1o de julio del 2025

Primero fue aprobada la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, mediante la cual las autoridades podrán acceder a datos personales como registros fiscales, bancarios médicos y de telecomunicaciones para presuntamente investigar delitos graves, después se aprobaron otras dos iniciativas en materia de telecomunicaciones y desaparición forzada, más tarde la de la Guardia Nacional: todas en conjunto instalan las bases de un “Estado Policiaco” en México.

En fast track y diversas argucias legislativas por parte de las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, las cuatro iniciativas golpean derechos humanos y civiles relacionados que ponen en riesgo la libertad de expresión, el derecho a la privacidad e incluso el derecho a la verdad y a no ser enjuiciado o detenido sin orden judicial.

Entre los principales riegos alertados por colectivos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, es que en el caso de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, violará la privacidad de las personas al aprobarse la recopilación, centralización y análisis de datos personales obtenidos de toda base de datos, incluso de empresas privadas, como de internet y telefónicas.

Para ello la ley crea un Centro Nacional de Inteligencia encargado de coptar información de instituciones públicas y privadas, incluyendo bases de datos estatales, municipales y comerciales. Cada mexicano podrá ser rastreado y el gobierno le integrará a cada uno un “expediente” cuya llave será el CURP.

Lo anterior abre la puerta a un monitoreo constante sin supervisión jurídica efectiva (y sin derecho a ser notificado de que está siendo objeto de alguna supervisión como ocurre en países, Sudáfrica es un ejemplo), señalaron en las mesas de análisis.

Uno de los puntos de mayor riesgo en esta ley, es que esta información podría ser compartida con gobiernos, empresas u organismos internacionales, por lo que legisladores del PAN y PRI, particularmente, advirtieron que con ello México se está ante “un riesgo de espionaje masivo, ya que no existen salvaguardas claras ni límites definidos -en la ley aprobada-, sobre qué datos se compartirán y como se protegerán”.

Cabe destacar que estas iniciativas se presentaron y aprobaron por Morena de forma prácticamente emergente, durante una semana en la cual Estados Unidos reveló información que conecta directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el lavado de fondos provenientes de “huachicol” e incluso lo conecta indirectamente con el propio García Luna -extitular de seguridad de Felipe Calderón- a través de quien fuera su más cercano colaborador: Alfonso Romo.

Aunque el gobierno federal ha asegurado a través de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que se respetaran los derechos “constitucionales”, el valor de la palabra de la presidenta está puesto en duda por diversos sectores, al negar reiteradamente temas sensibles socialmente como el Centro de Exterminio de Tehuchitlán y la crisis de desaparecidos, masacres y homicidios.

Asimismo y debido a lo anterior no existen certezas jurídicas para creerle solo de “oídas” a una política o a los políticos de Morena, pues todas las propuestas para blindar los Derechos Humanos y quitar los sesgos de riesgo, directamente en el texto, fueron rechazados por Morena en la Cámara de Diputados.

El oficialismo también ha dicho que “no se realizaran interceptaciones sin orden judicial”, sin embargo, la ley en su propio texto lo permite al no establecer controles, por lo que la oposición considera que esta ley “vulnera libertades fundamentales” y para legisladores de oposición “se trata de un retroceso histórico en materia de Derechos Humanos y privacidad, pues permite la vigilancia estatal sin suficientes parámetros de “autocontención”, como en cualquier estado democrático.

Tampoco se establecieron “mecanismos de defensa para los ciudadanos”, señalaron en su momento legisladores durante la sesión en que fue aprobada esta ley “de inteligencia”.

LEY DE TELECOMUNICACIONES: LEGALIZAN ESPIONAJE Y DISFRAZAN CENSURA

Paralelamente la noche del 29 de junio se aprobó la ley TELECOM, que legaliza el espionaje y permitirá la “geolocalización” de personas sin orden judicial ni notificación a los ciudadanos.

El ordenamiento fue aprobado por la mayoría morenista y sus aliados con 77 votos a favor y 30 en contra provenientes del PAN y el PRI.

Si bien el texto final eliminó el artículo 109 sobre el bloqueo de plataformas digitales y creo un órgano desconcentrado y colegiado para el otorgamiento y revocación de concesiones, sostuvo al final la obligatoriedad a compañías telefónicas “para que informen sobre la geolocalización de usuarios en tiempo real y obliga por lo tanto a presentar la CURP para la contratación de INTERNET”.

Las reservas planteadas por los partidos tanto de oposición como de los propios aliados de Morena, no fueron aceptadas en lo absoluto, ya que se buscaba aprobar de forma integra la ley enviada por Claudia Sheinbaum, autora de la iniciativa y responsable de las posibles violencias a los Derechos Humanos que ocurran con esta ley en lo inmediato y lo futuro.

Al respecto el líder nacional del PAN, Jorge Romero advirtió que “no podrían acompañar la iniciativa del gobierno morenista que formaliza y legaliza el espionaje” en México.

“Desde Acción Nacional no podemos acompañar una legislación que formaliza el espionaje sin orden judicial y abre la puerta a la censura, estamos ante un Gobierno Espía”, señaló.

“Desde Acción Nacional hemos sido claros: no podemos acompañar una disposición que legaliza el espionaje sin orden judicial y abre la puerta a la censura. Estamos a favor de una mejor regulación, pero no de que se pisoteen derechos fundamentales de las y los mexicanos”, dijo Romero Herrera.

El líder panista aseguró que su partido presentó propuestas para corregir los artículos “que permiten -ahora- la suspensión discrecional de transmisiones, pero la bancada morenistas rechazó todo.

“Queremos una ley moderna, no una ley autoritaria. Lo que decimos de frente: esta legislación representa un retroceso para la democracia. No debemos permitir que se espié a los ciudadanos ni que se controle a los medios”, sostuvo el dirigente mediante un comunicado.

El PAN reiteró que no dio su voto porque si bien se avanzó en la eliminación de los artículos que permitirían el bloqueo de plataformas digitales, se subsanaron violaciones al T-MEC y se retiraron los artículos 201 y 202 que establecían la censura previa a contenidos extranjeros, “se mantuvo lo más peligroso como lo es el espionaje sin orden judicial, no quisieron ceder”, señaló.

LEY DE DESAPARICIÓN FORZADA: DESAPARICIONES PRETEXTO PARA VIOLAR PRIVACIDAD

Al presentarse como un asunto de urgente resolución” y evitar así un estudio en comisiones, fue avalado este 30 de junio también la minuta de Ley Contra la Desaparición forzada.

Los cambios a distintos ordenamientos, incluyen reformas a la Clave Única de Registro de la Población (CURP), para que ahora se integren de forma obligatoria datos biométricos, huellas dactilares y fotografía en formato físico y digital, lo que ha encendido las alertas de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, toda vez que aunado a las también recientes reformas en Telecomunicaciones y de Ley del sistema nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad, se cierra el círculo hacia un gobierno con la posibilidad de “espiar masivamente” a opositores, periodistas incómodos o críticos del régimen, pese a que el Estado sigue sin buscar ni localizar a poco más de 130 mil mexicanos. El trabajo lo han hecho y hacen los colectivos con apoyo de algunas comisiones de búsqueda.

Se reformaron también diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley General de Población.

Mediante esta reforma se crea la Plataforma Única de Identidad, que se interconectará con bases de datos de información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Base Nacional de Carpetas de Investigación y Banco Nacional de Datos Forenses.

Lo anterior significa que dicha plataforma contará con los registros administrativos de servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, asistencia privada, paquetería y servicios de entrega, registros patronales y de seguridad social, religiosos; establecimientos de atención a las adicciones y de toda institución privada que administre bases de datos de personas.

Por alguna razón que no fue planteada se espera con estos registros atender el problema de desapariciones en México que ya ronda las 130 mil personas y utilizando como pretexto el sufrimiento y la lucha de los colectivos de madres buscadoras.

No obstante legisladores como el diputado Víctor Martínez del PAN, advirtieron riegos de violación a la “privacidad de la ciudadanía”.

"El dictamen tiene cambios sumamente delicados; destaca la creación de una Plataforma Única de Identidad que centraría datos biométricos y personales de toda la población mexicana sin un estudio serio sobre su impacto en la privacidad ni garantías mínimas de protección", señaló.

REFORMAS A LA GUARDIA NACIONAL, MILITARIZADA Y CON DERECHOS AL ESPIONAJE

Finalmente también se aprobó la iniciativa de Sheinbaum sobre la Guardia Nacional que en primer lugar transfiere a plenitud al Ejército, con lo cual su militarización es definitiva, a la vez que se le empodera para realizar tareas de investigación e inteligencia, “operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas”. Adicionalmente se quitó el candado para que los militares puedan buscar cargos de elección popular.

Con esta reforma se formaliza la adscripción de la GN a la Defensa y su funcionamiento como Fuerza Armada, mientras que ante la comisión de ilícitos, estará en posibilidad de tener contacto con la evidencia antes que el Ministerio Público.

La fracción del PRI dijo que diversos organismos internacionales no han estado de acuerdo con el “uso indebido” del Ejército, “ni en contar con una Guardia Nacional sin auditorias ni controles democráticos”.

Movimiento Ciudadano (MC), acusó que con esta reforma se renuncia al mando civil, “se incrementan las acciones de discrecionalidad de la GN y no se incorporan mecanismos de rendición de cuentas”.

¿QUÉ ES UN ESTADO POLICÍACO O ESTADO POLICIAL?
La acepción más comúnmente aceptada en círculos académicos, indica que "un Estado policiaco es aquel donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia".

Para saber más sobre los paralelismos que hay entre un "Estado Policial" o Estado Policiaco, con lo que está ocurriendo en México al aprobarse estas leyes autoritarias, no tiene más que leer las referencias que nos brinda la biblioteca más grande del mundo y contrastarlas luego con las fuentes que usted guste:

La Alemania nazi surgió de un gobierno originalmente democrático, pero poco a poco fue ejerciendo controles cada vez más represivos sobre su población en el período previo a la Segunda Guerra Mundial. Además de la SS y la Gestapo, el Estado policial nazi utilizó el poder judicial para afirmar el control sobre la población desde la década de 1930 hasta el final de la guerra en 1945.

Durante el periodo del apartheid, Sudáfrica mantuvo atributos de Estado policial como la prohibición de personas y organizaciones, la detención de presos políticos, el mantenimiento de comunidades de vida segregadas y la restricción de movimientos y acceso.

El Chile de Augusto Pinochet funcionó como un Estado policial,[13] exhibiendo "la represión de las libertades públicas, la eliminación del intercambio político, la limitación de la libertad de expresión, la abolición del derecho de huelga, la congelación de los salarios".

La República de Cuba bajo el presidente (y posterior dictador de derechas) Fulgencio Batista fue un autoritario Estado policial durante su gobierno. La influencia policial aumentó tras su derrocamiento durante la Revolución Cubana en 1959 con la llegada al poder de Fidel Castro y la fundación de una Marxista-Leninista república.

Fuentes:

Wikipedia

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/ss-police-state

https://fundacionguillermocano.com.co/guillermo-cano/obra-periodistica/derechos-humanos/estado-policial-estado-derecho/

http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2014/02/ponencias/mesa_22/grande_pietro_ottaviano_lopez_mesa_22.pdf