13 de septiembre de 2019

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que operaron contrataciones a través de las que se desviaron recursos por más de 568 millones de pesos y actualmente forman parte de las líneas de investigación del Gobierno Federal en el caso de la “Estafa Maestra”.

Durante la gestión de Emilio Lozoya -quien actualmente se encuentra prófugo en Alemania- al frente de Pemex, la empresa suscribió convenios y pagó servicios que no recibió con empresas que no tenían capacidad para ser proveedores, eran fantasma e incluso estuvieron involucradas en fraudes, similar al esquema con el que operó la “Estafa Maestra” en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ambas con Rosario Robles Berlanga como titular, y quien actualmente es la única funcionaria de primer nivel en llevar su proceso penal en prisión, como se ha documentado ampliamente en este portal.

Las contrataciones investigadas suman un monto de 568 millones 615 mil 804.80 pesos hasta ahora, con empresas como Maheca, S.A. de C.V., y Activo Integral Cantarell formando parte de contratos y convenios en los que se desviaron recursos de Pemex Exploración y Producción (PEP). Además, exfuncionarios como Héctor Vera Argüelles, del área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP, y Miguel Ángel Lozada Aguilar, subdirector de Producción Región Marina Noreste de PEP, son investigados por la SFP por estos hechos, junto con Luis Manuel Galván Arcos, gerente corporativo de Pemex PEP; Héctor Salvador Salgado Castro, administrador operativo y comercial, y Luz María Zarza Delgado, subdirectora de Consultoría Jurídica del Consejo de Administración de Pemex.

En el caso de Maheca, firmó una subcontratación con la Universidad Popular de Chontalpa en Cárdenas, Tabasco, que a su vez firmó un convenio con la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de PEP para el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos por 140 millones de pesos.

La Universidad de Chontalpa facturó de esa cantidad 82 mil 863.20 pesos y subcontrató a Maheca por 80 mil 880.40 pesos a pesar de que la empresa no tenía las capacidades para desarrollar los trabajos que Pemex requirió.

Héctor Castañeda