De manera paralela y en respuesta a diversas solicitudes de información presentadas por este Portal, la secretaria de la contraloría clasificó como “reservados por 5 años”, los dictámenes de auditoria sobre presuntos desfalcos registrados en el Seguro Popular del 2017, cuando Alfredo del Mazo resultó electo y casi simultáneamente se esfumaron los recursos de salud en esta entidad. Se trata de auditorias de la Secretaría de la Función Pública, en la que se reportan adquisiciones con sobreprecio del 67% en 2017, pero el gobierno mexiquense atrajo la investigación y luego declaro la "reserva" el mes pasado.

Por lo que hace al despacho externo y de acuerdo a los estados financieros “preliminares” y "definitivos" a los estados financieros del REPSS del 2018 y cuya copia de ambos documentos posee este Portal, la firma Crowe Gossler S.C., contratada previamente por la Secretaria de la Contraloría del gobierno mexiquense, entregó un primer informe adverso a las finanzas del REPSS 2018, fechado el 11 de febrero del 2019 en Naucalpan de Juárez, con la firma del contador público y socio del despacho, Jaime Díaz Martínez, semanas después entregó el segundo informe que liberó de cualquier responsabilidad al gobierno mexiquense.

Para realizar la auditoria de los estados financieros, el REPSS habría pagado 243 mil pesos al despacho, de acuerdo a la respuesta de la solicitud de información 000287REPSS-IP/2019 presentada al organismo, no obstante en una solicitud anterior, la 026/REPSS-10/2019, el mismo organismo negó haber contratado a la empresa y en la 00027/REPSS-IP/2019, dijo que pago 217 mil pesos a la misma firma en 2017.

Como sea, el documento con el primer dictamen adverso a las cuentas del REPSS, desde su página 1 del Informe de Auditoria de Estados Financieros o preliminar, se delinea la “Opinión Desfavorable” a la cuentas del REPSS en 2018.

El REPSS, para que se entienda mejor, administró los recursos federales que recibió durante el sexenio pasado el gobierno mexiquense para atender la salud de los mexiquenses, por más de 10 mil millones de pesos, la mayoría de orden federal.

Al fundamentar la opinión “desfavorable” de los estados contables del REPSS mexiquense en 2018, se destacan al menos tres puntos: la existencia de deuda a proveedores por un monto de 595 millones 29 mil 700 pesos, de los cuales “no se nos proporcionó la evidencia documental que permita obtener una seguridad razonable de que corresponden a obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios oportunamente contratados”, señala el documento.

En el punto dos del “fundamento de la opinión desfavorable” se indica que: existen gastos en el rubro de servicios con terceros “por un importe de mil 594 millones 49 mil 800 pesos, respecto de los cuales no se proporcionó la documentación que sustente dichos gastos”.

Y en el punto tres se indica que: “No se proporcionó la información y documentación del estado en que se encuentran diversos asuntos legales de carácter laboral, mercantil, civil, agrario penal y administrativos”, por lo que el despacho señala que no pudo cerciorarse de los posibles compromisos y contingencias que pudieran existir al cierre del ejercicio.

El dictamen original “desfavorable” a los Estados Financieros del REPSS o Seguro Popular 2018, incluye balances financieros del Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación de la Hacienda Pública, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de la Situación Financiera, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, además de cinco notas técnicas diversas, elaboradas como dictamen final por el despacho, relativas a diversos balances, a manera de aclaración o precisión de detalles financieros.

Al final de este dictamen desfavorable a los estados financieros del Seguro Popular 2018, aparecen los nombres de Juan Saúl Ramos González y Hugo Alberto Espinoza Morales, el primero director general y el segundo director de administración y finanzas del REPSS, pero no sus firmas de recibido y enterado, pues de hacerlo, habrían admitido una presunta responsabilidad.

No obstante, sus firmas ya aparecen estampadas en el dictamen “favorable”, que se emitió posteriormente, casi un mes después, el 25 de marzo del 2019, con alteraciones evidentes.

Como se observará en las dos primeras entregas relacionadas a los desfalcos registrados en el sector salud en 2017, y que pueden consultarse aquí y aquí, ambos funcionarios participaron en la pasada administración de Eruviel Ávila, como administradores del sector salud, en diversos momentos.

Por lo que hace al último informe sobre los estados financieros del REPSS, el “dictamen favorable”, evidencia alteraciones importantes y arreglos a las cifras originales, e incluso a la lista de proveedores, en la que, como por arte de magia, también aparece la firma Gossler S.C., como una de las empresas a las cuales el sector salud, adeuda más de un millón 154 mil pesos, cifra que no concuerda, ni con otras solicitudes de información solicitadas sobre la lista de proveedores con adeudos desde el 2016, ni con el informe preliminar de la auditoria que presentó la propia firma y que era desfavorable a las finanzas estatales del REPSS.

ALTERACIONES MÁS IMPORTANTES

Cabe destacar que expertos auditores de la contraloría, fueron consultados previamente por este Portal, para que evaluaran si las copias de los dictámenes obtenidos –tanto el desfavorable, como el favorable- son originales, lo que confirmaron plenamente, sin embargo pidieron resguardar su identidad. También se buscó a Jaime Martínez Díaz, quien se enuncia como el auditor del despacho responsable de los balances, para que explicara porque se modificó el balance original, pero no hubo respuesta.

Un Trabajo Comparativo entre ambos dictámenes, permite detectar las alteraciones a cifras, partidas y proveedores, que se hicieron en el documento final de los estados financieros del REPSS del 2018, por parte del despacho externo, para hacer “cuadrar las cifras” a favor de las autoridades de la secretaria de salud y aparentar finanzas sanas.

Los primeros cambios se observan en el balance “Estado de Actividades”, en el que se introducen cambios en las cifras que se reportan en materiales y suministros, en servicios generales para aumentar en el total de la “inversión pública no capitalizable”, aunque en este punto los cambios siguen siendo mínimos.

En el balance de “Estado de Variación de la Hacienda Pública”, no solo se cambia el formato, sino que se agregan las finanzas completas del 2017, no consideradas en el dictamen original del despacho GOSSLER S.C., que solo consideró en su dictamen original las del 2018.

Cabe recordar que el mayor desfalco a las finanzas de salud y que provocaron una crisis en el sector que persiste hasta nuestros días, se dio en 2017, año de elecciones en el cual se logró imponer a Alfredo del Mazo, a la par que se esfumaron los recursos de salud.

De esta manera se alteran diversas partidas, por ejemplo, mientras que el reporte original consigna como variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto del 2018, un total de 837 millones 731 mil 400 pesos, el reporte modificado solo consigna 179 millones 511 mil 400 pesos.

Los llamados “Estado de Flujo de Efectivo”, también fueron alterados de manera significativa, para reducir sobre todo los flujos netos de efectivo, reduciendo en más de 500% las cantidades reales de recursos en efectivo, flujos e inversiones, que se estuvieron moviendo en las finanzas del Seguro Popular, en los dos años de elecciones; además de que se redujeron al mínimo, cifras de partidas como “otros orígenes de inversión”.

Por ejemplo, en dicho balance se destacan más de 655 millones de fondos que se perdieron como “flujos netos de efectivo por actividades de inversión” en 2018 y más de 402 millones de pesos en 2017. El balance “ajustado” por el despacho –con las firmas-, redujo esas cantidades (que en realidad son pérdidas) a solo 57 millones 423 mil pesos en 2018 y dejando la pérdida tal cual en el gobierno de Eruviel. Es decir, se mejoraron o maquillaron los movimientos en este balance, del gobierno de Del Mazo.

También se borraron o “mejoraron” las partidas como “flujos netos de efectivo por actividades de operación, que originalmente eran de 545 millones 226 mil pesos, para dejarlas en 153 millones.

En el balance del “Estado de Cambios en la Situación Financiera”, del 2018, se reducen las cantidades sobre la Hacienda Pública/Patrimonio Generado, que inicialmente el despacho indica que se trata de 571 millones de pesos, pero luego el reporte “definitivo” solo consigna estas ganancias a 179 millones 511 mil pesos.

De esta manera, las alteraciones de partidas y cifras, se van dando en los diversos balances, para equilibrar lo que en principio parecen finanzas totalmente desfavorables.

Quizá uno de los cambios más significativos en los documentos, es que el balance de pasivos original, habla de una adeudo o pasivos por 595 millones 29 mil 700 pesos, para luego, modificar las cifras y dejarlo en 388 millones 159 mil pesos, no obstante que se abultaron en casi 30, la lista de proveedores a los que se les adeuda, supuestamente, cuentas de corto plazo.

Entre las partidas que se incluyen y no estaban consideradas en el primer dictamen están adeudos con CUSAEM, por más de 31 millones de pesos y deudas a hospitales, como al del Instituto de Materno Infantil, con más de 20 millones de pesos.

ES COMÚN “ACORDAR” DICTÁMENES

Entrevistado, aún en funciones, sobre este tipo de operaciones entre entes públicos y despachos externos, el todavía entonces contralor del Poder Legislativo, Víctorino Barrios Dávalos, admitió que no es raro que se realicen este tipo de prácticas, sin embargo consideró que una erradicación de estas obliga necesariamente, a darle un giro al propio desempeño de los particulares.

No solo se necesitan funcionarios más honestos, también ejecutivos y ciudadanos –particulares- valientes y honrados, diría antes de irse.

El experto, quien antes de marcharse consideró que sí es viable terminar con la corrupción, aunque para ello se requeriría un auténtico consenso social y mucha voluntad política de los grupos en el poder, aseguró que la ley contempla un periodo de hasta cinco años, para que puedan sancionarse hechos de corrupción y colusión, como el que habría ocurrido entre la secretaria de la contraloría, la secretaria de salud y el despacho privado implicado.

Cuestionado sobre quién puede iniciar querellas para sancionar estos desvíos, Barrios Dávalos, todavía en su despacho, aseguró que cualquier ciudadano o incluso el Congreso Local…

LA RESERVA DE DATOS

Como seguimiento a la saga trabajos especiales realizados por la unidad de investigación de este portal, sobre las irregularidades bajo las cuales se operaron y desaparecieron recursos del 2017 del Seguro Popular en el Estado de México (lo que además documento también la ASF), se presentaron diversas solicitudes de información, a fin de conocer si, el saqueo de fondos desde el REPSS en 2017 fue sancionado o se desprendió alguna medida legal contra los presuntos responsables, que aparecen en la documentación obtenida por el portal.

De esta manera se presentaron solicitudes a la salud, al REPSS, Secretaria de Salud y Secretaría de la Contraloría, a fin de conocer su actuación ante las pruebas aportadas en este trabajo periodístico, como los balances de auditorias y oficios de entrega-recepción del cambio de gobierno en el ISEM, que se abordaron en las primeras dos entregas de este trabajo en tres tiempos.

A la secretaria de la contraloría, se le solicitaron resultados de auditorías iniciadas por la ASF por estos desfalcos, aportamos números y datos, incluso documentos en las propia gestión de solicitudes, vía INFOEM.

En respuesta, la secretaria de la contraloría informó que atrajo las auditorias de la ASF, en la que se esbozaron también los desfalcos y declararon una reserva de estas supuestas auditorias, por 5 años, pero sin acreditar fehacientemente, como exige la ley, la “prueba de daño” para hacerlo.

Al cerrar por 5 años la reserva, no solo se daña la libertad de expresión y de información, si no que también se inhibe la posibilidad de presentar denuncias contra los presuntos responsables -si los hubiera-, pues de acuerdo a lo dicho por quien era el contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, existe también un lapso de 5 años para fincar responsabilidades.

Abajo se incluye el dictamen de reserva, en el que curiosamente, también participó un representante del sistema anticorrupción de la contraloría interna del sector salud, de acuerdo a las diversas respuestas que se obtuvieron.

POR CORRUPCIÓN SE PIERDEN 40% DE RECURSOS

En una reciente visita al Congreso Local, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la Salud en México (OMS), Cristian Roberto Morales Fuhrimann, reconoció que debido a la corrupción y otras circunstancias colaterales -como los despilfarros y gastos suntuosos-, pueden perderse hasta el 40’% de los recursos de los presupuestos de salud.

En una entrevista con este portal, el funcionario internacional también admitió que muchos de estos recursos que se pierden por corrupción en países de la región donde se ubica México, pueden tener efectos de largo plazo en la población.

“En general cuando se desarrollan los procesos de corrupción u otros como los de despilfarro y se instalan como una forma de trabajar, como una forma de ser como parte de lo habitual, evidentemente que esto conlleva problemas y consecuencias para la salud muy importantes”, señaló.

En este sentido destacó el papel de los ciudadanos y de los propios medios de comunicación, para exigir cuentas claras en la aplicación de los recursos destinados a salud y mayor transparencia en la rendición de cuentas.

Por su parte la diputada Berenice Medrano Rosas, presidenta de la comisión de salud de la LX Legislatura del Estado de México, aseguró que buscarán sancionar “con cárcel” a quienes están detrás del saqueo sistemático del presupuesto de salud del Estado de México, en los últimos años.

Entrevistada tras encabezar un foro en la materia y luego de varias semanas de realizar visitas sorpresivas a diversos hospitales y clínicas de salud, la legisladora confirmó que el sector, hasta agosto pasado cuando fue entrevistada, continuaba en crisis.

Lo que se ha encontrado en estas visitas van desde el desabasto generalizado de medicamentos, insuficiencia de servicios y mala calidad en la atención, hasta la “sustracción” o robo de equipamiento, como las camas, por ejemplo.

La legisladora aseguró tener información de que mobiliario en algunos hospitales, ha sido sustraído ilegalmente para llevárselo a centros hospitalarios “privados”. También consideró que el reciente cambio en la titularidad del OSFEM, podría generar condiciones para sancionar estos desfalcos o desvíos.

En 2018, de acuerdo al decreto de presupuesto de egresos del gobierno estatal para el ejercicio 2018, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), se le asignó un presupuesto por 555 millones 123 mil 362 pesos, para su operación, adicionalmente recibió recursos por 8 mil 779 millones 690 pesos, de otras fuentes del gobierno federal como el programa Prospera y Seguro Médico Siglo XXI, a través del ISEM. En total en 2018, el REPSS captó recursos por 9 mil 334 millones 813 mil 904 pesos.

En 2017 se recibieron cantidades similares y a la fecha, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), consigna observaciones al REPSS de ese año, que no han sido solventadas por 900 millones de pesos, de más de 3 mil millones de pesos, observados de ese ejercicio.

El pasado jueves 3 de abril, el secretario de salud, Gabriel O´Shea Cuevas, compareció ante la 60 Legislatura Local, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Resultados de Alfredo del Mazo.

El funcionario nunca hizo referencia al saqueo que documentó su propia oficina y actual secretario de finanzas, Oscar Salgado, cuando se realizó el cambio de administración (leer la primera entrega), tampoco los legisladores cuestionaron nada al respecto.

No obstante lo anterior, legisladoras dieron el detalle de más de una docena de hospitales y clínicas inconclusos desde el gobierno de Enrique Peña.

Gabriél O´shea, respondió en todo momento, como si el sector salud, fuera de su propiedad. Y quizá lo sea.

Abajo se incluyen los dos "informes de auditoria" del despacho, tanto el "preliminar" como el definitivo.

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