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Desaparecen más de 50,000 personas en el sexenio de AMLO
junio 2, 2024

Las promesas incumplidas del gobernador de Veracruz

Los colectivos de personas desaparecidas creyeron que con Cuitláhuac García Jiménez serían atendidos sus reclamos, pero conforme avanzó el sexenio el apoyo inicial se convirtió en falta de acciones. Veracruz es el cuarto estado con mayor número de desapariciones y el primero en cantidad de fosas clandestinas. “Fuimos utilizadas”, dicen las madres buscadoras

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Las promesas incumplidas del gobernador de Veracruz


Veracruz portada


04 de junio del 2024


En el cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe, vestido con una camisa lila que se distinguía entre las decenas de playeras blancas estampadas con rostros que lo rodeaban, el electo gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró a las madres buscadoras del Colectivo Solecito que trabajaría con ellas para solucionar la crisis de desapariciones.

  Ese 16 de octubre de 2018, una camioneta blanca dejó al político entre las cruces que colocaron las buscadoras, sobre el terreno donde habían exhumado más de 300 cráneos y miles de fragmentos óseos. Sencillo, empático, abrazó a las mujeres, escuchó la misa y después, en un breve discurso, prometió que no habría perdón ni olvido, sino castigo para los culpables de ese horror, y ofreció lograr la pacificación del estado de la mano de los colectivos de búsqueda.

  Pero una vez que asumió la gubernatura, García Jiménez se olvidó de sus promesas y de las personas desaparecidas: “Fuimos utilizadas, esa es la palabra”, afirma Lidia Lara, vocera del colectivo Justicia y Dignidad. “O sea, el gobernador dijo: ‘Sí, vamos a apoyar a las familias’; reconoció que hay un problema grave en Veracruz con las desapariciones, pero nada más, ya de ahí no hubo un seguimiento”.

  “Es muy grave y lo tengo que mencionar: la desaparición sigue y eso es imperdonable”, agrega Lucía de los Ángeles Díaz Genao, directora del Colectivo Solecito. El día en que tomó protesta como gobernador, el 1 de diciembre de 2018, el primer acto de García Jiménez fue publicar la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, que proponía acciones inmediatas para atender este delito y garantizar los derechos de las víctimas.

  Estas políticas fueron insuficientes, pues en el sexenio del gobernador de Morena ha aumentado en 59 por ciento el número de desapariciones. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), consultado el 28 de mayo, en Veracruz han desaparecido 6,872 personas; de este número, 2,332 víctimas corresponden a esta administración. Los municipios que lideran el delito son Veracruz, Xalapa y Córdoba.

  Veracruz es la cuarta entidad con mayor número de personas desaparecidas, después de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.

  “Se sigue elevando, siguen las desapariciones forzadas, cometidas por servidores públicos […], esto que está pasando nos da vergüenza, ¿cómo es posible que en este tiempo que se supone que todo iba a ser para bien, cuando nos prometieron infinidad de cosas, no se haya cumplido ni una?”, cuestiona la vocera del Colectivo por la Paz Xalapa, Sara González Rodriguez, madre de Ivanhoe Mass, desaparecido en marzo de 2010 en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

  Pese a las estadísticas y los reclamos de los colectivos, Ulises Montes, entrevistado cuando era director de Cultura de Paz y Derechos Humanos —actualmente es subsecretario de gobierno—, destaca acciones de esta administración como dotar de presupuesto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) y proporcionar más recursos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

  “Los avances se dan desde la creación de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos [que forma parte de la Secretaría de Gobierno] para darle seguimiento a la estrategia, desarrollar la comisión estatal de búsqueda que estaba en el papel pero no existía realmente [...]. Ha habido avances significativos, hemos ido dando pasos a lo mejor no tan acelerados como quisiéramos, pero sí firmes y decididos”, señala.

  ‘Oportunidad histórica’ perdida

  Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), Veracruz ocupó el primer lugar a nivel nacional en número de desapariciones forzadas, cometidas por agentes del Estado. En 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaba la desaparición, en su periodo, de 202 personas a manos de policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Cuando estaba en el cargo, la reacción del priista fue minimizar el delito, y Arturo Bermúdez, titular de la SSP, llegó a afirmar que las víctimas eran “delincuentes buscando a otros delincuentes”.

  Duarte purga una condena de nueve años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero; en 2022, fue vinculado a proceso por la FGE acusado de desaparición forzada de personas.

  Su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, tuvo una relación ríspida con los colectivos de búsqueda. En septiembre de 2018 llamó “mentirosa” a Díaz Genao después de que desmintió al gobierno cuando intentó atribuirse como un “logro” el hallazgo de una fosa clandestina que, según reveló la buscadora, era Arbolillo, en el municipio de Alvarado, descubierta un año antes.

  El fiscal general Jorge Winckler Ortiz, nombrado por Yunes, mantuvo su cargo hasta 2019, aunque en reiteradas ocasiones las madres pidieron su destitución. En mayo de 2017, el funcionario acusó al colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, de Poza Rica, de “sembrar” restos humanos en el rancho La Gallera, en el municipio de Tihuatlán.

  Winckler recibió múltiples críticas por su trabajo: en Arbolillo, el Colectivo Solecito denunció que la FGE abandonó el predio antes de concluir la búsqueda; tras su retiro, una segunda exploración permitió localizar 190 cráneos. Actualmente, el exfuncionario se encuentra preso en el penal de Pacho Viejo, en Veracruz, acusado de tortura.

  Para los colectivos, la llegada de García Jiménez significó la posibilidad de que el gobierno atendiera sus reclamos. Pero el mandatario no cumplió sus promesas de campaña, sostiene Victoria Delgadillo Romero, del colectivo Familiares Enlace Xalapa, quien busca a su hija Yuneri Citlally Hernández, desaparecida en 2011 en Actopan junto con otras trece jóvenes: “Desde que se sentó ahí, quedó en que se iba a trabajar por los desaparecidos e íbamos a tener resultados, cosa que no ha pasado”.

  “Las personas desaparecidas y las familias ya no estuvieron en la agenda del gobernador, llegó un momento en que ya no era un tema para él. Fuimos usadas en su momento como cualquier gente que viene, se postula y entonces está cerca de las familias para, obviamente, decir que sí va a trabajar por las víctimas, por querernos convencer, y nosotros por la necesidad de que alguien nos apoye, les creemos”, señala Lara, hermana de Ángel Gabriel Tobón Fuentes, desaparecido en 2017 en Boca del Río a los 17 años.

  Después de asumir el cargo, García Jiménez acudió varias veces a las reuniones mensuales de funcionarios con los colectivos, en las que únicamente se informaba de los hallazgos en fosas clandestinas, pero no de avances en los casos, afirman las buscadoras. Poco a poco, el gobernador espació su presencia hasta que en 2020, con la pandemia de covid-19, se suspendieron las reuniones.

  La exdirectora de Cultura de Paz y Derechos Humanos, Mayra Ledesma Arronte, considera que el gobernador perdió una “oportunidad histórica” de ser reconocido como quien trabajó en el tema de las desapariciones en un estado tan problemático como Veracruz, por el alto índice de este delito, pero no quiso hacerlo y, por el contrario, dejará pendiente resolver la crisis forense y disminuir las cifras de personas desaparecidas.  

 
 
 


Negar el problema

Al igual que sus antecesores, García Jiménez también ha criminalizado a las víctimas. En noviembre de 2023 fue localizada una fosa clandestina en la comunidad El Castillo, en el municipio de Xalapa, con los cuerpos de cinco personas que tenían reporte de desaparición, entre ellas un niño de tres años. El gobernador vinculó los crímenes con el narcomenudeo, pues “al parecer” consumían drogas en el lugar donde fueron secuestradas.

En el caso de cuatro personas desaparecidas en enero de 2024 en Ciudad Mendoza, municipio de Camerino Z. Mendoza, por agentes de tránsito municipal, el mandatario mostró una imagen de una de las víctimas junto a Roberto de los Santos, el Bukanas, considerado el líder del huachicol en la entidad, para vincular el hecho con disputas del crimen organizado.

Otra de sus estrategias ha sido negar el problema. Sucedió con Viridiana Moreno, desaparecida en mayo de 2022 en Cardel, municipio de La Antigua, de quien García Jiménez aseguró que no estaba desaparecida sino “resguardada”, hasta que días después fue hallado su cuerpo y el crimen atribuido a un “feminicida serial”.

Liliana Santamaría León ha padecido la negativa del gobernador a reconocer la desaparición, el pasado 15 de febrero, de su esposo y otros cuatro ejidatarios de Santa Rosa, municipio de Actopan, quienes no regresaron tras declarar por una disputa de tierras en la Fiscalía Regional de Playa Linda, en Veracruz. García Jimenez dijo que los campesinos están acusados de despojo y que, cuando iban a ser imputados, “ya no se presentaron” e incluso dejaron ahí su vehículo, que fue hallado en el estacionamiento de la dependencia.

“La verdad, este gobernador no sirvió para nada, le quedó grande el pueblo porque no supo ni qué hacer, y hay mucha desaparición de personas, no nada más fueron ellos [...]. Para mí que ya ni los están buscando porque la verdad ya es para que nos hubieran dicho algo”, señala Santamaría sobre la desaparición de su esposo Rafael Montiel Cervantes y sus compañeros Jesús Cervantes Grajales, David Hernández Aguilar, Lorenzo Ortiz Báez y José Juan Montiel Cervantes.

Desde 2019, un grupo de organizaciones civiles solicitó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por desaparición, la primera a nivel nacional centrada en este delito; según el observatorio de violencias de la Universidad Veracruzana, de 2018 a 2023 desaparecieron 2,748 mujeres en el estado. El gobernador ha afirmado que no es necesaria la AVGM, pues se localizan entre el 64 y el 70 % de las desaparecidas.

Actualmente, el gobierno se encuentra en un periodo de cumplimiento, que termina en agosto, de una serie de recomendaciones emitidas en febrero por un grupo de trabajo coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); en caso de no ser resueltas, se declarará la AVGM, que sería la tercera en el estado —las anteriores fueron en 2016 por feminicidio y en 2017 por agravio comparado—. Las recomendaciones incluyen garantizar el acceso a la justicia, pues los agentes de la FGE disuaden a las personas de presentar las denuncias y no aplican la perspectiva de género, y crear un fondo especial destinado a la búsqueda.

Avances y rezagos

Cuando las madres buscadoras tomaron el Palacio de Gobierno el 6 de noviembre de 2023 con la solicitud de que García Jiménez las recibiera, su administración dio a conocer una serie de acciones para demostrar que se había atendido a las víctimas de desaparición “como nunca antes”.

En términos de presupuesto, según datos de la Gaceta Oficial del estado, los recursos de la CEEAIV se multiplicaron, pues antes del actual gobierno recibía 5.9 millones de pesos. De 2019 a 2022 se le destinaron 95 millones de pesos; en 2023, 100 millones de pesos, y para 2024 se contemplan 113.5 millones de pesos. La mayor cantidad de este dinero (70 de los 100 millones entregados en 2023) son para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, creado por este gobierno, que brinda apoyos como becas para las hijas e hijos de personas desaparecidas, y ayuda médica y de vivienda.

La CEBV también comenzó a operar en esta administración. En 2023 tuvo un presupuesto de 27 millones de pesos, y en este año habrá una reducción, al aprobarse 24.9 millones de pesos.

La renuncia del primer titular del organismo, Geiser Manuel Caso Molinari, en mayo de 2019, tres meses después de asumir el cargo, por problemas de salud, fue atribuida por colectivos a las presiones de funcionarios y al bloqueo de información. Desde entonces, la CEBV ha trabajado con una encargada de despacho, Brenda Cerón Chagoya, que ha sido señalada por obstaculizar las búsquedas de las madres que la critican. Olga Lidia Salazar Hernández afirmó que, después de pedir su destitución, por “venganza” se le han negado los recursos para buscar a su hija Marion Ivette Sampayo, desaparecida en 2011 en Poza Rica.  

 
 
 



Tras el plantón de noviembre, el gobernador se reunió con las madres buscadoras, con quienes se comprometió a iniciar el proceso para nombrar al titular de la CEBV con la participación de los colectivos. En enero, Montes declaró que estaban por lanzar la convocatoria, pero antes debían ser aprobadas unas modificaciones en el reglamento de la comisión, que incluían la temporalidad del cargo; esto provocó que las familias publicaran un comunicado para exigir que el gobierno les permitiera revisarlas antes de ser turnadas a los legisladores.

“En lo que se refiere al dinero, [el gobernador] cumplió, porque sí le puso dinero a la comisión de víctimas, e hizo la de búsqueda que no existía […], pero otros temas que también estaban estipulados en la declaratoria de emergencia se quedaron rezagados, la gran mayoría”, afirma Díaz Genao.

Anaís Palacios, defensora de derechos humanos de Veracruz, coincide con la buscadora, pues considera que muchos de los compromisos asumidos por García Jiménez en la Declaratoria del Programa Emergente fueron olvidados o no se les dio seguimiento.

Estas acciones incluyen resolver la crisis forense —la entidad tiene más de 400 cadáveres y restos sin identificar—, construir panteones ministeriales, organizar reuniones de trabajo mensuales entre la CEVB y las familias, establecer un modelo de atención integral interinstitucional e interdisciplinario con un enfoque psicosocial y con perspectiva de género, y constituir un consejo asesor y de observadores en el que participen organismos y expertos nacionales y de otros países.

La declaratoria dictaminaba que existía en la entidad una “impunidad estructural” y un patrón de violaciones a los derechos humanos, pero su promesa de garantizar el acceso a la justicia no se tradujo en mejores indicadores. Según el Índice del Estado de Derecho del World Project Justice, Veracruz ocupaba en 2018 el lugar 24 entre los estados del país, con un puntaje de 0.37 sobre 1; en 2023, obtuvo el lugar 23 con una calificación de 0.39. Prácticamente, no hubo avances en el estado de derecho.

Algunos puntos de la declaratoria se descartaron, como la propuesta de crear una policía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, debido a que estos agentes, al estar basificados en la CPBV, carecerían de facultades legales para cumplir con sus funciones, explica Montes, exdirector de Cultura de Paz y Derechos Humanos.

El modelo de atención integral, si es que existe, es ineficiente, pues según Lara persisten problemas tan básicos como que la FGE no toma muestras genéticas de las personas que levantan una denuncia por desaparición o, si llegan a hacerlo, con frecuencia las pierden. Esto impide cotejarlas con el ADN de los cadáveres que se encuentran en panteones o que han sido localizados en fosas clandestinas, agrega la integrante de Justicia y Dignidad.

La valoración del riesgo de las buscadoras también es un pendiente, asegura Maricel Torres, representante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, pues son ellas quienes tienen que capacitarse para evitar ser víctimas de delitos y protegerse, ya que de parte del gobierno solo existen las terapias psicológicas que brinda la CPBV, pero el personal aún es escaso.

García Jiménez volvió a reunirse en marzo con los colectivos, pero algunos, como Justicia y Dignidad, prefirieron no presentarse a esa mesa de trabajo. Lara señala que estas sesiones duran alrededor de seis horas y únicamente sirven, por un lado, para que el gobierno les repita que ha proporcionado recursos para búsqueda, y por otro, para que ellas expongan sus problemas, sin que atiendan sus solicitudes.

Crisis forense

Veracruz es el estado con mayor número de fosas clandestinas: 668 hasta abril de 2023. Se descubrieron 344 entre 2018 y 2023, durante la administración de García Jiménez, que se sumaron a las 324 registradas desde 2006, según el Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

En el actual gobierno se localizaron entierros ilegales como La Guapota, en el municipio de Úrsulo Galván, donde de 2019 a 2023 se hallaron 79 fosas clandestinas con casi cien cuerpos enterrados. También se exploró el Sistema Lagunar de Alvarado; tan solo en un islote, Punta Puquita, se han recuperado diecisiete cadáveres.

En 2021, la fosa clandestina de Campo Grande, en el municipio de Ixtaczoquitlán, de la que se han exhumado más de 50 cuerpos, implicó un enfrentamiento del Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba con las autoridades estatales, pues inicialmente la FGE quería suspender la búsqueda. Tras lograr nuevamente el ingreso, el colectivo halló más entierros en el predio, y calculó que databan de un año y medio a tres años.

Para resolver la crisis forense en el estado, una de las propuestas de este gobierno fue construir panteones ministeriales para resguardar los cuerpos de personas no identificadas, pero hasta el momento solo se ha avanzado en el Centro de Resguardo Temporal de Coatzacoalcos que, según el gobierno estatal, estará listo en 2024. En el resto de las zonas continúa la búsqueda de terrenos, salvo en Xalapa, donde según Montes, están cerca de obtener el predio para instalarlo.

Se planteó también presentar una iniciativa de ley para crear un centro o instituto forense para la identificación humana que contaría con la participación de la sociedad civil y sería autónomo. En octubre de 2021 se inauguró la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, que cumple esa función, pero depende de la FGE.

 
 


En Veracruz existen 1,246 registros de inhumaciones en fosas comunes, según el Módulo de Fosas Comunes de la CNB, de los que 692 están identificados con nombre y apellidos, pero según Justicia y Dignidad y el Colectivo por la Paz Xalapa estas cifras son erróneas, pues cuando acuden a hacer diligencias a una fosa común se encuentran con que la cantidad de restos no concuerda con la del registro oficial.

El Diagnóstico del manejo de fosas comunes en el estado de Veracruz, realizado por el Equipo Mexicano de Antropología Forense en 2021, se centró en los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán y Xalapa. Determinó problemáticas como una mala señalización de la ubicación de los cuerpos de personas no identificadas, la falta de comunicación entre los ministerios públicos y la administración de los panteones, la reutilización de los espacios sin un adecuado registro, y una falta de orden en los archivos que se ha prolongado durante décadas. Algunas de sus recomendaciones son asignar un área exclusiva para la inhumación de personas no identificadas, actualizar los reglamentos locales sobre inhumación y exhumación de cadáveres para que se vinculen con los protocolos y leyes existentes, y que exista una adecuada nomenclatura, clasificación y registro de los cuerpos y restos.

Según Montes, la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos nunca recibió este diagnóstico, por lo cual no trabajan en sus recomendaciones.

Lara, de Justicia y Dignidad, cuenta que hace unos meses le entregaron su hijo a una mujer que lo buscaba desde 2015, tras hallarlo en una fosa común. Aunque desapareció junto con su hermano, a este aún no lo encuentran, y temen que su cuerpo haya sido extraviado.

“Datos en fosas comunes no hay, no tienen una base de datos o un registro que nos diga que en tal panteón hay tantas fosas comunes con tantos cuerpos, o sea, no hay certeza de lo que están haciendo”, reclama.

Políticos sin propuestas

Las tres personas que contienden por la gubernatura de Veracruz no se han referido públicamente en su campaña a la crisis de desapariciones ni han incluido esta problemática en sus planes de gobierno.

“Ellos nos necesitan, porque esa es la palabra. Y entonces convocan a las familias y ahí vamos, a creer otra vez un discurso que ya hemos escuchado durante mucho tiempo y que para las que tenemos muchos años se nos hace una burla”, considera Lara, de Justicia y Dignidad.

Hasta ahora, este llamado no se ha producido; las madres buscadoras no han formado parte de la agenda de los candidatos. Cuando se postulaba al Senado en 2018, Rocío Nahle, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM y Fuerza por México) incluyó entre sus propuestas “evitar la militarización” y “seguir los casos de desapariciones forzadas”, pero en esta campaña declinó reunirse con los colectivos de búsqueda. Lo hará después de las elecciones, afirmó en el segundo debate electoral, porque no quiere politizar el tema.

El mayor acercamiento de Hipólito Deschamps Espino Barros, candidato de Movimiento Ciudadano, con los colectivos ocurrió el pasado 14 de mayo, durante la firma del Compromiso por la Paz, un acto impulsado por la Iglesia católica al que asistieron familiares de personas desaparecidas.

Solo el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, José Yunes Zorrilla, ha tenido un acercamiento con familiares de víctimas. Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, uno de los 37 colectivos que existen en el estado, le entregó en abril una lista de peticiones que incluyen fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación, eliminar los obstáculos que impiden la judicialización de los casos y atender la crisis forense. El pasado 25 de mayo, Yunes se reunió con algunos colectivos de manera privada para escuchar sus peticiones y necesidades, pero estos puntos no se hicieron públicos, informó su equipo, por petición expresa de sus integrantes.

La defensora Anaís Palacios, representante de las mujeres que entregaron el documento en abril, aseguró que buscarán hacerlo llegar a los tres candidatos a la gubernatura, en nombre del colectivo que lo elaboró. Esto debido a que algunos de estos grupos prefieren no reunirse con los contendientes porque temen que sus promesas de campaña se queden sin cumplir, como es el caso del Colectivo por la Paz Xalapa.

“Es un juego político, a ellos [los candidatos] les gusta jugar con el pueblo y su estrategia es jalar a los colectivos, invitarles, prometerles, pero nunca cumplen […]”, dice González Rodríguez, una de las integrantes. “Debemos plantearlo bien y poner los zapatos en la tierra y no creerles, porque han pasado muchos sexenios y siguen con lo mismo”.

Díaz Genao, de Solecito, es de la opinión contraria: “Tenemos que reunirnos con ellos […], lo que tenemos que hacer es una carta compromiso que sea mucho más detallada, que se cumpla directamente”.

Esta carta compromiso, explicó, debe incluir dotar de mayores recursos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas. “Investigación, y más investigación”, agregó, “que se contraten más policías y personal experto. Sin investigación no podremos encontrar a nuestros amores. Otra cosa es que se haga otro centro forense con más capacidad y que se contrate más personal. Que sigan los apoyos a las comisiones de víctimas y de búsqueda y un largo etcétera”.

El pasado 10 de mayo, un grupo de 31 colectivos firmó una carta en la que solicitó a los candidatos una reunión y les expuso una serie de pendientes que es necesario atender, como crear una política de prevención y erradicación de las desapariciones, resolver la crisis forense y fortalecer la CEBV.

Once días después, los colectivos Víctimas Unidas y Luz, Fuerza y Lucha por Nuestros Desaparecidos pidieron a la y los candidatos que se reúnan con las familias y con quienes participan en las búsquedas, por considerar que han sido ignorados, aunque quien llegue a la gubernatura debería contar ya con un plan para resolver la problemática de las desapariciones.

“No buscamos otro propósito más que dar ideas para poder encontrar a nuestras familias y también que no caigan en la simulación porque no hay avances”, aseguró el vocero de Víctimas Unidas, Carlos Castro Gurrola.

Los rostros de las víctimas de desaparición tapizan las paredes de las fiscalías, los postes de electricidad y las bardas de las calles. Sus imágenes contrastan con las sonrisas de quienes aspiran a gobernar el estado, presentes en espectaculares y anuncios. A las personas candidatas, las madres les piden una vez más ayuda para encontrar a sus desaparecidos. Que, ahora sí, no queden en el olvido.





Ana Alicia Osorio


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