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mayo 15, 2019Colectivos enriquecen Ley de Desaparición; hay más de 6 mil ausentes
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Colectivos enriquecen Ley de Desaparición; hay más de 6 mil ausentes
14 de mayo 2019
Colectivos de familiares de víctimas de desaparición, presentaron propuestas concretas para mejorar, pero sobre todo “gatillar”, la búsqueda de personas que desaparecen en el Estado de México, donde en solo seis años, las ausencias se dispararon 645% ante la indolencia oficial.
En el Estado de México, hay 6 mil 400 ausentes.
Al participar en una nueva convocatoria del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local, para hacer aportaciones directas a la Iniciativa de Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, mujeres y hombres que en algunos casos llevan más de una década buscando a algún familiar, se quejaron de la total falta de interés de los agentes del Ministerio Público, para activar “materialmente” las búsquedas.
Relataron que en las agencias los MPs siguen retrasando tanto como pueden el levantamiento de las carpetas, cuestionando a los familiares –burlándose en algunos casos-, pidiendo documentos, imponiendo 72 horas de espera o poniendo todo tipo de pretextos, para en realidad nunca hacer nada.
Esta queja, que se ha venido escuchando con los colectivos desde hace más de dos años, siguió prevaleciendo en el encuentro y ante la presencia de Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Fiscal especial para la Atención de Delitos vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM, quien pese a atender a las víctimas, no ha logrado reactivar a sus subalternos.
Antes durante la inauguración, funcionarios de alto nivel el gobierno del Estado de México, hicieron algunas intervenciones, para luego irse de los trabajos, lo que fue duramente cuestionado por los colectivos y víctimas colaterales de desapariciones en Edomex, al considerar que nuevamente “les daban la espalda” en lugar de escucharlas.
Mónica Orozco, Carmen Zamora y algunas otras integrantes de colectivos, manifestaron abiertamente su desencanto ante la salida de funcionarios que no se quedaron a escucharlas, como el Comisionado de Derechos Humanos y exrector de la UAEMex, Jorge Olvera, quien dio un discurso en el que pidió “redimensionar el concepto de los Derechos Humanos”. Luego se fue.
También se fue Rodrigo Espeleta, responsable del tema de Derechos Humanos en el gabinete de Alfredo del Mazo.
Las buscadoras dijeron que esperaban que los altos funcionarios se quedaran a escucharlas, tan atentamente como ellas lo hicieron o ¿Cómo pretenden aplicar una ley si no escuchan a las víctimas, si no saben sus necesidades?, cuestionaron. Igual se fueron.
Más adelante Mónica Orozco Enríquez, quien lleva varios años buscando a su hijo adolescente, relató que se llevó dos años con dos “actas circunstanciadas”, porque el Ministerio Público no le dijo nada. “Solo les dije que mi hijo no llegó a casa, y ellos no me informaron que no lo iban a buscar...”.
Refirió que una y otra vez y todos los días, son violados los Derechos Humanos de los desaparecidos, y los de sus familiares, el derecho “ser buscados”, sin embargo ya no estaba Rodrigo Espeleta para escucharla.
Pese a ello, Mónica propuso que de una vez por todas se dejen de lado las 72 horas que ponen como pretexto en los MPs para iniciar las búsquedas de inmediato y que toda la informasión relativa a fosas clandestinas, se transparente hacia los colectivos.
Carmen Zamora, del Colectivo Feminista Execatl, propuso descentralizar las fiscalías; asesores jurídicos especializados que solo lleven casos de desaparición; que los mapeos de fosas clandestinas se comparta con los colectivos y buscadoras y se instalen oficinas Odisea en otros puntos populosos del territorio.
Otros representantes de colectivos independientes, como Mar Cruz, hablaron de la necesidad de incluir en la inIciativa “Medidas de No Repetición” como un tema preventivo y otras pidieron elevar el monto de las recompensas que se ofrecen para incentivar localizaciones.
INAUGURACIÓN DE TRABAJOS
Se recordó que el 21 de marzo presentó la iniciativa de Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, pues pese a la gravedad del fenómeno, hasta el año pasado no se había legislado en el tema y los recursos canalizados a la búsqueda de personas fueron simbólicos.
En 2018, del presupuesto federal de más de 15 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), al tema de las desapariciones de personas se canalizó el 1.5 por ciento, unos 261 mil pesos.
Y para el acceso de las mujeres a la justicia, incluidos homicidios dolosos y feminicidios, donde la entidad registra elevadas cifras, se destinó tan sólo el 4 por ciento, con 643 mil pesos.
Se detalló que el gobierno federal anunció ya un presupuesto de 400 millones para las acciones de búsqueda de personas en el país, y que más de 200 millones serán distribuidos en las entidades, pero aún se desconoce el monto que se destinará al Estado de México.
“Desde el Poder Legislativo, promoveremos, en forma respetuosa, la reorientación de las partidas presupuestales para que la ausencia de los fondos del FASP en el tema de las desapariciones, no frene o limite los alcances de las actividades de las dependencias con los presupuestos ya establecidos”, apuntó.
La Comisión de Búsqueda de Personas, requiere fondos urgentes para desarrollar su estructura, igual que los entes de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, advirtió.
Durante la inauguración de los trabajos se menciono que un dato alarmante, ya que en 2012 había un registro de 911 desapariciones, para el 2018 son más 5 mil 800 casos, es decir un incremento de 645 por ciento en seis años.
Aunque el tema central de este foro fue la aportación de las víctimas a la iniciativa, no dejaron de surgir las tragedias. Laura Curiel, por ejemplo lleva cuatro años buscando a su hija Daniela Mabel Sánchez Curiel, que desapareció tras salir del domicilio donde habitaba con su pareja, y no cuenta con líneas claras de investigación ni avances en el caso.
Se destacó que el encuentro con familiares de víctimas permite construir un nuevo paradigma en materia de desaparición, en una entidad caracterizada por omisiones para atenderlas, pese a que creció cinco veces en presupuesto, pero el fenómeno se convirtió en emergencia humanitaria, por lo que es indispensable etiquetar recursos.
Félix Santana Ángeles, director general de Estrategia para la Atención a los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que no será fácil ni rápido avanzar en la búsqueda de desaparecidos y en la identificación de miles de restos encontrados en fosas, pues tienen un rezago de 40 años.
Entre los colectivos asistentes estaban Red Eslabones por los Derechos Humanos, Colectivo Deudos y Defensores por la dignidad de Nuestros Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C, Colectivo Feminista Ehécatl, Colectivo Independiente, Colectivo Uniendo Esperanzas, Red de Madres Buscando a sus Hijos, Colectivo Vivas Nos queremos “Neza”, Colectivo Uniendo Esperanzas.
Tere Montaño y Staff
Colectivos de familiares de víctimas de desaparición, presentaron propuestas concretas para mejorar, pero sobre todo “gatillar”, la búsqueda de personas que desaparecen en el Estado de México, donde en solo seis años, las ausencias se dispararon 645% ante la indolencia oficial.
En el Estado de México, hay 6 mil 400 ausentes.
Al participar en una nueva convocatoria del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local, para hacer aportaciones directas a la Iniciativa de Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, mujeres y hombres que en algunos casos llevan más de una década buscando a algún familiar, se quejaron de la total falta de interés de los agentes del Ministerio Público, para activar “materialmente” las búsquedas.
Relataron que en las agencias los MPs siguen retrasando tanto como pueden el levantamiento de las carpetas, cuestionando a los familiares –burlándose en algunos casos-, pidiendo documentos, imponiendo 72 horas de espera o poniendo todo tipo de pretextos, para en realidad nunca hacer nada.
Esta queja, que se ha venido escuchando con los colectivos desde hace más de dos años, siguió prevaleciendo en el encuentro y ante la presencia de Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Fiscal especial para la Atención de Delitos vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM, quien pese a atender a las víctimas, no ha logrado reactivar a sus subalternos.
Antes durante la inauguración, funcionarios de alto nivel el gobierno del Estado de México, hicieron algunas intervenciones, para luego irse de los trabajos, lo que fue duramente cuestionado por los colectivos y víctimas colaterales de desapariciones en Edomex, al considerar que nuevamente “les daban la espalda” en lugar de escucharlas.
Mónica Orozco, Carmen Zamora y algunas otras integrantes de colectivos, manifestaron abiertamente su desencanto ante la salida de funcionarios que no se quedaron a escucharlas, como el Comisionado de Derechos Humanos y exrector de la UAEMex, Jorge Olvera, quien dio un discurso en el que pidió “redimensionar el concepto de los Derechos Humanos”. Luego se fue.
También se fue Rodrigo Espeleta, responsable del tema de Derechos Humanos en el gabinete de Alfredo del Mazo.
Las buscadoras dijeron que esperaban que los altos funcionarios se quedaran a escucharlas, tan atentamente como ellas lo hicieron o ¿Cómo pretenden aplicar una ley si no escuchan a las víctimas, si no saben sus necesidades?, cuestionaron. Igual se fueron.
Más adelante Mónica Orozco Enríquez, quien lleva varios años buscando a su hijo adolescente, relató que se llevó dos años con dos “actas circunstanciadas”, porque el Ministerio Público no le dijo nada. “Solo les dije que mi hijo no llegó a casa, y ellos no me informaron que no lo iban a buscar...”.
Refirió que una y otra vez y todos los días, son violados los Derechos Humanos de los desaparecidos, y los de sus familiares, el derecho “ser buscados”, sin embargo ya no estaba Rodrigo Espeleta para escucharla.
Pese a ello, Mónica propuso que de una vez por todas se dejen de lado las 72 horas que ponen como pretexto en los MPs para iniciar las búsquedas de inmediato y que toda la informasión relativa a fosas clandestinas, se transparente hacia los colectivos.
Carmen Zamora, del Colectivo Feminista Execatl, propuso descentralizar las fiscalías; asesores jurídicos especializados que solo lleven casos de desaparición; que los mapeos de fosas clandestinas se comparta con los colectivos y buscadoras y se instalen oficinas Odisea en otros puntos populosos del territorio.
Otros representantes de colectivos independientes, como Mar Cruz, hablaron de la necesidad de incluir en la inIciativa “Medidas de No Repetición” como un tema preventivo y otras pidieron elevar el monto de las recompensas que se ofrecen para incentivar localizaciones.
INAUGURACIÓN DE TRABAJOS
Se recordó que el 21 de marzo presentó la iniciativa de Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, pues pese a la gravedad del fenómeno, hasta el año pasado no se había legislado en el tema y los recursos canalizados a la búsqueda de personas fueron simbólicos.
En 2018, del presupuesto federal de más de 15 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), al tema de las desapariciones de personas se canalizó el 1.5 por ciento, unos 261 mil pesos.
Y para el acceso de las mujeres a la justicia, incluidos homicidios dolosos y feminicidios, donde la entidad registra elevadas cifras, se destinó tan sólo el 4 por ciento, con 643 mil pesos.
Se detalló que el gobierno federal anunció ya un presupuesto de 400 millones para las acciones de búsqueda de personas en el país, y que más de 200 millones serán distribuidos en las entidades, pero aún se desconoce el monto que se destinará al Estado de México.
“Desde el Poder Legislativo, promoveremos, en forma respetuosa, la reorientación de las partidas presupuestales para que la ausencia de los fondos del FASP en el tema de las desapariciones, no frene o limite los alcances de las actividades de las dependencias con los presupuestos ya establecidos”, apuntó.
La Comisión de Búsqueda de Personas, requiere fondos urgentes para desarrollar su estructura, igual que los entes de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, advirtió.
Durante la inauguración de los trabajos se menciono que un dato alarmante, ya que en 2012 había un registro de 911 desapariciones, para el 2018 son más 5 mil 800 casos, es decir un incremento de 645 por ciento en seis años.
Aunque el tema central de este foro fue la aportación de las víctimas a la iniciativa, no dejaron de surgir las tragedias. Laura Curiel, por ejemplo lleva cuatro años buscando a su hija Daniela Mabel Sánchez Curiel, que desapareció tras salir del domicilio donde habitaba con su pareja, y no cuenta con líneas claras de investigación ni avances en el caso.
Se destacó que el encuentro con familiares de víctimas permite construir un nuevo paradigma en materia de desaparición, en una entidad caracterizada por omisiones para atenderlas, pese a que creció cinco veces en presupuesto, pero el fenómeno se convirtió en emergencia humanitaria, por lo que es indispensable etiquetar recursos.
Félix Santana Ángeles, director general de Estrategia para la Atención a los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que no será fácil ni rápido avanzar en la búsqueda de desaparecidos y en la identificación de miles de restos encontrados en fosas, pues tienen un rezago de 40 años.
Entre los colectivos asistentes estaban Red Eslabones por los Derechos Humanos, Colectivo Deudos y Defensores por la dignidad de Nuestros Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C, Colectivo Feminista Ehécatl, Colectivo Independiente, Colectivo Uniendo Esperanzas, Red de Madres Buscando a sus Hijos, Colectivo Vivas Nos queremos “Neza”, Colectivo Uniendo Esperanzas.
Tere Montaño y Staff
