10 de octubre de 2019

Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, y Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (TSJCDMX), ofrecieron una disculpa pública a Lorena González Hernández por las violaciones a derechos humanos que perpetraron en su contra.

El 5 de septiembre de 2008, Lorena González Hernández fue detenida ilegal y arbitrariamente en las instalaciones de la Policía Federal —donde trabajaba desde 1995— en cumplimiento de una orden de presentación emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Tiempo después, Lorena se enteraría de que se le acusaba de haber participado en el secuestro del hijo de un importante empresario mexicano.

Para mostrar que eran capaces de tener resultados concretos y rápidos en la investigación del secuestro del hijo del empresario, las autoridades locales fabricaron la culpabilidad de Lorena: la acusaron y procesaron por un delito que no cometió, fue arraigada por dos meses y después enviada a prisión en condiciones de incomunicación. Además, Lorena fue exhibida en una conferencia de prensa, como una de las líderes de la banda de secuestradores señalada como responsable.

Tras casi siete años de privación injusta de la libertad, la Procuraduría capitalina abandonó su intención de acusar a Lorena. En virtud de ello, la Señora González Hernández recuperó su libertad el 17 de julio de 2015; sin embargo, la Procuraduría nunca explicó por qué tardó tantos años en desistir de sus acusaciones.

En 2010, Lorena presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quien determinó que “no existían elementos suficientes para acreditar las violaciones a los derechos humanos”. Frente a ello, Lorena acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quién, varios años después y tras un intento de cerrar el expediente, emitió la Recomendación 64/2018, dirigida al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Poder Judicial local. En ella, la CNDH reconoce que Lorena fue víctima de detención arbitraria por parte de elementos de la PGJDF y de violaciones a sus derechos a la presunción de inocencia y a la privacidad.

La CNDH recomendó una serie de medidas de reparación integral; entre ellas, el ofrecimiento de disculpas públicas por parte de la titular de la Procuraduría General de Justicia y del titular del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como el reconocimiento de la responsabilidad de las instituciones que violaron los derechos humanos de Lorena.

Después de una serie de negociaciones marcadas por la falta de voluntad política por parte de la Procuraduría General de Justicia, el 10 de octubre de 2019, las autoridades de la Ciudad de México reconocieron que violentaron los derechos humanos de Lorena González Hernández y le ofrecieron una disculpa pública.

El caso de Lorena es ilustrativo de la política de fabricación de culpables que se vive en la Ciudad de México, derivado de prácticas abusivas y arbitrarias por parte de la Procuraduría local. La disculpa pública ofrecida a Lorena es una sola de las medidas de reparación que deben satisfacer las instituciones de la CDMX para revertir las graves consecuencias que provocó el actuar irregular del Estado en el proyecto de vida de Lorena y su familia.

Por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a Lorena González, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) exigimos a la PGJCDMX, al Poder Judicial de la Ciudad de México, y a la Jefa de Gobierno, que adopten un genuino compromiso de Estado para cumplir integralmente con la Recomendación 64/2018 de la CNDH. De igual forma, hacemos un enérgico llamado al gobierno de la Ciudad de México para que ponga fin a la política de Estado de fabricar culpables, y para que libere y repare a todas las personas que se encuentran injustamente privadas de su libertad.

Staff Redacción