10 de octubre de 2019

La presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Durán, entregó a la 60 Legislatura Local, una iniciativa de ley para que las acciones tendientes a combatir la violencia de género en todas sus dimensiones, sean incorporadas a los planes municipales de desarrollo.

Para ello propone modificar la Ley Orgánica del Estado de México e incorporar este tema por ley, lo que contribuiría a implementar acciones que coadyuven a la erradicación y discriminación hacia las mujeres en cada uno de los municipios de la entidad.

Durante la conferencia de prensa previa en la cual se presentó el detalle de la iniciativa, se informó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares realizada en 2016, de las 46.5 millones de mujeres que residen en nuestro país,30.7 millones han padecido al menos un incidente de violencia en su vida.

En el encuentro con diversos medios de comunicación, Durán Reveles e integrantes de su cabildo, así como integrantes de las comisiones de género y violencia de género de la Legislatura Local, mencionaron que 30.7 millones de las mujeres de entre 15 años y más, que actualmente habitan en nuestro país, han padecido violencia emocional, económica, patrimonial, física y sexual, y/o discriminación en el entorno laboral, escolar, comunitario y familiar, lo cual representa el 66.1 % de la población femenina en México.

La iniciativa presentada pretende adicionar un tercer párrafo al artículo 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el cual hace referencia al Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, para que incorporen sus respectivas estrategia en la erradicación de la violencia de género, permitiendo así, desarrollar mecanismos, acciones y metas de gobierno tendientes a proteger los derechos de las mujeres.

Dichas estrategias serían presentadas durante los primeros tres meses de administración municipal, cada ayuntamiento enviará al Congreso del Estado, su respectiva estrategia, la cual debe incluir acciones, objetivos, medidas e instancias públicas encargadas de la instrumentación y ejecución, así como los plazos para su cumplimiento.