3 de diciembre de 2018

En cumplimiento a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para todos los mexiquenses y no vulnerar los derechos humanos de las personas con discapacidad, el Poder Judicial del Estado de México se apoyó de un intérprete de lenguaje de señas mexicana, en la audiencia de un matrimonio de personas sordomudas.

Dentro de la sala, la intérprete se colocó a un lado del juez y delante de las partes para ser vista en igualdad, su trabajo fue determinante para llegar a la resolución del conflicto judicial, mostrando su calidez humana y profesionalismo durante casi una hora de audiencia.

En el Juzgado sexto Mercantil de Toluca, su titular tomó en consideración los protocolos de actuación para los impartidores de justicia tratándose de personas con discapacidad, así como lo establecido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Constitución mexicana, por lo que solicitó la intervención de un perito intérprete de la Fiscalía de justicia de la entidad, a fin de asistir a las personas involucradas en este proceso.

El matrimonio fue demandado por incumplimiento en el pago de un crédito, ya que ambos eran avales de su hijo igual sordomudo, quien solicitó un préstamo que no pudo pagar, por lo que fue emplazado ante el Tribunal de Justicia mexiquense.

Durante la audiencia, en la que tanto el matrimonio como el hijo fueron asistidos por un familiar, en calidad de persona de confianza, la secretaria de sala leyó el convenio al que llegaron las partes, que incluye, entre otros aspectos, el compromiso de cubrir la cantidad total en pagos quincenales y dos mayores por año, hasta solventar la deuda.

Al respecto, el juez Héctor Martiniano Aparicio González señaló que en esta audiencia se tomaron las medidas necesarias a fin de velar por los Derechos Humanos de los justiciables, de acuerdo con lo que establecen los marcos legales sobre el acceso y tutela efectiva de la ley, así como aplicando los convenios internacionales en la materia.

Expresó que los juzgadores deben estar preparados para atender a grupos vulnerables, menores, adultos mayores y gente con discapacidad, y así impartir una justicia humana e igualitaria.

Staff Redacción