18 de agosto del 2025

Empresarios mexicanos radicados en Texas, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de participar en un sistema de sobornos entre 2019 y 2021, para obtener licitaciones a su favor -y contratos- de PEMEX y la firma (PEP), subsidiaria de la petrolera mexicana en exploración y producción.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado este martes, asegurando que la acusación contra estos dos mexicanos, busca enviar un mensaje claro, en el sentido de que la justicia estadounidense “no tolerara a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y con detrimento del mercado justo”, señaló.

Según documentos judiciales del gobierno de EU, se trata de los residentes de origen mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, asentado en The Woodlands, Texas, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, y quienes de acuerdo con el comunicado, “participaron” junto con otros en una conspiración “para pagar” y ofrecer pagar al menos 150.000 dólares en sobornos a funcionarios de PEMEX y PEP con el fin de obtener y retener negocios de PEMEX y PEP para empresas asociadas con Rovirosa.

El comunicado informa:

Hoy se hizo pública una acusación formal en el Distrito Sur de Texas que acusa a dos empresarios mexicanos por su participación en un supuesto esquema de sobornos para retener y obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos (PEMEX), la petrolera estatal de México, y PEMEX Exploración y Producción (PEP), su subsidiaria de exploración y producción.

“Los acusados —ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos— presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Esta acusación formal debe enviar un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.

Entre al menos 2019 y al menos 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron pagar y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, incluyendo artículos de Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a al menos tres funcionarios de PEMEX y PEP a cambio de que estos tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con PEMEX y PEP. Estas ventajas indebidas ayudaron a empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con PEMEX y PEP por al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, Rovirosa presuntamente tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos.

Rovirosa y Ávila están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la FCPA. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Tras su arresto, Rovirosa fue procesado hoy. Ávila se encuentra prófugo y continúa prófugo.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) investigan el caso, con la asistencia de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Depósitos de Seguros. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia crucial en este caso.

Los abogados litigantes Lindsey D. Carson, Abdus Samad Pardesi y Paul G. Ream, de la Sección de Fraude de la División Penal, y el fiscal federal adjunto Brad Gray para el Distrito Sur de Texas están a cargo de la acusación.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar los asuntos relacionados con la FCPA y la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA). Puede encontrar más información sobre las iniciativas del Departamento de Justicia para hacer cumplir la FCPA y la FEPA en www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.

Una acusación formal es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.