13 de julio del 2025

Las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones aprobadas por el Congreso son consideradas por familiares de víctimas desde un logro, debido a que pudieron incidir en el proceso legislativo mediante las mesas de trabajo organizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta “una trampa” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que les recuerda otros acercamientos entre el Gobierno federal y las víctimas.

“Es un gran logro, porque en el sexenio [de Andrés Manuel López Obrador] no hubo oportunidad de dialogar ni de proponer”, asegura Martín Villalobos, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), quien busca a su cuñada Mónica Alejandrina Ramírez, desaparecida en 2004 en la Ciudad de México. Para Patricia Manzanares, del colectivo Todos Somos Iguales de la Ciudad de México y de Nuevo León, el proceso fue “una trampa” de Sheinbaum. “Las mesas sirvieron para legitimar una modificación a la ley que la presidenta ya había mandado y que detuvo para hacer un circo mediático con las familias y [poder] decir después: las familias aceptaron”, señala la madre de Juan Hernández, policía federal desaparecido en 2011 en Nuevo León.

La principal reforma a la ley es la creación de una Plataforma Única de Identidad que permitirá realizar búsquedas y obtener alertas en tiempo real al cruzar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas desaparecidas con bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Banco Nacional de Datos Forenses y la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La CURP, tras las modificaciones aprobadas a la Ley General de Población, se convierte en la “fuente única de identidad” en México; incorporará datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, y su uso será de carácter obligatorio para realizar trámites o contratar servicios.

El uso de la Plataforma Única de Identidad estará condicionado a la existencia de una ficha de búsqueda o un número de carpeta de investigación, y la consulta de los datos biométricos a la búsqueda, localización e identificación de una persona desaparecida. Para poder tener acceso al padrón del Instituto Nacional Electoral será necesaria, como hasta ahora, la firma de convenios de colaboración.

Jorge Verástegui, cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), una de las primeras organizaciones de familiares de víctimas constituida durante la “guerra contra el narcotráfico”, asegura que las reformas a la ley no solo reflejan el desconocimiento del Gobierno federal respecto a cómo abordar la crisis de desapariciones y el rezago forense, sino la intención de esta administración por montar “un sistema de vigilancia masiva”.

“Se está utilizando la problemática de las desapariciones para montar este sistema. No hay nada lo suficientemente bueno en el dictamen para respaldarlo, es mucho más grave el resultado que los beneficios”, insiste el también representante de las familias organizadas en torno a la Glorieta de las y los Desaparecidos de la Ciudad de México, quienes habían solicitado un Parlamento Abierto para discutir las reformas. Verástegui busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009 en Coahuila.

Entre las modificaciones que incorpora el dictamen aprobado por el Senado el 27 de junio —que pasó sin cambios en la Cámara de Diputados tres días más tarde— se incluye el concepto de familia social, relativo a las redes afectivas, de cuidado, convivencia o acompañamiento solidario de una persona con las que no tiene un lazo consanguíneo. Esta disposición busca proteger a personas LGBTIQ+ y en situación de calle desaparecidas, considerando que suele ser la familia social —y no la biológica— quien encabeza su búsqueda.

Se incluyó también la obligación de asegurar el trato y resguardo digno de los cuerpos y restos humanos bajo custodia del Estado y, dentro de los transitorios de la ley, que todas las instituciones encargadas de dicho resguardo diseñen, en un plazo máximo de tres meses, programas específicos para la atención del rezago en las identificaciones. A nivel estatal, se obliga a las instituciones forenses a sistematizar sus bases de datos y registros en un plazo no mayor a un año tras la entrada en vigor de la ley.

¿Cómo modificar lo que todavía no se cumple?

Segob informó que recibieron 570 propuestas de los 450 colectivos, redes y plataformas de familiares de personas desaparecidas que participaron en 84 mesas de trabajo realizadas entre abril y junio. Sus propuestas se tradujeron en 30 modificaciones a la iniciativa de reforma de la ley.

Las mesas de trabajo, apuntan familiares y organizaciones acompañantes, no estuvieron exentas de problemas, en un principio por la falta de difusión de la convocatoria, y después por trabas administrativas de la dependencia que impidieron la participación de algunos colectivos.

“Nosotros no sabíamos de esas reuniones”, asegura Héctor Flores, cofundador de Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, quien busca a su hijo Héctor Daniel Flores, desaparecido en 2021 en Guadalajara.

Un periodista le compartió el correo al que su colectivo tenía que escribir si quería sumarse a las mesas. Tras contactar a la Segob, fue invitado a una reunión presencial en el último minuto —“a quemarropa”, dice Flores— y no pudieron acudir; después, dice que la dependencia canceló su participación en una reunión virtual por no haber reconfirmado su asistencia.

Otro problema de las mesas tuvo que ver con el formato, explica Blanca Estela Ramírez, secretaria de la Red de Desaparecidos en Colima, quien busca a su sobrina Joana Isabel López, desaparecida en 2019. Específicamente, con el reducido tiempo de las intervenciones. “En cinco minutos no puedes dar a conocer la problemática que tiene tu colectivo”.

Manzanares señala un problema más de fondo, relacionado con la complejidad del fenómeno de las desapariciones y con procesos de búsqueda que, como el suyo, comenzaron hace más de una década: “Algunas familias fuimos a defender una ley que fue creada por nosotros. Yo le decía a la secretaria de Gobernación [Rosa Icela Rodríguez]: ‘¿Cómo se va a modificar [la ley] cuando ni siquiera ha sido utilizada, respetada?’”.

Edgar Cortéz Morales, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, advierte también sobre el peligro de aprobar reformas cuando lo dispuesto en el texto original aún no se cumple. “El riesgo es que ahora se condicione todo a montar la Plataforma [Única de Identidad] y a la CURP, y que eso condicione y postergue todos los pendientes de la ley [original]: el Programa Nacional de Búsqueda, el Programa Nacional de Exhumaciones, la mejora en la calidad de la información en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, o completar el Banco Nacional de Datos Forenses”.

Respecto al dictamen aprobado en el Congreso, Manzanares alerta sobre el riesgo que supone la nueva CURP con datos biométricos y su monitoreo en tiempo real. “No nos han explicado cómo lo van a trabajar y nos preocupa no saber cómo serán utilizados esos datos. No cualquier persona puede tener tu información y, de última, eso no sirve para buscar a desaparecidos”, comenta.

Sobre este punto se pronunciaron más de cien colectivos del país, días antes de la aprobación del dictamen, insistiendo en la idea de que imponer un sistema de vigilancia no contribuye a la búsqueda de sus seres queridos. Contrario a lo sostenido por la Segob, aseguran que las reformas no partieron de una consulta amplia y pública, como sí sucedió con la Ley General en Materia de Desapariciones, aprobada en 2017 después de un proceso de tres años en el que participaron familiares, personas expertas, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades.

“Hoy por hoy, ninguna organización, ninguna plataforma, puede decir que habla por todas las víctimas o por todos los colectivos”, apunta Meyatzin Velasco Santiago, coordinadora del área de educación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Con estas mesas, afirma la defensora, no se agotan las demandas y propuestas de quienes viven día a día la crisis de desapariciones, familias que no están representadas por los colectivos, redes y plataformas con los que Segob se reunió.

Velasco considera que una de las limitantes de las mesas de diálogo fue la centralidad de la Ciudad de México. Aunque la Segob facilitó algunas reuniones virtuales, insiste en que la dependencia debería apostar por descentralizar la atención institucional, por ir a los territorios —donde tienen lugar las desapariciones— y escuchar a las víctimas, de la mano de organizaciones de la sociedad civil locales que llevan años, incluso décadas, acompañándolas.

La defensora menciona también la falta de claridad sobre la metodología para sistematizar o canalizar las propuestas, que incluían la renuncia de las titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

“La mayoría [de las familias] estábamos en la postura de que, por dignidad, tienen que renunciar”, sostiene Manzanares.

Tampoco hubo claridad en cómo se seleccionaron las propuestas de colectivos que se tradujeron en las 30 modificaciones a la ley.

Un tema del que no se quería hablar

Fue hasta el pasado 5 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó sobre el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación operaba un centro de adiestramiento en el que se hallaron fragmentos de restos óseos calcinados, que la presidenta Sheinbaum posicionó el tema de las desapariciones en la agenda pública y tomó acciones concretas. Ese mismo mes, el día 27, envió al Senado las iniciativas de reforma a la ley, y el 2 de abril la Segob emitió una convocatoria para reunirse con colectivos de búsqueda en mesas de trabajo.

“El rancho Izaguirre y la presión internacional obligaron a la Presidencia a responder ante un tema que para nada había sido del agrado [del oficialismo] desde el sexenio de Andrés Manuel”, asegura Juan Carlos Trujillo, cofundador de la Red de Enlaces Nacionales, una plataforma que aglutina a más de 200 colectivos de familiares en todo el país.

La apertura del Gobierno federal obedece a un proceso de contención del caso Teuchitlán, pero también a la decisión tomada el 4 de abril por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de activar el artículo 34 en México, considera Trujillo, quien junto con su madre, María Herrera Magdaleno, busca a sus hermanos Jesús, Raúl, Gustavo y Luis Armando, desaparecidos en 2008 y 2010.

Villalobos señala que estas mesas fueron el resultado de los acercamientos —menos publicitados— que, desde el inicio del sexenio, mantuvieron distintos colectivos y plataformas con el Gobierno federal, incluido el propio MNDM, pero reconoce que el caso Teuchitlán fue lo que reforzó el sentido de urgencia del tema.

Las reuniones con la Segob se realizaron 14 años después de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, forzara la apertura de un diálogo público, de alcance nacional, sobre los impactos de la violencia. En 2011 se hablaba de 10,000 personas desaparecidas, actualmente son más de 129,000.

Durante el primero de los llamados Diálogos de Chapultepec, el 23 de junio de 2011, decenas de familiares de víctimas como Sicilia, padre de Juan Francisco, asesinado junto con otras seis personas en 2011, y Araceli Rodríguez, madre del sargento Luis Ángel León Rodríguez de la Policía Federal, desaparecido junto con otras siete personas en 2009, se reunieron en el Alcázar del Castillo de Chapultepec con el presidente Felipe Calderón y parte de su gabinete.

“Lo que en ese momento me tocó sentir [era] que algo podía cambiar en el país”, dice Trujillo al recordar los diálogos, en los que participó también su madre. Ese intercambio derivó en la Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso en abril de 2012, e impugnada por Calderón, que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir su publicación.

“Él no quería que existiera”, asegura Rodríguez, quien califica como “cruel y trágica” la decisión del mandatario de “vetar” una ley que recuperaba la voz y la experiencia de las víctimas, sus deseos y necesidades.

El presidente Enrique Peña Nieto cumplió su compromiso de campaña y, en enero de 2013, promulgó la Ley General de Víctimas. “Para nosotros, como Movimiento por la Paz, era un gran logro: algo que no existía empezó a existir para darle certeza jurídica a las familias”, explica Rodríguez. A partir de ese momento, algunas familias comenzaron a recibir asesorías jurídicas gratuitas, y atención psicológica o médica, aunque otras, reconoce, “se quejaban porque [la ley] no era tan operable”.

Con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, dio inicio otro proceso de diálogo para enfrentar la crisis de desapariciones en México.

Decenas de colectivos de familiares de víctimas —acompañados de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales— lograron que el 16 de noviembre de 2017 se promulgara la Ley General en Materia de Desapariciones.

Las reuniones con Peña Nieto estuvieron reservadas a las madres y padres de los normalistas desaparecidos, actitud similar a la que mantuvo López Obrador, a pesar de que el mandatario se había comprometido a mantener un diálogo permanente con los familiares de víctimas.

“[Su llegada] fue un retroceso, pasamos prácticamente un sexenio sin ser atendidas”, dice Rodríguez. “Nunca he podido aceptar tanta indiferencia, apatía, cerrazón de puertas. No hubo manera de abrirlas, así, de a cachito”.

Villalobos recuerda los primeros meses del gobierno de López Obrador, que comenzaron “fuertes”. Tras la designación de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2019, se crearon dos instancias destinadas a atender el rezago en la identificación forense: el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) en 2019, y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en 2022. “Lamentablemente, todo eso lo desmantelaron al final de su sexenio”.

Ya en el gobierno de Sheinbaum, las mesas con la Segob, insiste Verástegui, fueron “una forma de administrar un problema que les explotó en la cara, del que no querían hablar”. También es un logro de las familias, acota Velasco, del Centro Prodh, para quien estas reuniones son el resultado de “un contexto que nunca dejó de existir”.

Al grado de que, dos días después de que la Segob comenzara a reunirse con familiares y personas buscadoras, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció la activación del artículo 34, por considerar que las desapariciones forzadas ocurren en México “de manera generalizada o sistemática”. La Presidencia, el Senado y otras instituciones del Estado rechazaron la afirmación.

“Más de 127,000 personas no desaparecen solo por el crimen organizado”, respondió Tania Ramírez, integrante de H.I.J.O.S. México —hija de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1977 durante la llamada “guerra sucia”—, durante una de las mesas de trabajo.

Tan solo en los meses de abril y mayo, mientras se desarrollaban las mesas, se reportó el hallazgo de fosas clandestinas en Tijuana y Tecate, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Madera, Chihuahua; Colima, Colima; León e Irapuato, Guanajuato; Aquila, Michoacán; Valle de las Salinas, Nuevo León; Palmar de Bravo, Puebla; Culiacán, Mazatlán, Elota y El Dorado, Sinaloa; Hermosillo y Cajeme, Sonora; Río Bravo, Tamaulipas; Santiago Sochiapan, Veracruz, y Villa de Cos, Zacatecas.

Algunos de estos hallazgos se realizaron sin el adecuado acompañamiento de las autoridades, como sucedió en Zacatecas, donde la Guardia Nacional se negó a dar asistencia al colectivo Escarabajos, mientras en la capital funcionarios de la Segob se reunían con familiares de víctimas. Olimpia Montoya, fundadora del colectivo Proyecto de Búsqueda de Guanajuato y una de las asistentes a las mesas —quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en 2017 en Celaya—, recuerda ese momento: “Les dijimos, ¿cómo es posible que estemos sentadas cuando eso está pasando con las compañeras?”.

“Esto no es un show, no es actuado, no fingimos nada, es la realidad. Todos los días está pasando, se están llevando a personas de todas las edades, de todos los sexos”, señala Adriana Ornelas Gutiérrez, del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, y madre de Paulo Gabriel Sánchez Ornelas, desaparecido en 2024 junto a los hermanos Xavier y Fernando Zaragoza en Guadalajara. Ornelas fue una de las primeras buscadoras en entrar al rancho Izaguirre, el pasado enero.

Villalobos espera que el diálogo del Gobierno federal con las familias continúe, incluso más allá de las reuniones de seguimiento previstas con la Segob para revisar temas relacionados con la implementación de las reformas, su reglamentación y presupuesto. “Seguiremos pidiendo [desde el MNDM] una reunión con la presidenta, porque creemos que el empuje que debe tener este tema [las desapariciones en México], tiene que darse desde el más alto nivel”, asegura.

Para poder “imaginarnos un país en donde no haya más desapariciones”, acota Velasco, es necesario que cualquier proceso que busque proteger los derechos de las víctimas tenga un genuino interés en escucharlas, y que garantice su participación y consentimiento en cada paso, consultándoles y recibiendo retroalimentación constante. De otra forma, asegura, se perderá una vez más la oportunidad de atender “de manera real, profunda, esta crisis”.