El modelo de seguridad que Estados Unidos adoptó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la estrategia de “guerra al narcotráfico” que en 2007 emprendió Felipe Calderón Hinojosa, siendo Presidente de México, dieron lugar al nuevo escenario de cooperación bilateral que tuvo como máximo pacto la Iniciativa Mérida, un acuerdo de alto nivel entre los gobiernos de ambos países para combatir al crimen organizado trasnacional bajo el principio de la “responsabilidad compartida”.

Los resultados de la Iniciativa Mérida son hoy del dominio público en ambos países, pero particularmente para México significó:

1.- La militarización del país a extremos nunca antes vistos, incluida la abierta participación del ejército en materia de Seguridad Pública pese a que diversos organismos civiles y gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, recomendaron de manera reiterada no hacerlo por lo que ello puede provocar en materia de violación a derechos humanos de los ciudadanos.

2.- Más de 300 mil personas liquidadas dolosamente en México, utilizando en muchos de esos sacrificios métodos que rayan en el peor de los sadismos.

3.- Decenas de miles de desaparecidos y el continuo asesinato de familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos que los protegían.

4.- La diversificación y el desmedido crecimiento de los cárteles de la droga y los grupos delincuenciales mexicanos a nivel de organizaciones transnacionales con presencia en más de 90 naciones de todo el planeta, en donde generan una veintena de crímenes de alto impacto que arruinan a la población mundial.

Además, la Iniciativa Mérida abrigó en México casos de excesiva corrupción que se vincularon con temas de tráfico ilegal de armas; espionaje ilícito de las actividades cotidianas y privadas hechas por civiles y gobierno, mediante la utilización del equipo tecnológico que el ejército y las dependencias de seguridad pública adquirieron para monitorear los movimientos criminales de los cárteles y sus aliados; así como el establecimiento de la narcopolítica en diversos estados de la república.

Esto es un resumen muy apretado de la realidad que recibió –y sin duda sorprendió e impactó– el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un político pragmático que se convirtió en la última esperanza de cambio para millones de ciudadanos hartos del exceso, la corrupción, la violencia y la impunidad con la que actuaron de los gobiernos del PRI y el PAN.

De entrada, el líder del Movimiento de Regeneración Nacionales se topó con el inestable y peligroso Donald Trump en la Presidencia de los Estados Unidos, por lo que decidió no mover el estatus quo que en la política de seguridad binacional instauró la Iniciativa Mérida.

Trump fue un firme partidario de la acción “dura” contra los capos de la droga y dejó en claro –tanto a Enrique Peña Nieto como al propio López Obrador– que, para no intervenir directamente en México, ellos debían mantener la “guerra” contra los cárteles que inició Calderón a exigencia de la Casa Blanca que en aquellos años ocupaba el petrolero y “halcón” republicano George W. Bush.

Pero otros acontecimientos históricos ocurridos en los tres últimos meses han marcado la ruta de ambas naciones hacia una nueva estrategia en materia de seguridad binacional relacionada con el narcotráfico, piedra angular de los esfuerzos conjuntos para frenar el tráfico de drogas.

El primer giro de la historia fue la detención en el aeropuerto de Los Ángeles, California, del exsecretario mexicano de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, bajo cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, acción que fue considerada como un insulto a los miembros del sector más conservador de las fuerzas armadas de nuestro país, el más consentido y beneficiado del gobierno mexicano, aun cuando después López Obrador consideró que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) había actuado a sus espaldas en el caso.

El segundo acontecimiento fue el triunfo del demócrata Joe Biden en la elección presidencial del pasado 3 de noviembre.

El cambio en el gobierno de Estados Unidos abrió la posibilidad de plantear un cambio de estrategia al problema del narcotráfico que mediante la Iniciativa Mérida generó a México, desde el año 2018, la entrega de tres mil millones de dólares para brindar capacitación, apoyo técnico y entrenamiento a las fuerzas de seguridad nacionales, así como equipo y armamento militar estadounidense –incluidos helicópteros Black Hawk– destinados al combate del contrabando de drogas, en tanto que las autoridades estadounidenses se concentraron en ayudar a México a detener a los capos de la droga, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, y enviarlos a Estados Unidos para enfrentar un juicio.

Y el tercer suceso fue el regreso de Cienfuegos a México después de la presión diplomática que el gobierno de López Obrador ejerció para que las autoridades estadounidenses retiraran los cargos y enviaron al general a casa para un posible enjuiciamiento, el cual finalmente terminó en la no acción penal del fiscal Alejandro Gertz Manero, la acusación presidencial de que la DEA fabricó la acusación contra el alto militar mexicano, la exhibición pública de una parte del expediente de la Administración de Control de Drogas en contra del ex secretario de la Defensa, violado con ello normas binacionales de confidencialidad de documentos, y la aprobación de una ley de seguridad impulsada por el presidente para despojar a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática, lo que consterno a las autoridades estadounidenses.

Esta última acción legislativa motivó, por ejemplo, que Michael Shifter, presidente del grupo de expertos Inter-American Dialogue, con sede en Washington, declarara que la nueva ley de seguridad “marca un revés en los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico y probablemente complicará las relaciones bilaterales”.

Por su parte Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, manifestó: “¿Quién va a querer hacer un informe por cada comunicación que tengan con un agente de la DEA?” Esto porque la nueva legislación requiere que los funcionarios mexicanos informen sobre cualquier contacto con agentes extranjeros, una regla que la parte estadounidense considera “poco realista”.

Así, en los hechos, ya hay cambios en la relación binacional que apuntan hacia la necesidad de acordar nuevos pactos que incluyan, por el ejemplo en el caso de lo que busca el presidente mexicano, que Estados Unidos invirtiera en el desarrollo económico de nuestro país y Centroamérica, algo que López Obrador aparentemente logró en su primera charla directa con Biden quien anunció que destinará, de inicio, cuatro mil millones de dólares para el desarrollo de la región.

Igualmente, es público el deseo del gobierno mexicano de que la Casa Blanca tome “medidas enérgicas contra el tráfico ilegal de armas de fuego” que tantas muertes deja en México, mientras la poderosa industria de armas estadounidense se llena las bolsas con millones de dólares en ganancias al año.

Sin embargo, no será sino hasta después de que el nuevo gobierno estadunidense defina claramente cuáles son sus prioridades en materia de seguridad binacional, cuando conozcamos en realidad hacia dónde se enfocan las estrategias y el nuevo acuerdo entre ambos países.

Joe Biden y su gabinete ya han dado algunas evidencias de cuál será el camino que marcarán en el tema. Una de ellas, poco conocida hasta el momento en México, es el retiro, desde el pasado 20 de enero, de 40 agentes de los 50 que la agencia antidrogas estadounidense utiliza para realizar sus operativos en el país.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Inteligencia del vecino país, el movimiento del personal está relacionado con ciertas percepciones del próximo procurador general de Estados Unidos, el juez Merrick Garland, quien considera que se requiere de un cambio de estrategia por parte de la DEA porque el rumbo actual no frenó el ingreso de drogas a Estados Unidos, y desató la violencia absoluta en México.

Versiones periodísticas en los Estados Unidos (New York Times, CNN y Washington Post, entre otros) también indican que Garland no quiere que la DEA persista en el plan de apresar a narcotraficantes mexicanos famosos –“que aparecen en series y películas”–, sino hilar fino en la estrategia de mejorar la información e inteligencia que se entrega a las corporaciones civiles y militares de seguridad, en su capacitación y adiestramiento, y en ceder la acción antidrogas en territorio mexicano mediante el retiro de sus agentes.

Igualmente se sabe que un informe que elaboró el grupo de expertos International Crisis Group (ICG), el cual se entregó a Biden un mes antes de las elecciones, sugiere que Washington debe cambiar de rumbo y dejar de presionar a México para que utilice más fuerza militar contra las bandas criminales ya que “la confianza en la militarización con mano dura –la principal estrategia de la Iniciativa Mérida y Donald Trump- ha resultado ser un fracaso”.

En ese sentido también va el informe que elaboró la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental del Congreso estadounidense, quien concluyó que la Iniciativa Mérida “necesita una reevaluación urgente” y “un nuevo marco estratégico”.

Los comisionados destacan que la política de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, “no ha protegido a los ciudadanos estadounidenses de las drogas ilegales tóxicas ni a los mexicanos de las bandas criminales viciosas”.

Por lo que afirman: “Las fuerzas del orden de Estados Unidos y México deberían explorar enfoques más específicos que se centren en las organizaciones más peligrosas, incluidas aquellas que contrabandean (el potente opioide sintético) fentanilo a Estados Unidos”.

De esta forma se está armando la nueva estrategia y el distinto acuerdo entre ambos países en materia de seguridad binacional vinculada con el narcotráfico.

En principio suena bien, pero debemos esperar a que el nuevo gobierno estadounidense asuma un mejor control del poder y la administración de su país para conocer más sobre el tema.

También ayudará cruzar los dedos para que no ocurran nuevos eventos históricos –o declaraciones mentirosas y estridentes de ciertos funcionarios mexicanos, tipo Gertz Manero– que obstaculicen el entendimiento que se requiere para alcanzar soluciones distintas a un problema que tanto daño y sufrimiento ha causado a los pueblos de las dos naciones.

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Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.