29 de diciembre de 2020


A menos de que el gobierno mexicano decida dar una sorpresa de último año, Salvador Cienfuegos Zepeda pasará las últimas fiestas de fin de año, rodeado de los suyos, en libertad y a miles de kilómetros de la cárcel neoyorquina donde estuvo preso al enfrentar acusaciones de asociación ilícita para distribución drogas y lavado de dinero.

Gracias al gobierno mexicano, el general Cienfuegos estuvo solamente 34 días en custodia de la justicia estadounidense que, después de negociaciones desconocidas hasta hoy, se desistió de los cargos presentados en contra del militar.

Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores hiciera pública la nota diplomática enviada a Washington solo pudimos saber que México expresó su “profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención” de Cienfuegos, además de su sorpresa porque “se hayan soslayado los mecanismos formales de intercambio de información y cooperación disponibles en el caso en comento”.

Ante tal despliegue de eficiencia de la diplomacia mexicana, cabe preguntarse porqué teniendo la posibilidad de negociar con Estados Unidos a tal nivel, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha hecho mutis por las innumerables violaciones de derechos humanos cometidas en contra de connacionales mexicanos en el vecino país.

Por un lado, queda claro que Cienfuegos (ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto) importa mucho más que los millones de mexicanos en Estados Unidos que fueron objeto de estigmas, racismo e injusticias especialmente agravados durante el mandato de Donald Trump.

También está más que evidenciado que para López Obrador no hay mayor aliado que el Ejército, ese que sigue en las calles en labores de seguridad pública pese a la promesa de desmilitarizar el país, el mismo que ahora se encargará incluso de la administración del Tren Maya y de aeropuertos para que las ganancias vayan a parar a los fondos de pensionados y jubilados de la propia Defensa Nacional.

Para mal, la administración de AMLO volvió a mostrarnos que poner como prioridad a las personas más vulnerables no fue más que promesa y discurso electoral.

Las acciones presuntamente cometidas por el general, conocido entre sus socios narcotraficantes como “El Padrino”, tuvieron sin duda un impacto en la población mexicana, especialmente en la que por una u otra razón termina siendo víctima o carne de cañón del crimen organizado; a pesar de ello, el presidente decidió que era necesario sacar a Cienfuegos de las garras de la justicia estadounidense, incluso si el costo implicaba poner en riesgo la relación bilateral.

Ahora, con un nuevo marco legal que constriñe las actividades de los agentes extranjeros en México y con el cambio de gobierno en Estados Unidos, habrá que estar pendientes de las consecuencias de esta nueva relación entre ambos países en un momento especialmente delicado en cuestiones de seguridad nacional.

Si habrá valido la pena o no, ese no es tema para Cienfuegos.

Aunque tiene una investigación en la Fiscalía General de la República, el general retirado podrá estar en casa, seguro de que la institución que alguna vez dirigió es ahora la niña de los ojos del presidente. Vaya privilegio para quien, de acuerdo con la acusación estadounidense, fue responsable de proteger a uno de los cárteles más violentos en México.

Todo mientras las cárceles mexicanas están llenas de sin sentencia por delitos menores.

El general puede presumir que la justicia para él llegó el 18 de noviembre cuando aterrizó en Toluca para después andar con plena libertad en su país. Con el comprobado cinismo de la clase política mexicana (con ejemplos como el de Felipe Calderón aferrado a vivir del erario con un nuevo partido político o con el del senador de Nuevo León que se asombra los ‘suelditos’ de 50 mil pesos), podemos dar por sentado que, aunque disminuido en poder después del quemón propinado por Estados Unidos, Cienfuegos seguirá disfrutando de la fortuna y de las mieles que le brinda su actuar como el antiguo jefe del Ejército mexicano.

DESDE LA FRANJA

Este espacio va dedicado a dos memorias:

A la de Alejandro Sánchez Rodríguez, fotógrafo, académico. Compañero en La Verdad, maestro de grandes fotoperiodistas de la frontera, Alejandro descansa en paz. Que el consuelo llegue pronto para sus seres queridos.

También a la de Miroslava Breach, a propósito de la detención de Hugo Schultz, el panista que entregó audios a quienes amenazaron a la periodista y participaron después en su asesinato. Ojalá que la justicia alcance a todos los funcionarios que se pusieron de lado del narco.

***

Itzel Ramírez. Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma, El Diario de Juárez y La Verdad. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.