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Pegasus en México: Urge esclarecer su uso ilegal y proteger a personas defensoras y periodistas

Al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas pudieron ser infectadas por el malware Pegasus durante el sexenio pasado

NOTICIAS


Pegasus en México: Urge esclarecer su uso ilegal y proteger a personas defensoras y periodistas.



28 de julio de 2021

El día 18 de julio se reveló a través de la investigación «Pegasus Project» realizada por Amnistía internacional y Forbidden Stories, que entre 2016 y 2017 diversos gobiernos en el mundo afectaron potencialmente 50 mil números telefónicos por el malware de espionaje Pegasus de NSO Group, entre los que se encuentran 15 mil números telefónicos mexicanos, incluyendo el de al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas.

Esta revelación confirma y amplía los hallazgos de la investigación «Gobierno Espía» que en el año 2017 reveló la práctica generalizada que desde el 2016 del uso de Pegasus y el espionaje por parte del gobierno mexicano en cabeza de Enrique Peña Nieto, en contra de opositores políticos, activistas, personas defensoras y periodistas. Las consecuencias de esta práctica ilegal son graves, debido a que, una vez instalado el malware en el teléfono de las víctimas, proporciona al atacante pleno acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamada y contactos del teléfono.

Los actos de espionaje realizados durante el Gobierno de Peña Nieto no fueron hechos aislados e hicieron parte de una política de gobierno, que se caracterizó por las agresiones y actos de hostigamiento, en contra de personas defensoras y periodistas durante todo el sexenio, entre las que se destacan el asesinato, agresiones físicas, desplazamiento y criminalización. Durante ese mismo periodo, un total de 161 personas defensoras y 47 periodistas fueron asesinadas por motivo de su labor, crímenes que no han cesado en el actual sexenio y que han trascendido en distintos estados de la República permaneciendo en impunidad.

Ante los actos de espionaje, nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, entre las que se encuentra la integrante del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, así como el Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y el abogado Vidulfo Rosales, quienes también integran el Espacio OSC, así como las demás personas defensoras y periodistas objeto de intentos de espionaje. Esta práctica ilegal no solo es un ataque individual a la intimidad y acceso a datos personales, sino a sus familiares, amistades, redes de apoyo, movimientos sociales y víctimas que acompañan en la labor de defensa y promoción de derechos humanos.

Ante la gravedad de las acciones llevadas a cabo por personas servidoras públicas de diversas instituciones de seguridad, instituciones de gobierno y particulares, es necesario que se tomen las medidas prontas, contundentes y extraordinarias, que garanticen una investigación diligente y objetiva, el acceso a la justicia para todas las víctimas, así como acciones de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República a:

Realizar las gestiones necesarias para asegurar un mecanismo de asistencia técnica internacional a las investigaciones en curso, con el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de manera que se garantice la independencia y solidez de las indagatorias que conduce la Fiscalía General de la República, así como su exhaustividad en torno a la adquisición y operación de Pegasus y de su encubrimiento.

Supervisar el cumplimiento del compromiso de cooperación de todas las dependencias del gobierno federal con las investigaciones en curso en la Fiscalía General de la República.

Transparentar de manera total los expedientes de contratación de Pegasus por parte de todas las dependencias federales, especialmente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), respecto de los cuales hay evidencia incontrovertible de su existencia.

Fortalecer las medidas de protección en todos los niveles de gobierno para personas defensoras y periodistas, ante el alto nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran, reconociendo su importante labor y aporte a la sociedad.

Establecer mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas con asistencia internacional para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de espionaje ilegal y a la memoria, garantizando que las víctimas y sociedad en general puedan tener conocimiento de los expedientes y toda la información indebidamente obtenida mediante esquemas de espionaje ilegal.

Diseñar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y asistencia técnica de organismos de derechos humanos, acciones y reformas que establezcan controles y mecanismos de transparencia, ante la adquisición y uso de herramientas de vigilancia que atenten contra la privacidad o algún otro derecho humano.

Staff Redacción

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