pérez Gumecindo fue seleccionada entre una terna final de cinco candidatos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su nombramiento el 11 de septiembre y, al día siguiente, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez le tomó protesta como sucesora de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, cuya designación en octubre de 2023 —operada desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— fue cuestionada por su cercanía con la 4T y su falta de experiencia para el cargo.

“Es una lástima que el proceso no haya sido mucho más abierto y que [no] haya habido posibilidad de que, en tiempo real, se diera seguimiento a las entrevistas”, lamentó Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Del 31 de agosto al 9 de septiembre se realizaron las entrevistas con las 26 personas candidatas —una más no asistió—, pero se publicaron hasta la tarde del día 10, horas antes de la designación. Hasta ese momento, se desconocían las preguntas, el nombre y el cargo de los entrevistadores —fueron conducidas por Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, y Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos—, y a la fecha no se sabe con qué parámetros fueron evaluados los aspirantes que se presentaron en Bucareli.

Las preguntas realizadas a Pérez Gumecindo y al resto de candidatos, centradas en las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones —aprobadas en julio pasado entre señalamientos de simulación de diálogo con familiares y colectivos—, no reflejaron, según Guerrero, los intereses de las familias.

Durante la entrevista —última etapa de la “consulta pública” que inició el 13 de agosto —, cuando le preguntaron a la abogada veracruzana cuál era su plan para la comisión, dijo que se “allegaría” de información, se comunicaría con las familias para saber cuáles son sus necesidades, y se encargaría de impedir cualquier desvío de recursos.

Por considerar que la CNB enfrenta “un fuerte problema de legitimidad ante las víctimas” —derivada de la anterior gestión—, el abogado Guerrero criticó que, fuera de hacer postulaciones al inicio del proceso y comentarios en un espacio virtual abierto por Segob —durante solo tres días—, estas no pudieran incidir en el nombramiento.

Semanas antes de la elección, trabajadores y excolaboradores de la CNB denunciaron a este medio haber sido presionados para postular a Javier Ignacio Díaz Ballesteros, director general de Acciones de Búsqueda del organismo. Una vez concluido el proceso, solicitaron a la nueva comisionada que investigue lo ocurrido. El viernes, en su toma de protesta, Pérez Gumecindo reiteró que trabajará con la FGR, las fiscalías estatales y las comisiones locales de búsqueda, pero principalmente con las familias, y aseguró que mantendrá una política de puertas abiertas. “Tengo que trabajar muchísimo y principalmente ganarme la confianza de las víctimas y la ciudadanía”.

Una de sus primeras acciones, adelantó, será convocar a una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y acercarse a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Ciudadano. También elaborará un diagnóstico de la CNB para asegurarse de que sus recursos humanos y materiales se utilizan en la búsqueda de personas.

Focos rojos en la elección

La Segob publicó las bases para designar al próximo titular de la CNB el 8 de agosto. Colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil postularon a sus candidatos entre el 13 y el 19 de ese mes en un micrositio dispuesto por la dependencia. De las 76 propuestas únicas recibidas —de un total de 1,155 registradas—, 33 personas aceptaron la postulación y completaron su registro como candidatas, pero solo 27 cumplieron con los requisitos que marca la ley.

Al cierre del proceso, María Sol Salgado Ambros, excomisionada de Búsqueda del Estado de México, tuvo 400 postulaciones, Díaz Ballesteros logró 309, y Pérez Gumecindo sumó 180.

En el micrositio, cualquiera podía ingresar con su nombre y CURP para escribir su opinión sobre las personas candidatas. Al final del periodo de recepción de comentarios, Salgado Ambros continuó siendo la puntera, con 507, mientras que Pérez Gumecindo tuvo 454, y Díaz Ballesteros sumó cien.

El 4 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hizo un llamado a la Segob, para que el proceso de selección estuviera “a la altura de una consulta pública, abierta y transparente”. Lo cual nunca ocurrió.

Para César Contreras, abogado del Centro Prodh, tener experiencia en instituciones que participen en la búsqueda e investigación de casos de desaparición, recibir centenas de postulaciones y comentarios en una plataforma, y pasar una entrevista realizada a puertas cerradas, no puede resultar en la elección de un perfil idóneo para dirigir la CNB.

“Lo importante es lo que se dice de cada una de las candidaturas por parte de las familias, qué información, en lo cualitativo, se sabe sobre su trabajo. [De] qué información puede echar mano la Segob [que no sean los comentarios del micrositio] para objetivamente discernir entre los perfiles”, explicó.

El único termómetro para elegir a un titular que realmente empatice con el dolor de cientos de miles de víctimas, sostuvo, son las familias organizadas: “Son las más indicadas para exponer cuáles son sus necesidades y sus exigencias”. De otra forma, consideró Guerrero, “queda mucho en la discrecionalidad de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia”.

Una vez más, coincidieron Contreras y Guerrero, el Gobierno federal apostó por evitar el diálogo directo, cuando se pudo haber generado un mecanismo de participación amplio. No solo para transmitir las entrevistas en vivo, sino para enviar preguntas a las y los candidatos, de tal forma que las familias supieran de antemano cuáles son sus planes de trabajo y cómo entienden el rol que debe tener la CNB frente a la crisis de desaparición. “[Hubiera sido] un mensaje positivo de cambio”, dijo el especialista de Fundar.

Reacciones divididas

El día de su entrevista, Pérez Gumecindo fue recibida en las puertas de Bucareli por familiares de víctimas de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero. Una era Yoltzi Martínez Corrales, quien asegura que la abogada de 45 años hizo un buen trabajo en la FGR, al impulsar las búsquedas y retomar casos de larga data que no se habían procesado adecuadamente. “No había avances. Había mucho estancamiento en las investigaciones”, explicó la buscadora, hermana de Yatzil, desaparecida el 27 de abril de 2010 en Acapulco.

Para Martínez Corrales, la exfiscal especial era el mejor perfil, de ahí que se organizara con sus compañeras —entre 15 y 20 provenientes de otros estados y colectivos— para postular a la abogada a “última hora” del periodo de registro, previo diálogo con ella. “No podíamos esperar a que se propusiera. La experiencia la tiene: el trabajo, la investigación y la formación académica. [También] el acercamiento con las familias, víctimas y colectivos”.

Pérez Gumecindo es licenciada en Derecho por la Universidad del Golfo, y posteriormente estudió la maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología en el Centro de Estudios de Posgrado de Xalapa. La primera parte de su carrera la desarrolló en la FGE de Veracruz; desde 2010, fue agente del Ministerio Público, fiscal de distrito en Poza Rica, fiscal regional de la zona Centro Córdoba, fiscal de Investigaciones Ministeriales y, en noviembre de 2019, se convirtió en titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, un cargo que apenas desempeñó ocho meses.

En agosto de 2020, unos días después de su renuncia, se incorporó a la FGR como jefa de supervisión de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, y en abril de 2022 se convirtió en su titular.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico —que tiene unas 30 carpetas de investigación en la fiscalía de Desaparición Forzada—, consideró que Pérez Gumecindo es una funcionaria profesional y competente. “Siempre hemos tenido un espacio de diálogo y para poder impulsar algunas acciones de investigación en representación de las familias”, aseguró.

Un abogado que desde hace diez años acompaña casos de familiares ante la fiscalía de la que era titular Pérez Gumecindo —y que pide no ser mencionado para no afectar su trabajo— tiene una opinión distinta: “La gestión de la exfiscal se ha caracterizado por ser un reflejo de toda la ineficiencia que caracteriza a las diferentes áreas de la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo hasta hace poco de [la ministra] Sara Irene Herrerías”.

Carpetas con actos de investigación simulados, búsquedas de escritorio —enviando oficios desde la Ciudad de México, sin ir físicamente a los estados en donde ocurrió la desaparición—, líneas de investigación que presumen ausencias voluntarias, negación sistemática de la atracción de casos en los que se acredita la participación del crimen organizado en las desapariciones, y análisis de contexto que “cualquier persona sabría leyendo superficialmente las noticias”, menciona entre sus deficiencias.

A esto se suma el personal “enquistado” en la institución —que continúa laborando a pesar de su mal desempeño—, señaló el abogado: “Ministerios públicos que revictimizan a las familias con total impunidad, y que fomentan peleas entre las propias víctimas o las culpan por no proporcionar información”.

Sobre esto último, Lucía Díaz, fundadora del Colectivo Solecito de Veracruz, madre de Luis Guillermo Lagunes, desaparecido el 28 de junio de 2013, precisó que su colectivo, que también apoyó la candidatura de Pérez Gumecindo, tiene más de 90 casos en la fiscalía de Desaparición Forzada.

“La fiscalía de México es un ente inoperante. Mi caso está ahí, tengo 12 años con ellos y no avanzo para nada [en el último año solo ha tenido un acto de investigación]. Es una institución con problemas serios porque los fiscales [ministerios públicos] ahí tienen plaza [permanente]”.

Para la buscadora, la exfiscal especial no pudo enfrentar las inercias de la FGR y de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que encabezaba Herrerías. “Nosotros [en el colectivo] optamos por ella porque cuando menos la conocemos, que es trabajadora, y quizás en la comisión tenga [...] una plataforma para hacer un buen trabajo”, dijo.

A través de grupos de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y comunicaciones directas, familiares, periodistas e investigadores recordaron que la exfiscal fue señalada por su mala gestión en la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas en Veracruz. Esto quedó documentado en el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las mujeres, por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Veracruz, publicado en 2023.

En el documento, la FGE encabezada por Verónica Hernández Guiadáns —que sustituyó en 2020 a Jorge Winckler Ortiz, separado del cargo en 2019 y detenido tres años después por el delito de desaparición forzada— incluye un diagnóstico de la fiscalía a la que había renunciado Pérez Gumecindo. “No había suficiente personal ni informes, no había orden en las carpetas de investigación ni judicialización, no tenían atención psicosocial ni unidad de análisis de contexto ni contaban con certificación”, señala el informe.

El periodista veracruzano Félix Márquez, en su cuenta de X, aseguró que la salida de Pérez Gumecindo de la fiscalía estatal estuvo “rodeada de acusaciones de corrupción y denuncias de revictimización a [personas] buscadoras”. Sobre esto último, discutieron familiares —que no quisieron comentar públicamente el tema— en grupos de WhatsApp; señalaron que tanto en la FGE como en la FGR, la nueva comisionada se confrontó con las víctimas y favoreció a unas por encima de otras.

Presiones a trabajadores

A la opacidad en la elección se sumaron las denuncias de que uno de los candidatos punteros —funcionario en activo de la CNB— presionó a sus subordinados para que apoyaran su postulación.

A través de llamadas, reuniones y comunicaciones personales —para evitar posibles filtraciones— en WhatsApp, Javier Ignacio Díaz Ballesteros, director general de Acciones de Búsqueda de la CNB y parte del equipo de Reyes Sahagún, “intimidó y presionó a los buscadores a su cargo” —más de un centenar, entre trabajadores con residencia en la capital e integrantes de la Red Nacional de Personas Buscadoras, que viven en los estados— para que lo postularan, ya que, de no hacerlo, no serían recontratados, reveló a este medio una trabajadora del organismo que solicitó el anonimato. Sostuvo que tres de sus compañeros confirmaron este hecho.

Otra fuente consultada —también anónima— aseguró haber recibido una “invitación” directa —percibida como instrucción— para postular al excomisionado de Búsqueda de Sonora entre 2023 y 2024, quien se perfiló desde el inicio del proceso de selección como la carta de la Segob para mantener el control político del organismo.

La tarde del viernes 15 de agosto, al ver que la candidatura de Salgado Ambros —considerada la candidata de las familias— acumulaba 44 postulaciones, en comparación con las 15 que tenía el funcionario, “Díaz Ballesteros hizo un llamado a todos [sus subordinados] para decirles que si querían continuar con su trabajo, tenían que votar [por él, postularlo]”, relató la trabajadora de la CNB.

Los trabajadores y excolaboradores de la CNB, en su calidad de personas expertas, podían hacer postulaciones. Otros mensajes que circularon durante esta primera etapa del proceso, dijo a este medio una tercera fuente anónima, también trabajador de la CNB, tenían que ver con promesas de recontratación para el personal que fue despedido poco antes de la salida de Reyes Sahagún, así como de promociones y ascensos en caso de ser electo el funcionario. La contratación de decenas de personas como jefes de departamento —que posteriormente fueron cesadas—, sin el conocimiento del subsecretario Medina y de la presidenta Sheinbaum, habría sido la causa de la renuncia de la entonces comisionada.

Un exintegrante de la CNB consideró que el aparato gubernamental se aprovechó de la incertidumbre laboral en la que, como colaboradores eventuales —bajo contrato de tres meses—, están al menos 12 integrantes del organismo y quienes forman la Red Nacional de Personas Buscadoras. Todas estas personas, que seguían saliendo a campo a pesar de no haber firmado un nuevo contrato, se vieron obligadas, dijo, a postular a Díaz Ballesteros.

Al saber el resultado de la “consulta pública”, algunas de las fuentes solicitaron a la comisionada investigar estas denuncias y acercarse a los trabajadores de CNB para que informen sobre lo sucedido, sin riesgo de sufrir represalias de quien sigue siendo su jefe.

Una narrativa violenta heredada

La gestión de Reyes Sahagún, señaló el representante de Fundar Humberto Guerrero, estuvo marcada por la narrativa impuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador —hacia el final de su mandato—, para quien existían “agendas ocultas o una tendencia partidista por parte de colectivos y organizaciones con intenciones de manchar el proyecto de la Cuarta Transformación”.

“Es el discurso que Teresa bajaba todo el tiempo en la institución, generando mucha violencia”, coincidió un excolaborador de la CNB. Esto se veía reflejado, dijo en entrevista, en un nuevo estándar del “servicio público” al interior del organismo, con jornadas que se podían extender hasta 12 horas, además de burlas y malos tratos por parte del personal que llegó con la excomisionada hacia quienes sí tenían experiencia en campo y conocimiento técnico.

Lo anterior se sumó a un ambiente de negación y de minimización de la crisis de desapariciones que atraviesa el país, y a la puesta en duda de la experiencia de las familias buscadoras, al grado de criminalizarlas por saber de posibles sitios de hallazgo. “Había muy poco conocimiento y sensibilidad sobre estos temas; parecía predominar la narrativa federal de que no había más violencia”.

La nueva comisionada de búsqueda, aseguró Guerrero, tiene que romper con esos sesgos. Debe entender que las posturas y expresiones de los cerca de 500 colectivos que existen en México “están marcadas por la frustración y la desesperación de llevar tres administraciones distintas, de distinto partido, y ver que algunas cosas simplemente no cambian y no caminan”.

La CNB, recordó la buscadora Martínez Corrales, fue creada por las familias y para las familias. “Ha costado muchísimo dolor, muchísima sangre y sigue costando un gran dolor cuando no se nos atiende, cuando no se busca y cuando no se tiene la visión de lo que es una comisión”.